Oficialmente, según sus organizadores, terminó el lock out patronal
agrario, que duró 101 días. Sin embargo, eso no asegura automáticamente que
cesen los cortes de ruta que han hecho paralizar actividades productivas por
falta de combustible, de piezas de repuesto, de materias primas para su
elaboración o por la imposibilidad de hacer llegar el producto terminado a su
destino final.
La guerra económica que tuvo en rehenes a la población pobre de
las ciudades y como objetivo político torcerle el brazo al gobierno con la
resolución –forzada y tardía– de dejar la papa caliente en manos del Parlamento
entra ahora en una nueva fase.
En efecto, en los cortes de ruta la dirección
estuvo hasta ahora en manos de los más radicales (los antiperonistas furibundos
aliados a los maoístas del Partido Comunista Revolucionario, como la dirección
de la Federación Agraria Argentina –FAA– de la provincia de Entre Ríos y otros
grupitos ultras que ponían sus pocas huestes al servicio de los hacendados que
para ellos eran “el campo”).
Hoy, en cambio, en el momento de discutir y
negociar, pasan a primer plano los más moderados, como el presidente de la FAA, Buzzi, ligado al Partido Comunista, o en primera persona los dirigentes de la
rancia y antiperonista organización de los oligarcas terratenientes y
exportadores, la Sociedad Rural Argentina.
Ya tuvieron que desmentirse el
dirigente de la Confederación Rural Argentina, representante de los
terratenientes medios, que habló de cerrar el Parlamento si éste no votaba lo
que ellos querían, y el dirigente de la FAA entrerriana, quien dijo que, con
piquetes, iban a “enseñar a legislar” a diputados y senadores.
Y ya “el
campo” no califica más de “cagones” a los gobernadores pues de lo que se trata
ahora es de separar de la política gubernamental el máximo de diputados,
senadores, alcaldes y gobernadores que sea posible.
Porque el rechazo del
gobierno a cumplir con la Constitución y hacer aprobar por el Parlamento –donde
tiene mayoría absoluta en las dos cámaras– el impuesto a la exportación se debe
a la conciencia de que una discusión real no sólo dará voz y tribuna en el mismo
a críticas y propuestas de izquierda y de derecha, sino que, además, le hace
correr el riesgo de que aparezcan tendencias incluso contrapuestas en el
heterogéneo bloque oficialista.
Y, sobre todo, de que surja un centro de
discusión que dé oportunidad a los trabajadores para que empiecen a discutir el
fondo de la cuestión, fuera de las instituciones, en las fábricas y en los
barrios, y empiecen a pronunciarse directamente (como los electricistas de
Córdoba, cuyo sindicato se ha pronunciado ahora por la estatatización del
petróleo y el monopolio estatal del comercio de granos).
Porque el gobierno no puede pretender que su propuesta de ley sobre las
rentenciones soyeras (también tardía, también impuesta por los cortes de ruta,
también improvisada) se apruebe rápidamente y sin discutir gracias al voto
aplanadora de la mayoría absoluta oficialista.
No sólo porque la
agudización del conflicto torna imposible tal medida de fuerza, sino también
porque cada diputado, senador, alcalde o gobernador tiene que tener en cuenta la
economía, la composición social y las relaciones de fuerzas políticas en su
distrito y no puede responder sólo al Poder Ejecutivo, sino que debe rendir
cuentas también a su base (y a esto se agrega la lucha interna en el Partido
Justicialista, fomentada por el ex presidente Duhalde y por el también ex
presidente Rodríguez Saa, que le serruchan el piso a Kirchner).
Ya antes de que empiece la discusión
en el Parlamento, en efecto, han surgido propuestas entre los parlamentarios de
la mayoría de extender la discusión a la política económica y de crear una junta
nacional reguladora de granos que, en cierta medida, trate de controlar y
planificar la producción agraria según las necesidades del país y no según las
ganancias para el capitalista rural.
Ante la inevitable discusión
parlamentaria, el gobierno puede tratar de acortarla, de circunscribirla al tema
impositivo y a su proyecto de ley sobre retenciones y de blindar así su mayoría,
comprando además todos los votos que pueda.
La derecha, por su parte, intentará
dividir al bloque oficialista, también con ofertas monetarias y políticas, pero
sobre todo jugando con las diferencias que existen entre los diversos sectores
productivos y entre las diversas zonas rurales y provincias que el gobierno,
torpemente, no tuvo en cuenta al hacer su propuesta inicial sobre las
retenciones, ayudando así a que los pequeños capitalistas se uniesen al capital
financiero y a las trasnacionales, y los propietarios de 40 hectáreas de tierra
pobre a los que siembran 130 mil en la pampa húmeda.
Se ha abierto el periodo de las discusiones. Conviene a los trabajadores que
dure y se amplíe, porque lo que debe quedar claro es que no se discute solamente
un impuesto sino el derecho a limitar el “mercado”, o sea, el predominio del
lucro y del interés privado sobre el carácter social de la producción de
alimentos y sobre la propiedad de la tierra.
Y que no es posible tolerar que el
país sea solamente exportador de productos agrícolas, acabando con la industria,
un país para un 20 por ciento de sus habitantes, con el 80 por ciento en la
pobreza, la miseria y la desocupación, como en tiempos de Menem, la derecha
peronista y el neoliberalismo sin trabas.
Hay que rediscutir en todas las sedes
toda la política impositiva, eliminando el IVA a alimentos, medicinas y
productos de primera necesidad y el impuesto a los salarios medios y bajos, que
pague el capital financiero, que paguen las trasnacionales y la minería. Hay que
frenar la extranjerización del territorio y evitar su soyización y
deforestación. Hay que discutir la democratización de la vida política.
******
EN VIVO
