Un tribunal federal de Estados
Unidos ordenó al gobierno que presente las supuestas pruebas que llevaron al
Departamento del Tesoro en 2006 a congelar las cuentas bancarias de una
organización benéfica por sospechar que estaba vinculada al terrorismo.
Por William Fisher - IPS
Además,
instó al Congreso legislativo a enmendar las leyes que permiten este tipo de
medidas excepcionales, heredadas de la administración de George W. Bush
(2001-2009) en su "guerra contra el terrorismo", por considerarlas
inconstitucionales.
Hace cuatro años, la Oficina del Departamento del Tesoro para Control de Activos
Internacionales (OFAC, por sus siglas en inglés) congeló las cuentas de la
organización KindHearts for Charitable Humanitarian Development Inc., con sede
en el oriental estado de Ohio, sin orden judicial, notificación o audiencia
previa.
La OFAC decidió tomar esta medida simplemente porque investigaba si KindHearts
podía integrar su "Lista de Terroristas Globales Especialmente Señalados", que
pueden ser objeto de bloqueos o confiscaciones.
El juez federal de distrito James G. Carr dictaminó el lunes que el gobierno
deberá ahora revelar los motivos de sus sospechas contra KindHearts, y en el
futuro necesitará una orden judicial basada en una causa probable para retener
los bienes de una organización.
El magistrado también confirmó el lunes, como había señalado en un fallo de
agosto pasado, que la OFAC violó la Quinta Enmienda de la Constitución, garante
del debido proceso, al no haber notificado a KindHearts los cargos en su contra
ni darle oportunidad de responder.
La OFAC deberá por tanto ahora desclasificar o resumir la evidencia clasificada
contra KindHearts.
La decisión del magistrado constituye un golpe mortal contra la política de
congelar cuentas bancarias "sospechosas", adoptada por el gobierno de Bush luego
de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El fallo del lunes fue el último episodio de una demanda que presentó en
noviembre de 2008 la filial en Ohio de la Unión por las Libertades Civiles de
Estados Unidos (ACLU, por sus siglas inglés) junto a varios otros abogados y
activistas independientes.
Nunca se constató que KindHearts haya estado involucrada en acciones
terroristas. Sin embargo, como resultado de la investigación de la OFAC,
constituía un delito realizar negocios con la organización.
Uno de los asesores del caso, el prominente abogado constitucionalista David
Cole, dijo a IPS que "el proceso de congelar las cuentas de organizaciones
benéficas ha sido defectuoso desde un comienzo". "A ningún grupo humanitario le
han notificado las acusaciones en su contra, y todo el proceso ha estado rodeado
de secretismo".
"Con esta decisión tendremos al menos más justicia para los que están en la mira
de la OFAC", añadió. "Si el debido proceso significa algo, es que el gobierno
debe comunicarte las acusaciones y la evidencia antes de clausurarte y
congelarte todas tus cuentas".
KindHearts fue creada en 2002 --luego de que el gobierno clausurara varias otras
organizaciones benéficas-- con el expreso propósito de proveer ayuda humanitaria
tanto en Estados Unidos como en el exterior, en plena conformidad con las leyes.
La OFAC congeló sus cuentas a pesar de que la organización procuró implementar
sus políticas y solicitó orientación.
El simple argumento de la oficina fue que el grupo humanitario estaba "bajo
investigación" sobre la base de evidencia clasificada.
En octubre de 2008, un juez federal aceptó un pedido de ACLU para impedir que la
OFAC incluyera a KindHearts en su lista negra sin una previa investigación
judicial.
En agosto de 2009, el tribunal determinó por primera vez que el gobierno no
podía congelar las cuentas bancarias de una organización sin obtener una orden
judicial basada en una causa probable. También señaló que el gobierno había
violado el derecho de KindHearts al debido proceso, como establece la carta
magna, al no notificarle las causas del congelamiento ni darle oportunidad de
defenderse.
El presidente Barack Obama reconoció en su discurso de El Cairo, poco después de
asumir en enero de 2009, que las leyes estadounidenses sobre las organizaciones
humanitarias "han hecho más difícil para los musulmanes cumplir con sus
obligaciones religiosas".
Desde entonces, defensores de los derechos civiles han presionado al mandatario
para que traduzca sus palabras en acción. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos
Públicos Musulmanes se unió con otras organizaciones sin fines de lucro para
enviar una carta a Obama.
En la misiva, señalaron que el gobierno estadounidense debía atender los
"sistemáticos problemas" que causan las reglas impuestas a los grupos
caritativos.
Además, señalaron que se las organizaciones acusadas de apoyar el terrorismo
deben tener oportunidad de defenderse, y se expresaron en contra de los
congelamientos indefinidos de activos bancarios.
Para los musulmanes, la beneficencia es una obligación religiosa conocida como "zakat".