Y con razón. Al comprar el 28,51% de la participación de la norteamericana Verizon en CANTV, por 572,24 millones de dólares, el gobierno bolivariano se había limitado a realizar lo que en la jerga capitalista se llama una Oferta Pública de Adquisición –OPA.

Estaba comprando las acciones a tres puntos por debajo de una oferta anterior realizada por el consorcio mexicano Slim. Verizon vendió apenas un poco más barato al Estado venezolano, lo que ya había estado dispuesto a vender a Telmex. Venezuela también le pagará a la norteamericana AES alrededor de 740 millones de dólares por el 82% de la participación accionaria de ésta en Eléctrica de Caracas.

En ambos casos, Chávez prometió respetar la propiedad de los accionistas minoritarios, lo cual quiere decir que ambas empresas seguirán cotizando en la Bolsa. Uno de los accionistas minoritarios de CANTV es el pulpo Telefónica de España.

Esto no es siquiera una nacionalización en el sentido histórico del término, sino una transacción comercial corriente con la particularidad de que tiene por protagonista al Estado. Una nacionalización es tal cuando significa, primero, una estatización completa de la propiedad; segundo, una ampliación de la dominación social del Estado nacional.

Convertir el dinero público en acciones de igual valor es tanto una estatización de las acciones como una privatización del dinero público. Es cierto que el dinero se transforma en capital cuando es capaz de generar una plusvalía y una ganancia, pero en este caso se requerirá más capital para financiar el desarrollo de las empresas compradas, y no es claro que exista tanto dinero.

O sea que el nuevo capital bolivariano dependerá del concurso o la asistencia de un nuevo capital que no será bolivariano. Mientras continúe cotizando en la Bolsa, el funcionamiento de la empresa comprada seguirá las reglas del mercado (o sea del lucro privado), de ninguna manera las del interés nacional en un sentido social amplio.

Es el caso de Petrobras, que recientemente peleó a cara de perro el precio del gas que le compra a Bolivia, para defender precisamente el lucro de sus accionistas y el valor de las acciones en la Bolsa.

No se puede decir de ninguna manera que Verizon y AES fueron ‘indemnizadas’, porque pagar el valor del capital de la empresa nacionalizada y mucho más el precio corriente de sus acciones en la Bolsa, es bastante más que un resarcimiento o una indemnización; la escala de la diferencia del costo entre una cosa y la otra, importa un cambio cualitativo.

La cotización de las acciones no es el equivalente al valor de los activos de la empresa deducidas las deudas, o sea el valor del patrimonio; sino que constituye una capitalización de las utilidades esperadas a la tasa de interés corriente del mercado. Encierra por lo tanto una potencia de pérdidas cuyo tamaño dependerá de la marcha del mercado.

En el caso de los pulpos mineros, por ejemplo, su cotización supera unas diez veces el valor contable de su patrimonio. En muchos casos, la crisis se presenta cuando el valor bursátil de una empresa cae a su valor real o contable. O sea cuando ‘aterriza’.

El nacionalismo burgués ‘antiguo’ tenía una regla para determinar la indemnización en caso de nacionalizaciones: el valor del capital una vez deducidas las ganancias obtenidas en el período de explotación.

En algunos casos el resultado era cero, es decir que no se pagaba nada. Cuando los militares peruanos nacionalizaron en masa las haciendas azucareras de la costa del país, en 1970-72, indemnizaron a los hacendados con bonos a treinta años que rendían el 2% de interés anual.

El resarcimiento que estuvo dispuesto a pagar el gobierno militar nacionalista de Perú no tiene nada que ver con la OPA de Chávez. Si los países dominados tuvieran que rescatar el capital accionario a su valor bursátil cada vez que tienen que nacionalizar, estarían obligados a contraer una deuda pública que los llevaría de inmediato a la bancarrota.

Torrijos no tuvo que comprar el canal de Panamá para nacionalizarlo, simplemente hizo valer el fin de la concesión. En algunos casos, las indemnizaciones fueron equivalentes al valor fiscal de la propiedad, no al valor comercial.

En los círculos de la izquierda se define a una nacionalización como ‘burguesa’ cuando va acompañada de un resarcimiento o indemnización a los propietarios capitalistas. Las recientes nacionalizaciones en Venezuela serían por lo tanto una suerte de nacionalización burguesa.

De ningún modo, los pagos prometidos por Chávez y el resultado de esa compra de acciones, no implican ni siquiera un cambio en la forma del capital. Pero identificar a la nacionalización burguesa con la indemnización es también un error tanto conceptual como histórico: una nacionalización es burguesa cuando no sale de los marcos capitalistas, o sea que no forma parte de una transformación del régimen político o social.

La cuestión de la indemnización es secundaria, pues podría ocurrir que la indemnización fuera nula. En los programas marxistas se contempla la posibilidad de una indemnización a los capitalistas que sean expropiados, para que puedan reanudar su existencia como trabajadores.

Junto a estas compras parciales de acciones, el gobierno de Venezuela también determinó una reducción del IVA en toda la cadena alimentaria y en algunos casos su completa eliminación. ¿Se acabó entonces con un impuesto que confisca a los consumidores?

De ningún modo, se trata de una subsidio a los capitalistas, que ha sido estimado en cinco mil millones de dólares al año, esto porque debido al contexto inflacionario no redundará en una reducción proporcional o equivalente de los precios. El gobierno autorizó también un aumento de las remesas en dólares que los venezolanos pueden gastar en el exterior, lo cual no parece una medida de gran alcance para la mayoría emprobrecida del país.

Estas observaciones sobre el escenario venezolano demuestran que Prensa Obrera tuvo razón cuando señaló que los anuncios nacionalistas constituían una tentativa para poner un control a una crisis económica e inflacionaria, y no una profundización de la revolución luego de los comicios de diciembre pasado, que Chávez ganó en forma aplastante.
Para completar el panorama, también pareciera que la propuesta de Partido Único ha sido relativamente frenada, a partir del nombramiento de Vicente Rangel, el ex vice de Chávez, para presidir la comisión organizadora de ese partido. Rangel ha declarado hace unas dos semanas que había que evitar que la autoridad popular de Chávez derrapara al autoritarismo político. Pero si Chávez ha necesitado que un Congreso propio le otorgara super-poderes por 18 meses en casi todos los rubros de legislación, no se ve cómo un partido único podría no sucumbir a un régimen de poder personal.
Si el “socialismo del siglo XXI” pretende abrirse paso comprando al capital en la Bolsa y formando un aparato político único, podemos asegurar que está condenado al fracaso, al menos como socialismo, y también como otra cosa.

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