Según las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los 11 rehenes perecieron el 18 de este mes en un ataque de "un grupo militar sin identificar" al campamento donde se encontraban.

El Comando Conjunto de Occidente de las FARC, del que hace parte Alfonso Cano, número dos de esa organización que lleva 43 años en rebeldía, fechó el comunicado el día 23, pero sólo fue publicado este jueves en la página de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), con sede en Suecia y cercana a esa guerrilla, y confirmada por ésta a la hora 14:45 GMT (9:45 hora colombiana).

El único de esos 12 rehenes que se salvó fue Sigifredo López, ex alcalde de Pradera, uno de los dos municipios que la guerrilla exige despejar militarmente para acordar la liberación del grupo de rehenes y prisioneros en su poder, a cambio de guerrilleros presos.

Según las FARC, López "no estaba en ese instante junto a los demás" rehenes.

Esa insurgencia campesina mantiene también como rehenes a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad franco-colombiana, su compañera de fórmula, Clara Rojas, y al pequeño hijo de ésta nacido de una relación con un guerrillero durante su cautiverio, así como a otros ocho políticos.

Además, las FARC tienen prisioneros a 14 oficiales y suboficiales del ejército y a 20 miembros de la policía y a tres contratistas estadounidenses que operaban en el marco de la ayuda militar de ese país.

No hubo ninguna operación de rescate militar, replicó el presidente Álvaro Uribe. Versiones iniciales procedentes de fuentes gubernamentales atribuyeron el ataque a bandas paramilitares de ultraderecha. Éstas, sin embargo, suelen trabajar junto con la fuerza pública.

Uribe afirmó que siempre consulta a las familias antes de ordenar un intento de rescate militar, cosa que varios parientes han negado.

La "premeditación criminal se pretende confundir con fuego cruzado con la fuerza publica, fuego cruzado que no existió", dijo. La guerrilla afirma en su comunicado que los rehenes murieron en medio del fuego cruzado, pero no dice que el ataque haya sido cometido por la fuerza pública. El mandatario calificó el hecho de crimen de lesa humanidad.

La cúpula militar consideró que las FARC habrían creído equivocadamente que estaban ante un operativo de rescate por parte de la fuerza pública y habrían asesinado a sus rehenes con tiros de gracia.

"A mi juicio, parece una ejecución por parte de las FARC" en medio de un intento de rescate, coincidió el ex ministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

"Lo que hizo el comando de las FARC (que vigilaba a los diputados) fue cumplir la orden de matar a sus rehenes" si se producía un intento de rescate, dijo a IPS.

"Las FARC deben explicar por qué murió prácticamente el 100 por ciento", menos uno, del grupo de diputados, y además "uno espera que hayan muerto el 20 por ciento de los guerrilleros. No es posible que en un fuego cruzado hayan muerto sólo los cautivos", comentó González.

En su opinión, "ahora están comenzando a actuar los comandos especiales que (los militares) tienen entrenados para esto. En ellos tienen mercenarios y expertos de otros países".

El ataque habría sido efectuado por "un comando que tiene su autonomía, sus niveles de secreto", y que está en contacto con "alguna unidad mercenaria. (En este país andino) hay 'contratistas' del Plan Colombia y el Plan Patriota, hay gente altamente especializada en la guerra", dijo en referencia a las campañas antinarcóticos y contrainsurgentes financiadas por Estados Unidos.

Este año, Washington anunció que había "incrementado los recursos dedicados a este asunto en Bogotá", en referencia a sus tres ciudadanos en manos de las FARC. A las 18:00 GMT, el Departamento de Estado (cancillería estadounidense) atribuyó a las FARC la responsabilidad por los hechos.

"Repudio, condena, solidaridad total con los familiares. Denunciamos públicamente ante los organismos defensores de derechos humanos y las cortes internacionales a las FARC por este execrable crimen", dijo a su vez el procurador general de la Nación, Edgardo Maya, cuyo despacho está encargado de vigilar el respeto de los derechos humanos.

