Son al menos 3.000 los que
viven en Arizona, donde se implementa una ley durísima contra la inmigración. La
mayoría se instaló allí para escapar de la crisis de 2000. Hoy sufren la
xenofobia.
Por Gustavo Sierra - Clarín, Argentina
"Son
veinte dólares”, alcanzó a decir Marta antes de que la garganta se le cerrara y
no pudiera contener el sollozo. Cuando se repuso dijo que mejor no, que ya no
estaba en venta la cunita verde pastel que había sacado al jardín de su casa en
Mesa, un suburbio de Phoenix, Arizona. “¡Así tenga que cargarla en mi espalda
toda la vida, me la llevo. La cunita de Miriam, no!”, dice secándose las
lágrimas con la manga de la remera como cuando era chica en Rosario. Miriam es
su hija de 9 años. La mamá está vendiendo todo lo que puede para irse a probar
suerte a Texas. La que iba a comprar la cuna es una vecina mexicana. Ella se
queda hasta que nazca su nuevo bebé en dos meses. Después, también va a tener
que vender todo y partir. Marta, esta argentina que se oculta, no quiere dar su
apellido ni que le saquen fotos, es indocumentada y desde hace dos años, como al
resto de los latinoamericanos sin papeles, es perseguida por las fuerzas
policiales del sheriff Joe Arpaio y otros comisarios de Arizona que están
envalentonados por la Ley antiinmigrante SB1070 que les otorga poder para
detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal y expulsarlo. “Mi
hija nació acá, en Arizona. Creía que esta era mi casa. Pero no, ahora es de
estos racistas. Me voy con Miriam y la cunita que es lo único que voy a
conservar de este lugar”, dice Marta mientras se sube a la camioneta Bronco con
la que va a manejar hasta Austin.
El jueves, una jueza detuvo parcialmente la aplicación de la controvertida ley.
Pero la parte gruesa de la medida, que permite la expulsión inmediata de los
trabajadores del campo que no tienen permiso especial y la prohibición para los
empleadores de contratar a personas sin residencia permanente, sigue vigente.
Todo esto provocó duras manifestaciones en el centro de la vieja ciudad de los
cowboys, así como el éxodo de miles de latinoamericanos que viven aquí desde
hace al menos una década. Entre ellos, unos 3.000 argentinos (según fuentes del
Consulado argentino) que habían escapado de la crisis económica argentina de
principios del 2000, cuando aún regía el “waiver” que permitía viajar a Estados
Unidos sin visa. La mayoría de ellos llegaron a otros estados y luego se mudaron
a Arizona para aprovechar las oportunidades que daba aquí el boom inmobiliario.
Cuando golpeó la crisis financiera de fines de 2008, todo se derrumbó. Se paró
la construcción, los bancos cayeron en bancarrota, los inversionistas huyeron y
los trabajadores quedaron en la calle. La inseguridad económica provocó miedo y
xenofobia. Los antiguos residentes anglos le echan la culpa a los que
supuestamente vienen a quitarles trabajo. Tres mil argentinos quedaron atrapados
en esta ratonera.
Marcos, 42 años, es uno de esos compatriotas. Se vino en 1999 a Nueva York. Allí
se enteró de la burbuja inmobiliaria que comenzaba a gestarse en Arizona y se
aventuró a Phoenix. Trabajaba 18 horas por día y dormía apenas cuatro, pero muy
poco después pudo traer a su mujer Isabel y a Belén, la hija, que tenía 6 años.
Hacía el turno noche en un hotel llevando y trayendo gente desde el aeropuerto y
a la mañana se iba directamente a pintar casas. “Podías hacer más de 1.000
dólares limpios por semana. Y pagaba un alquiler de 700 por mes por una linda
casita de dos dormitorios y dos baños. Vivíamos bien, mucho mejor que en Buenos
Aires”, cuenta Marcos en su casa en el valle de Santan, a una hora del downtown
de Phoenix.
Seis años después de llegar, Marcos e Isabel se compraron una casa. El banco les
dio 140.000 dólares a pagar en 30 años. Eran 850 por mes, casi lo del alquiler.
Para esa época, él también entró a trabajar en una empresa haciendo plomería.
