La ley islámica (shariá) imperante en Irán castiga el adulterio con la lapidación. Sin embargo, en los últimos años, algunos funcionarios judiciales fueron reticentes a aplicarla debido a las intensas objeciones internas e internacionales ante su naturaleza brutal.

La aplicación de la pena implica para el hombre ser enterrado hasta la cintura y para la mujer hasta el cuello. En esa posición, el o la condenada es apedreada hasta morir.

Hace casi un mes, la campaña social organizada por activistas mujeres titulada "Paren de lapidar para siempre", advirtió que Kiani y Mokarrameh Ebrahimi, una mujer de 43 años y con tres hijos, serían lapidados en la ciudad de Takistan, en la provincia de Ghazvin. Lanzaron una campaña por Internet y contactaron a funcionarios judiciales para que detuvieran la ejecución.

Tuvieron éxito en alcanzar el sector de la justicia que se opone al uso de la lapidación en tales casos, convenciendo al ayatolá Shahroudi de ordenar la suspensión de la ejecución.

Pero el 10 de este mes, Alireza Jamshidi, portavoz del Poder Judicial, confirmó que Kiani había sido lapidado cinco días antes. También informó que Ebrahimi aún no había sido ejecutada.

Jamshidi expresó también su sorpresa ante la decisión de la justicia local de proceder. "Hubo una sentencia de lapidación por parte de un juez en Takistan, pese a que las autoridades del Poder Judicial habían ordenado que las sentencias no se concretara", indicó.

"Pero en este caso, como la sentencia había sido confirmada (por la Suprema Corte de Justicia) fue llevada a cabo", justificó. También aplaudió que "la sentencia de la mujer fuera frenada".

"El grado en que la orden de prohibición puede privar a un juez de independencia es una larga discusión en Irán", explicó Jamshidi.

"Pero un juez puede actuar de modo independiente, aunque con la orden del jefe de los magistrados es necesario ejercer más precaución al emitir y ejecutar estas sentencias", agregó.

Varias fuentes dijeron que la oficina del juez Ashabi, quien aplicó la sentencia, está cerrada y que a él no se lo ha visto desde la ejecución.

El presidente de los magistrados en la provincia de Ghazvin también dijo que la sentencia fue implementada sin su conocimiento. Hay clara evidencia de luchas internas en torno a este tema entre islamistas radicales y moderados en la justicia iraní.

Asieh Amini, periodista y activista por los derechos de la mujer que fue a AghcheKands, una pequeña aldea cerca de Takistan donde tuvo lugar la lapidación, dijo a IPS que ninguno de los habitantes de la zona con los que habló estaba al tanto de ello.

"Por lo que sé, el ayatolá Shahroudi simplemente frenó la lapidación, pero no la canceló. Por lo tanto, el juez pudo, legalmente, llevar a cabo la sentencia bajo las leyes actuales en Irán", dijo.

"Con ayuda de unos pocos policías, el juez llevó al prisionero del lugar donde estaba detenido a una aldea muy pequeña, junto con algunos de sus colaboradores de la oficina en la provincia de Ghazvin.

Aunque ninguna de las personas en esa pequeña aldea estuvieron de acuerdo con la lapidación, el juez y sus cómplices lo lapidaron", dijo Amini, en base a las observaciones que realizó en un viaje a la zona.

Amini pudo ubicar una copia del informe del juez que fue escrito para su superior. Afirma que comenzó la ejecución tirando él la primera piedra.

"Yo fui allí. Había sangre y olor a muerte por todos lados. Matar a un hombre arrojándole piedras es una acción a sangre fría. Parece ser un juego político y una lucha de poderes entre radicales, tradicionalistas y moderados", indicó.

"Creo que el ayatolá Shahroudi no es un fanático de las ejecuciones por lapidación, pero, como está en la ley islámica, no puede oponerse a los fundamentalistas que están en el Poder Judicial y permanecen en silencio contra la aplicación de una sentencia tan brutal", agregó.

Muchos otros países y organizaciones de derechos humanos condenaron fuertemente la lapidación. Human Rights Watch envió una carta al ayatolá Shahroudi urgiéndolo a eliminar ese castigo de la Constitución de Irán.

"Le escribimos al ayatolá Shahroudi por varias razones. Esta matanza a sangre fría fue llevada a cabo por funcionarios judiciales provinciales que están bajo su supervisión, por lo menos nominalmente, y hace poco él ordenó la suspensión del cumplimiento de la sentencia en este caso, lo que no fue tenido en cuenta por su subordinado", señaló a IPS Joe Stork, subdirector de la división para Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

"Sería un paso lógico eliminar de los libros cualquier regulación que recomiende o permita ejecuciones por lapidación por cualquier delito. El próximo paso, que no especificamos en nuestra carta, sería prohibirlas", agregó.

Shadi Sadr, abogada y miembro de la campaña "Paren de lapidar para siempre", dijo que, claramente, hay un conflicto en las diferentes posiciones dentro del Poder Judicial en cuanto a si eliminar o no las leyes de lapidación de la Constitución.

"Al darle poder al radicalismo en el discurso del Estado, algunas facciones del Poder Judicial que apoyan la lapidación se han vuelto más poderosas", dijo Sadr a IPS desde Teherán.

"El ayatolá Shahroudi y sus partidarios en el Poder Judicial no tienen autoridad legal ni política para oponerse a la facción radical islamista", añadió.

Pese a la presión internacional para frenar la lapidación de Ebrahimi, Sadr es escéptica en cuanto a que aun el principal funcionario judicial de la nación pueda bloquear esas sentencias, aunque los funcionarios dicen que actualmente su caso es revisado.

"Previamente, las leyes de lapidación existían, pero el poder político del ayatolá Shahroudi le permitió incumplir una orden de ejecución. Desafortunadamente, ahora que los radicales cobraron más poder en el gobierno, su voluntad política y su autoridad fueron muy debilitadas", destacó.