Según Amnistía Internacional, los sindicalistas de Colombia están asediados en una contienda perpetua con varios frentes: una farsa de proceso de desmovilización paramilitar, innumerables casos de amenazas de muerte y homicidios, y una casi total impunidad.

El país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para quien trate de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que destaca la existencia de una constante de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones.

La organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre enero de 1991 y diciembre de 2006.

En lo que va de año ya han muerto 16. Se cree que, a pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército, así como las fuerzas de seguridad, están detrás de la gran mayoría de las agresiones.

La guerrilla también ha sido responsable de amenazas y homicidios.

“Se está enviando un mensaje claro a los sindicalistas de toda Colombia: ‘No se quejen de sus condiciones laborales ni hagan campaña para proteger sus derechos porque se les hará callar a cualquier precio’”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos, mientras que las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las considere responsables de abusos contra los derechos humanos y se les haga rendir cuentas.”

El informe da cuenta de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas (y de sus familiares) que trabajan en los sectores de la salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, la minería, el petróleo, el gas, la energía o la alimentación.

Los sindicalistas defienden los derechos humanos. El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma expresamente que "[t]oda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Amnistía Internacional pide a las empresas con actividades en Colombia que ejerzan su influencia en el gobierno para detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos que sufren los sindicalistas.

“Las agresiones continuarán a menos que se tomen medidas eficaces para acabar con la impunidad de que disfrutan quienes matan o amenazan a sindicalistas.

Este informe es una llamada de atención a toda empresa multinacional que desarrolle su actividad en un entorno de violación sistemática de derechos humanos. No se puede optar ya por la inacción”, declaró Susan Lee, de Amnistía Internacional.