Según la prensa estadounidense, la Casa Blanca busca contrarrestar un nuevo escándalo vinculado a la destitución de ocho fiscales federales que involucra a consejeros cercanos al presidente George Bush, entre ellos  a Karl Rove, el estratega más prominente de la administración Bush y principal asesor del mandatario.

El caso trascendió hace unas semanas atrás pero cobró vigencia  en los últimos días, cuando algunos de los fiscales despedidos (con casos en sus manos que afectan a la Casa Blanca) , declararon que habían sufrido presiones de legisladores republicanos,  mientras que documentos oficiales revelaron que altos funcionarios de la Casa Blanca estuvieron implicados en los procesos de decisión.

En la noche del jueves, el Departamento de Justicia debió hacer públicos los emails que hacen referencia a Rove, sugiriendo que había jugado un papel clave en la decisión de despedir a los fiscales.

Karl Rove ya había sido citado estos últimos meses en el marco de otro escándalo político, el de la filtración a la prensa de la identidad de una agente secreta de la CIA, Valerie Plame, denominado "CIA-gate" por la prensa.

Mientras crecía el escándalo que impacta nuevamente a Washington, el portavoz de la Casa Blanca Tony Snow minimizó el viernes las especulaciones sobre la implicación  del secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, y no quiso confirmar si altos asesores de Bush, como Karl Rove, declararán ante el Congreso.

Funcionarios del área  de Gonzáles señalaron en que los fiscales fueron destituidos por "razones laborales" y que la entonces nueva consejera de la Casa Blanca Harriet Miers fue la primera en sugerir la idea de retirar a los 93 fiscales tras la reelección de Bush en 2004. 

Preguntado sobre si Bush ordenó la remoción de los fiscales, el portavoz Snow dijo que "todo es posible", pero enfatizó que "no lo creo".

Los demócratas, en control del Congreso, y que ya han tomado el escándalo como nueva bandera electoral , ya reclamaron que altos responsables del gobierno den su testimonio ante los legisladores por este caso.

El Departamento de Justicia, cuyo titular es Alberto Gonzales, un funcionario de la íntima confianza de Bush, y que también lo acompaña desde Texas,  admitió haber entregado información incompleta sobre la destitución a fines de 2006 de ocho fiscales, pero aseguró que fueron despedidos por motivos de "ineficacia".

La oposición demócrata y la prensa "anti-Bush"  señalan que los  fiscales fueron destituidos por razones políticas.

Muchos citan como ejemplo  el caso de Carol Lam en California,  una fiscal que jugó un papel central en un caso de corrupción que condujo a la cárcel a un legislador republicano y llevó a renunciar a altos responsables de la CIA.

De esta manera, el caso de los fiscales se suma a otros, como el "CIA-gate" que jaquean a la Casa Blanca y llevan a los principales funcionarios de Bush ante la justicia.