Marcelo Pollack: El reporte resalta el hecho de que ser sindicalista en Colombia es una de las profesiones más peligrosas en ese país. La situación a la que se enfrenta el sindicalismo colombiano es una de las más graves del mundo entero. Reportamos cifras superiores a 2.200 muertes, y 138 desapariciones forzadas. Tan sólo en 2006 hubo 72 muertes. Todo esto debe entenderse en el contexto del prolongado conflicto armado en Colombia, en el cual 70.000 civiles, por lo menos, han muerto a lo largo de las pasadas dos décadas. Lo que sostenemos en el reporte es que estos ataques a sindicalistas colombianos no es accidental, no es una consecuencia fortuita del conflicto armado, sino que son vistos como blanco específico. La evidencia que tenemos es que la vasta mayoría de asesinatos y amenazas contra sindicalistas se produce en el marco de disputas laborales, campañas contra privatizaciones, y campañas contra la explotación de recursos naturales que provoca efectos negativos a la comunidad.

¿Así que se trata de conflictos entre distintos grupos de interés, o ven también alguna participación de sujetos e instituciones del gobierno?

Las estadísticas son confiables, y de acuerdo a ellas, la mayor parte de los asesinatos y desapariciones forzadas de sindicalistas son perpetradas por paramilitares o miembros de fuerzas de seguridad. La guerrilla también es responsable por la muerte o amenaza a sindicalistas, pero en mucha menor proporción.

¿Cuál es la situación actual? ¿Hay alguna posible solución?

Reconocemos que el gobierno colombiano aparentemente intenta dar pasos preliminares y tentativos para tratar de resolver la crítica situación de los sindicalistas. Con ello me refiero al acuerdo para conformar una fuerza especial de investigación dentro de la Fiscalía General en Colombia a fin de esclarecer este gran número de crímenes contra sindicalistas. También se acordó la presencia permanente de un representante de la Organización Internacional del Trabajo para defender los derechos sindicales en el país. Pero nosotros seguimos sosteniendo que el principal problema en este sentido, y lo que está frenando que la situación mejore dramáticamente, es la impunidad. Más de 90 por ciento de los asesinatos de sindicalistas permanecen impunes. Y aun cuando ha habido una caída en el número de asesinatos, con excepción de la alza registrada en 2006, la situación no se resolverá definitivamente en tanto el gobierno no tome acciones realmente efectivas para combatir la impunidad que se presenta en este ámbito. Lo que pedimos al gobierno colombiano es que tome medidas más efectivas, y que inmediatamente y al pie de la letra aplique las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como las de la propia Organización Internacional del Trabajo.

¿Podemos hablar de una guerra sucia contra los sindicalistas colombianos?

Sí. En el reporte decimos que existe una estrategia concertada que conjunta a paramilitares con fuerzas de seguridad, a fin de minar el trabajo legítimo de los sindicalistas, ya sea a través de la eliminación física o la promoción de litigios arbitrarios contra sindicalistas.

En general, ¿cuál es la situación de los derechos laborales en Colombia? ¿Están bien protegidos?

En casos generales, la legislación para proteger a los sindicalistas es buena. El problema está en la aplicación. Los estándares internacionales en la protección de los derechos sindicales contempal que, a fin de cumplir a cabalidad con su misión, deben estar libres de amenazas y ataques. Esto es otro aspecto que destacamos en el reporte. Independientemente de lo buena que pueda ser la legislación colombiana en la materia, esto no significa nada si los sindicalistas se enfrentan a estos problemas cuando defienden los derechos laborales u organizan campañas con este fin.

¿El caso de Colombia es un problema específico, o es parte de una tendencia regional?

Lo que caracteriza a Colombia es la existencia de un conflicto interno armado, que agrava de manera mayúscula la situación de inseguridad para los sindicalistas en ese país. Primero que nada, debemos intentar, y no solamente el gobierno, sino también la comunidad internacional y las empresas que operan en Colombia, de introducir medidas para garantizar completamente el derecho de los sindicalistas a luchar por sus derechos, pronunciarse contra privatizaciones o cualquier otra labor en la cual ellos sientan que deban participar.