"Los sindicamos de violar las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho de los derechos humanos y del Protocolo II de Ginebra", que declara la toma de rehenes como crimen de guerra, añadió.

"Esperamos que estos organismos actúen con energía, diligencia y prontitud para contener definitivamente esta atrocidad sin limites", señaló Maya.

"Con el mismo valor y dignidad con que se mantienen nuestros familiares secuestrados, nosotros seguiremos con nuestra lucha libertaria. Seguiremos por los que siguen vivos", expresó llorosa Marleny Orjuela, presidenta de Asfamipaz, que agrupa a familias de los militares y policías en poder de la guerrilla, algunos de ellos desde hace 10 años.

Orjuela sostuvo que Asfamipaz considera que sí hubo un intento de rescate violento y recordó que recientemente el presidente Uribe ordenó a la aviación bombardeos masivos en las zonas guerrilleras.

La portavoz reclamó a la comunidad internacional que "imponga el intercambio humanitario", para liberar a cerca de medio millar de guerrilleros presos y a lo cual se opone Uribe, a menos que los excarcelados renuncien a la lucha armada.

En un mitin callejero en el centro de Bogotá, previo a una concentración citada para el mediodía, Orjuela dijo que "le estamos pidiendo a la comunidad internacional que se exija el intercambio humanitario. Que no dé más dólares para esta maldita guerra. Que aquí a los que nos están matando es a la gente humilde".

Más temprano, la cancillería francesa declaró "que el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido".

"Que la guerrilla y el presidente me respondan por mi papá", clamó un hijo del ex diputado Nacianceno Orozco por la emisora Caracol Radio.

"Nada. No quiero decir nada", dijo Daniela, de siete años, hija de uno de los muertos. Su madre, Fabiola Perdomo, portavoz de las familias, pidió desde la occidental ciudad de Cali que el Comité Internacional de la Cruz Roja recuperara los restos y que las FARC facilitaran las condiciones para conseguirlo.

El último mensaje de supervivencia de los diputados fue recibido por las familias en abril.

Al confirmar las muertes, las FARC afirmaron que "agencias de espionaje intentan bloquear nuestros sitios de Internet". Más de una hora después, a las 10:25 hora local (15:25 GMT), una oficina de la presidencia pidió a Caracol Radio que le enviara por correo electrónico el comunicado insurgente que confirmó la matanza, pues no había podido conocerlo hasta ese momento.

Para el analista González, lo que sigue es "una crisis mayor". Lo ocurrido "significa polarización, no creo que Uribe ceda, ni las FARC tampoco".

El retiro de las fuerzas militares de los dos municipios que han exigido las FARC sería cosa del pasado. De hecho, Uribe volvió a insistir en que no habrá territorios desmilitarizados para negociar el canje.

"Lo único que podría recomponer" el clima "es que alguno de los dos tuviera un gesto unilateral, como por ejemplo que las FARC liberaran a Clara y a su hijo", aseveró González.

"Las protestas, el repudio y el sentimiento de solidaridad crecerán", agregó.

Mientras, el profesor Gustavo Moncayo, padre de uno de los uniformados en manos de las FARC, continúa su marcha a pie desde el extremo sur del país. Más de 390 kilómetros ha recorrido ya desde Pasto, la capital del sudoccidental departamento de Nariño.

Moncayo aspira a recoger millones de firmas a favor del intercambio humanitario. El lunes estará llegando a Cali.

Las FARC piden, a cambio de la liberación de los rehenes, que les sean devueltos dos guerrilleros sometidos a juicio en tribunales estadounidenses, los alias "Simón Trinidad" y "Sonia".

Los 12 diputados fueron atrapados en abril de 2002 en un operativo cinematográfico de las FARC en la propia Asamblea Departamental legislativa, en el corazón de Cali, tercera ciudad de Colombia. En el episodio fueron asesinados un policía y dos periodistas.