–El control de la renta extraordinaria: en cuanto a la petrolera, ya el gobierno renovó los contratos con las empresas extranjeras por 40 años (hasta después de cuando, según los expertos, se acabará el petróleo argentino) y garantizó así a esos pulpos. A la gran minería extranjera no sólo no le tocan las ganancias extraordinarias ni le hace pagar el deterioro ambiental, sino que además la subsidia. Tampoco cobra impuestos a las ganancias financieras ni toca con las retenciones (el impuesto a la exportación) a las grandes trasnacionales que controlan el sector granero y que, en los cinco meses recientes, ganaron 63 por ciento más que en el mismo periodo de 2007 exportando, a pesar del llamado paro agrario, por valor de casi 11 mil millones de dólares. La mayor retención a la exportación de soya (para que ese cultivo no elimine el de maíz, oleaginosas, trigo –que se corre el peligro de tener que importar– ni la ganadería vacuna) asegura a los productores una ganancia mayor, después del impuesto, a la de años anteriores. Siguen pues produciendo y exportando ilegalmente sin que el gobierno intervenga con medidas reales, como podrían ser una ley sobre los contratos de arriendo, la supresión de la ley de la dictadura contra los jornaleros agrícolas (que no gozan de derechos legales y cobran salarios de miseria) y, sobre todo, la creación de una junta reguladora de granos oficial y la comercialización en el exterior, por el Estado, de las cosechas y los productos del campo.

El gobierno, por otra parte, sigue con la más injusta política impositiva. El grueso de las contribuciones al fisco proviene de la aberrante concepción según la cual el salario sería renta, y del IVA de 21 por ciento sobre alimentos, en vez de basarse en la tasación a los especuladores y los más ricos.

–La disputa por la renta y por la orientación productiva del país: el capital financiero mundial se apodera de la producción de alimentos, del agua y de los recursos naturales, y tiene una visión estratégica mundial dentro de la cual Argentina, vasta, poco poblada, con tierras fértiles y llanas y mucha agua, es una pieza importante. No es posible desvincular el conflicto actual en este país de la tendencia a la desvalorización a escala mundial de los bienes industriales ante la masificación de la producción y, por el contrario, al costo cada vez mayor de los alimentos (con las consiguientes hambrunas masivas y la desaparición física de los más pobres).

El capital financiero mundial (con el cual están integrados los grandes capitales rurales argentinos) no acepta la política del gobierno de Buenos Aires basada en un dólar caro para frenar las importaciones industriales y agrícolas, y proteger así un mercado interno para los industriales cuyas exportaciones son favorecidas al mismo tiempo por ese tipo de cambio.

El gobierno está también interesado en mantener los productos-salarios, como los alimentos, a un precio bajo para que el costo de la mano de obra no suba y las ganancias patronales sean altas y estables y, por tanto, al control de precios une los subsidios a las grandes cadenas vendedoras de alimentos y a los servicios (transporte, luz, gas domiciliario, etcétera).

El capital financiero cree que eso es despilfarro y demagogia, al igual que los grandes productores de soya, a los cuales no les importa sino lo que podrían ganar exportando, aunque el país se quede sin carne, ni maíz ni trigo o caiga en la miseria 20 por ciento más de los pobladores por no poder cubrir sus necesidades elementales. Tampoco les importa que el Estado se quede sin poder financiar las escuelas, los servicios básicos, los hospitales. Ese es el fondo de la lucha: el interés del capital financiero y rural contra el gobierno que no quiere abandonar a la industria productora de bienes de consumo (y que da trabajo) ni abandonar a su suerte a su base popular.

Los cortes de ruta, por consiguiente, buscan doblarle la mano al gobierno para que el control de la renta agraria esté en poder del capital financiero y para que Argentina sea exclusivamente productora de las materias primas agrícolas que determine el “mercado” (es decir, cuatro o cinco oligopolios). Constituyen un “golpe blanco” y un chantaje político para imponer una política antipopular, para concentrar aún más el ingreso en manos de los capitalistas. Forman parte de un movimiento dirigido por el capital financiero y por las grandes soyeras, que arrastró a los medianos y pequeños capitalistas rurales.