Belén iba a la escuela intermedia, estaba totalmente integrada. De tez muy clara
y ojos azules, todos pensaban que era una de las tantas chicas americanas que
habían llegado con sus padres por el boom económico. Parecía que el sueño
americano no era un cuento. “Todo hasta que apareció la Ley del “E-Verify” por
la que el empleador tiene la obligación de verificar el estatus legal del
trabajador. Esa ley entró en vigencia en enero de 2008. Si tenías un trabajo y
lo mantenías, todo bien. Pero si te echan, es como una orden de expulsión. No
conseguís trabajo nunca más”, cuentan Marcos e Isabel a coro. Con la crisis, a
Marcos lo dejaron cesante.
Pero no había llegado lo peor. La discusión sobre la Ley SB1070 trajo mucha
discriminación. “El clima se volvió muy oprimente. Ves a los patrulleros por
todas partes deteniendo gente. Vivís con terror”, agrega Isabel, que no salió de
su casa en la última semana porque sabe que las amenazas que lanza el sheriff
Arpaio cada noche en la televisión son muy reales. “Tiemblo cuando Marcos llega
diez minutos tarde. Imaginate si lo agarran y lo deportan. ¿Que hacemos
nosotras?”.
Belén no eligió venir acá ni puede irse. Sólo sufre las consecuencias. Fue
elegida recientemente cheerleader, una de las chicas que alientan al equipo de
fútbol de su escuela, ¿Qué otra cosa se le puede pedir a la vida a los 16 años?
Pero ante sus amigos tiene que andar escondiendo el secreto de ser una
indocumentada. Ella no puede sacar la licencia de conducir como lo hacen sus
amigas. Ni tampoco se puede hacer muchas ilusiones de ir a la universidad. Sin
residencia no hay becas y pagar una privada es imposible para un trabajador. “Me
siento muy nerviosa. Parezco que soy como las otras porque no tengo aspecto de
mexicana, pero no lo soy”, larga en una frase que la libera y le provoca el
llanto. “Tengo que andar mintiendo todo el tiempo porque no puedo hacer lo que
hacen las otras chicas”, agrega entre lágrimas.
El paisaje es magnífico. El Shea Boulevard serpentea por entre medio de colinas
cubiertas de enormes cactus con sus pencas apuntando a cualquier lado. Las
montañas del fondo tienen esas formas cubistas tan particulares. Esta fue tierra
de los indios navajos, de enormes manadas de vacas y vaqueros lanzando tiros al
aire. Ahora, es la puerta para la Fountain Hills, una pequeña ciudad de
condominios entre campos de golf y lagunas. Allí vive desde hace 20 años Claudio
Lazzatti, que se vino desde Barracas para armar una empresa de limpieza y otra
de construcciones. Es tan inmigrante como los otros, pero tiene una visión
totalmente diferente. “Es como si te entraran a la parte de atrás de tu casa y
te tomaran el terreno, se armaran una villa y encima te exigieran que les dieras
trabajo. Así es como sienten acá respecto a los inmigrantes que cruzan la
frontera sin papeles. Si vos cumplís con la ley, acá no tenés ningún problema”,
dice mientras camina por un parque que tiene un chorro que lanza agua a treinta
metros, en un lugar que era un desierto. “Mirá, yo busco gente, pongo un aviso
diciendo que tengo trabajo en la construcción o la jardinería y no me llama
nadie. O sobra el trabajo o no están dispuestos a trabajar, como dicen, por un
sueldo módico. Y desde que estoy acá, hace 20 años, vi sólo una vez a un
argentino. ¿No quieren trabajar?”.
La respuesta, tal vez, la tiene Ignacio, que vino hace diez años para juntar
dinero y terminar de pagar una deuda que le había quedado en su Mendoza. Empezó
trabajando en una compañía de electricidad. Llegó a tener a su cargo una
cuadrilla con ayudantes. Se especializaba en la construcción de mansiones.
“Nunca me pidieron ningún papel. Veían que yo era responsable y que hacía bien
mi trabajo y listo”, cuenta mientras toma un ice-coffee que alivie los 43 grados
de calor en un Starbucks del barrio de Tempe. Cuando terminó el boom
inmobiliario, la compañía cerró. Ya había entrado en vigencia la ley. “Me pasó
lo que no me había pasado nunca. Lugar donde iba, lugar donde me pedían la
residencia”. Comenzó a armarse una pequeña empresita de arreglos en general.
