El Senado estadounidense aprobó
una disposición que incorporaría al gobierno en el proceso de determinar quién
asigna calificaciones crediticias a complejas operaciones de bonos, en una
iniciativa destinada a poner fin a conflictos de interés que han sido señalados
por algunos como culpables de empeorar la crisis financiera.
Por Aaron Lucchetti, Serena Ng y Greg Hitt - The Wall Street Journal
La
votación del jueves 13 representa una de las medidas más estrictas del Congreso
estadounidense para cambiar la forma en que se conducen los negocios en Wall
Street. La enmienda busca resolver el que es considerado uno de los problemas
más complejos de los mercados financieros: los emisores de bonos escogen las
agencias calificadoras de riesgo y pagan por las calificaciones, lo que
significa que los ingresos de las agencias calificadoras dependen de las mismas
firmas cuyos bonos se les solicita calificar.
En virtud de la nueva indicación, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC,
establecería y supervisaría un poderoso panel de calificación de créditos que
actuaría como intermediario entre los emisores que buscan calificaciones y las
agencias calificadoras. El panel seleccionaría cual de las agencias proveería
"la calificación inicial" de ciertos valores conocidos como bonos estructurados.
Los críticos de la situación actual dicen que el modelo de "pago del emisor"
causó calificaciones infladas en el auge del mercado de la vivienda,
especialmente de valores garantizadas por hipotecas. Muchos bonos con
calificación "AAA" terminaron siendo rebajados a "chatarra", lo que desató el
caos en el sistema financiero. El Congreso ha criticado severamente a las
agencias calificadoras por ser demasiado acogedores con los bancos que les
generan negocios y estar demasiado enfocadas en la participación de mercado en
vez de en el análisis independiente.
Un vocero de Standard & Poor's de McGraw-Hill Cos. dijo que el cambio podría dar
a los inversionistas la impresión de que las calificaciones tienen la aprobación
del Gobierno. Además, "las agencias de crédito tendrán menos incentivos para
competir entre ellas, innovar y mejorar sus modelos, criterios y metodologías",
dijo el vocero Edward Sweeney de S&P. "Esto podría derivar en opiniones más
homogéneas sobre las calificaciones".
Un vocero de Fitch Ratings, filial de Fimalac SA, señaló: "Los actores del
mercado podrían poner en duda si la legislación que podría derivar en
transacciones con una sola calificación, asignada de manera aleatoria, es
coherente con los recientes esfuerzos reguladores para promover la competencia
en el mercado de calificaciones y con el concepto de mayor diversidad de
opiniones de crédito en el mercado".
Por su parte, Moody's Investors Service indicó que "apoya el objetivo de
aumentar la transparencia y la responsabilidad del proceso de calificación". Un
vocero de Moody's agregó: "Estamos esperanzados en cuanto a que la legislación
final logrará esos fines al tiempo que evitará consecuencias involuntarias para
los actores del mercado".