El acuerdo firmado por los
representantes del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y del de
facto, Roberto Micheletti, establece la integración de un Gobierno de Unidad
y Reconciliación Nacional, y que el Parlamento decida sobra la restitución
del gobernante derrocado.
El pacto sólo se suscribió cuando una
comisión conjunta de demócratas (sostenedores de Zelaya) y de
republicanos (sostenedores de Micheletti) decidió viajar a Honduras para imponer
los términos del acuerdo. Esta realidad no impidió que Tom Shannon, el
representante de EEUU en América Latina, califique de "héroes de
la democracia" a los negociadores convertidos en golpistas y
"demócratas" al mismo tiempo.
El documento señala que "para lograr
la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la
propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido,
respetuosamente, que el Congreso Nacional (que destituyó a Zelaya con las
FFAA y ordenó su expulsión del país), como una expresión institucional
de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las
instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y
conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a "retrotraer la
titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la
conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010".
"La decisión que adopte el Congreso Nacional (golpista) deberá sentar las
bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad
democrática que la sociedad demanda y el país necesita", señala el texto del
acuerdo en otro párrafo.
Pero hay algo más, que roza lo demencial: El que propuso al Parlamento
golpista fue su propia víctima, Zelaya, ya que Micheletti proponía que la
resolución la tomara la Corte Suprema. La decisión implica que el
Congreso golpista será ahora paladín del regreso de la la democracia en
Honduras.
¿Cuánto demorará el Congreso en tomar
la decisión?
El acuerdo no lo especifica, pero los
analistas estiman que debería ser antes de las elecciones, para que el "zelayismo"
y la comunidad internacional avalen y legalicen el proceso.
El punto más complejo es la fecha (en caso de ser
aprobada) de la vuelta de Zelaya al gobierno: Zelaya dijo que debe ser antes del 29
de noviembre y Micheletti, que no será antes de ese día.
Nadie sabe qué decidirá el Congreso, y ya hay quienes sostienen que la
vuelta del derrocado va ser estirada lo más posible para que se realice sólo unos
días antes de la asunción del nuevo gobierno (que surja de
las elecciones), el 27 de enero.
Juan Barahona, un líder de la
"resistencia zelayista", expresó su "satisfacción principalmente con la
restitución de Zelaya, aunque conlleva la renuncia a la Constituyente". Aludía a
que la reforma constitucional, también muy poco clara que buscaba Zelaya,
quedó olvidada.
"El Congreso Nacional tomará la
decisión de restituir o no al depuesto presidente Manuel Zelaya, conforme a lo
que establece la Constitución y las leyes hondureñas", dijo a su vez el
presidente del Congreso, Alfredo Saavedra, poniendo entre paréntesis el regreso al
poder del líder derrocado.
Y Micheletti dijo que apoyó "esta
propuesta para lograr lo más rápidamente posible un acuerdo final", pero luego
aseguró que esperaba "persecución política" de parte de Zelaya y sus seguidores.
Micheletti, que el viernes dejó Tegucigalpa, no quiere que el presidente
depuesto retome el poder
antes del 29 de noviembre. Por lo que se trataría de un retorno simbólico de
Zelaya.
El presidente derrocado en junio, expulsado del país y regresado el 21 de
septiembre en sigilo para refugiarse en la embajada de Brasil, donde aún está,
sostuvo el viernes que el reconocimiento de la situación institucional previa al 28 de
junio es "el retorno de la paz al país", y se mostró confiado en lograr la
"reconciliación nacional".
El pacto dispone que el Congreso retrotraiga
la situación al 28 de junio, el día del golpe, y eventualmente (si
así lo decide) restituya al presidente derrocado. Pero no hay fechas ni
certezas absolutas, en tanto las elecciones presidenciales están llamadas
para dentro de 29 días.
El acuerdo apunta casi de modo
excluyente a preservar esos comicios que EEUU incluso amenazaba con desconocer
si no se solucionaba la cuestión institucional.