Pero cada vez lo llaman menos. “Antes tenía dos o tres pedidos por día. Ahora,
tengo dos o tres por semana”. Hace seis años conoció a su mujer, Trini, una
mexicana que está embarazada de seis meses. “Cuando nazca el bebé tendremos que
decidir. Pero a Argentina no vuelvo. Tengo 39 años. Si no me dan trabajo acá, te
imaginás allá. Ya soy viejo. Me la tengo que jugar hasta el final”, dice
amargado.
Scottsdale es uno de los suburbios de la clase media acomodada. En una cafetería
se encuentran otras dos argentinas y la hija de una de ellas. Candela Alvarez es
una periodista que vino con sus padres hace nueve años a poner un restaurante.
Susana Luongo llegó hace 30 años con su marido médico, es fonoaudióloga y vende
productos farmacéuticos. Natalie tiene 24 años y es una de sus cuatro hijas;
está terminando su carrera universitaria. Las tres trabajaron juntando firmas
contra la ley SB1070 para que no expulsen a sus compatriotas. “Los argentinos
estamos acostumbrados a las crisis. Vamos a sobrevivir a esto también”, expresa
con optimismo Susana. “Sí, pero también somos un híbrido. No nos quieren ni los
anglos ni los otros hispanos. Para unos somos tan inmigrantes como el resto,
pero para los otros, somos más blanquitos, mejor preparados y generamos
envidia”, agrega Natalie. Y las dos coinciden en que hay un racismo larvado.
“Fijate que yo puse en mi Facebook -cuenta Natalie- que estaba contra la ley y
nadie me hizo ningún comentario. En cambio, mi novio, que es estadounidense,
puso lo mismo y los mismos amigos le dijeron de todo. A él lo creen un traidor”.
“Esta ley fue una desgracia. Cayó como un rayo sobre nosotros, tengamos o no
residencia. Aquí floreció una xenofobia que está larvada en la sociedad
estadounidense y que amenaza con extenderse a muchos otros estados”, agrega
Candela.
Por la carretera 60 se llega al Superstition Freeway. Allí viven Juan y su
esposa Gloria. Ellos ya sufrieron el golpe más duro. Su hijo argentino, nacido
en Santa Fe, cumplió sus 20 años en la cárcel por ser un indocumentado. Hace dos
meses tuvo una discusión con su novia, un vecino molesto lo denunció, la policía
se lo llevó por no tener residencia oficial y lo entregó a Migraciones. Desde
entonces, está en la cárcel de Florence esperando la deportación. “Dicen que en
cualquier momento lo mandan para Los Angeles y de ahí a Buenos Aires”, cuenta
Juan. Gloria está muy afectada. Ni siquiera lo pueden visitar. Si uno no es un
residente legal de Arizona no puede entrar al lugar. Dice que el chico los llama
y les asegura que está bien, pero ella está preocupada.
“Esto es culpa de esta ley y de este señor Arpaio que nos quiere ver a todos
muertos. Hace dos semanas nos pararon cuando veníamos de una fiesta en la
iglesia evangélica a la que pertenecemos. Fue todo muy feo. Mi otra hija de 10
años se asustó y les empezó a gritar “no se lleven a mi papá…no se lo lleven”.
Por suerte nuestro pastor nos sacó de la situación. De lo contrario estábamos ya
junto a mi hijo”, cuenta Juan en la cocina de su casa. Por otro lado, él es un
privilegiado porque sigue conservando su trabajo en una empresa de paneles
solares. Pero Gloria quiere dejar todo y regresar a Chino, California, que fue
el primer lugar donde vivieron. “Acá tengo miedo de andar en la calle. Es por mi
hija. Tengo terror de que me la saquen como a mi otro hijo”.
Qué dice la ley
La ley SB1070 entró en vigencia el jueves pasado en Arizona. En principio,
autoriza a la Policía a detener “por simple sospecha” a cualquier persona que
“parezca” inmigrante ilegal, para así acelerar los trámites de expulsión del
país. A pedido del gobierno federal de Barack Obama, una jueza suspendió el
mismo jueves parte de la ley por considerar que iguala al inmigrante con un
delincuente. La jueza reclamó que la detención no se produzca si no está
comprobada la ilegalidad. El fallo sigue en discusión y en noviembre será
tratado por una Cámara de Apelaciones. La Policía de Arizona, mientras tanto,
seguirá deteniendo.