"Algunos sectores de la izquierda
latinoamericana están convencidos que lo que se produjo en Honduras fue un golpe
perfecto. Argumentan que después de haber provocado el derrocamiento del
presidente Manuel Zelaya, EEUU propicia ahora un acuerdo para legitimar las
elecciones de noviembre. Dicen que incluso si el Congreso decide restaurar a
Zelaya, lo único que hará éste es colocarle la banda a su sucesor. Concluyen que EEUU logró deshacerse
así de un aliado de Hugo Chávez en Honduras", señala la
corresponsal de Clarín en Washington, Ana Baron.
Según la corresponsal, "lo que
inclinó la balanza hacia un acuerdo entre el golpista Roberto Micheletti y
Zelaya fue el hecho de que EEUU finalmente intervino unilateralmente.
Ninguna de las misiones integradas por presidentes y cancilleres de la región
logró que los dos líderes sellaran un acuerdo siquiera débil. Ni siquiera Brasil
pese a su influencia pudo convencerlos de la necesidad de que firmen los
acuerdos de San José logrados por la mediación del presidente costarricense
Oscar Arias".
Mostrando que la decisión fue
concertada, la diputada Ileana Ross Lehtinen, una vocera del sector
conservador republicano que apoya al gobierno golpista en el Congreso de EEUU, dijo
el viernes que "me gratifica que EEUU y la OEA finalmente puedan darle todo
el apoyo a esas elecciones y no pongan mas obstáculos al proceso democrático
hondureño".
Y si el sector halcón conservador
(promotor del golpe) está de acuerdo con la vigencia de la "gobernabilidad
democrática" ¿Para qué impulsó el golpe que derrocó a Zelaya".
Un detalle: Para los republicanos
conservadores la "gobernabilidad democrática" en Honduras (como en el resto de
América Latina) significa un gobierno sin la sombra de Chávez utilizando
a Zelaya como un Caballo de Troya.
En suma, lo que parece una interna
bananera entre dos sectores de la oligarquía hondureña (uno conservador, y otro
vestido de "socialista") en realidad no lo es tanto, y sienta el primer
precedente histórico de un enfrentamiento interno en EEUU entre republicanos y
demócratas luego de un golpe de Estado avalado por el Pentágono en el patio
trasero.
Los conservadores (demócratas y
republicanos) y los halcones militaristas (alianza del sionismo judío con
la derecha cristiana) que controlan los resortes de decisión del Pentágono y del
Complejo Militar Industrial (capitalismo de guerra), están convencidos de que las
políticas de "diálogo y tolerancia" que propicia Obama conducen a una
pérdida del poder militar de EEUU y a una fortificación de sus enemigos situados
en el "eje del mal".
Los halcones judeo-estadounidenses
(que manejan las políticas militares y las hipótesis de conflicto externo de
Washington) no miran ni analizan a Chávez desde una perspectiva
exclusivamente latinoamericana.
En el decálogo analítico (cerrado y
prehistórico) de los halcones y gusanos del Pentágono y del Departamento de
Estado USA, tenerlo a Chávez en Venezuela, es como tenerlo a Ahmadineyad
controlando el petróleo de Venezuela y comprando aliados regionales con oro
negro a precio preferencial.
Chávez (en la cosmovisión
conservadora) es una pieza funcional de Irán y Rusia en el tablero
latinoamericano y, por más que coquetee con la administración Obama, su
destino está atado a la geopolítica petrolera enfrentada a los intereses del eje
USA-UE que hace del oro negro su máximo objetivo de supervivencia.
De las misma manera (y por el mismo
mecanismo de conversión), tenerlo a Zelaya en la gerencia de Honduras, es
como tenerlo a Chávez regenteando poder político en la principal "base
terrestre" del Pentágono en América Latina.
Este fue, en síntesis, el argumento
que condujo al golpe de Estado que destituyó a Zelaya el 28 de junio.
Y su posible restitución, sin poder y
por pocos días (si es que el Congreso lo aprueba), es nada más que un ensayo
formal para preservar la "gobernabilidad del sistema democrático" como
principal estandarte de la estrategia de dominio con el "poder blando" en
América Latina.
Esa coincidencia esencial, fue la que
llevó al demencial pacto por el cual los propios golpistas se convierten en
puntales de la "restauración democrática" en Honduras.
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Informe complementario: