La designación de Elena Kagan
como nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos deja
dudas sobre si el alto tribunal tendrá una posición más liberal o conservadora.
Por William Fisher - IPS
Kagan
es la actual procuradora general y primera mujer en ejercer el cargo. Si el
senado la confirma, la abogada de 50 años será la tercera mujer en la Corte
Suprema de nueve miembros.
Además, será la tercera persona de origen judío en el tribunal, los otros son
con Ruth Bader Ginsberg y de Stephen Breyer.
Antes de ser designada el lunes por el presidente Barack Obama, algunos
analistas ya sostenían que la solidez intelectual de Kagan podría convencer al
juez Anthony Kennedy de adoptar una postura más "liberal". Pero otros consideran
que sus antecedentes indican que el alto tribunal se inclinará hacia la derecha.
"Como decana de la Facultad de Derecho de Harvard, Kagan contrató como profesor
a Jack Goldsmith, ex asesor de la Oficina de Asesoría Legal del gobierno de
George W. Bush (2001-2009)", señaló Frances Boyle, académico progresista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois.
Goldsmith "es considerado por muchos de nosotros como criminal de guerra porque
escribió muchos memorandos para tratar de que violaciones a las convenciones de
Ginebra parecieran legales", apuntó.
"Cuando la confirmaron como procuradora general, Kagan coincidió con la senadora
del opositor Partido Republicano, Lindsey Graham, en que en tiempos de guerra,
el presidente podía mantener presos a presuntos terroristas de forma indefinida,
y el mundo entero es un campo de batalla", señaló, por su parte, Marjorie Cohn,
ex presidenta de la progresista Asociación Nacional de Abogados.
"Mientras Bush destrozaba la Constitución con su insistencia sin precedentes en
las facultades del Poder Ejecutivo, los profesores de derecho de todo el país
realizaron duras críticas. Pero Kagan se mantuvo en silencio", añadió Cohn,
también profesora de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson.
"Parece estar a favor y respaldar un Ejecutivo que ostente un creciente y
formidable poder", señaló Scott Horton, destacado constitucionalista
estadounidense.
"En materia de seguridad ha tomado posiciones que son claramente más de derecha
que las del saliente magistrado John Paul Stevens", quien anunció su retiro el
mes pasado, alegó Horton.
"Creo que puede llegar a sorprender a muchos observadores, pero tiendo a pensar
que es una integrante del gobernante Partido Demócrata de centro, quizá no muy
alejada de Sonia Sotomayor, y por cierto a la derecha de Stevens. En general, su
designación inclina el alto tribunal a la derecha", añadió Horton.
Sotomayor es una integrante de la Corte Suprema de Justicia, también designada
por Obama.
La postura de Kagan sobre las facultades del
presidente también preocupa al Centro para los Derechos Constitucionales, que
defendió a decenas de presos de la base naval de Estados Unidos en la bahía
cubana de Guantánamo.
"En el Centro de Derechos Constitucionales luchamos para evitar el exceso de
facultades del presidente y el peligroso aumento de los poderes del Ejecutivo,
en especial en lo que respecta a tortura, privación de libertad y vigilancia
entre otras áreas en que el gobierno no ha respetado la ley de forma
ostensible", señaló una declaración de su director ejecutivo, Vince Warren.
Las universidades de Harvard, Yale y Columbia son "tres de las 199 facultades de
derecho registradas ante la Asociación de Abogados de Estados Unidos, alrededor
de 1,5 por ciento", señaló, por su parte, Morris Davis, ex fiscal jefe de la
comisión militar para Guantánamo.
De las tres "egresan tres por ciento de los abogados que se gradúan cada año.
Los profesionales de tres de las más prestigiosas universidades del país ocupan
100 por ciento de los nueve asientos de la Corte Suprema de Justicia", remarcó.
Opositores republicanos, quienes se aprontan para una posible lucha por la
confirmación de Kagan el próximo verano boreal, preparan el terreno y arguyen
que confirmar a una procuradora general es totalmente distinto que a un
magistrado de la Corte Suprema, una designación vitalicia.
Uno de los argumentos de la oposición podría ser que siendo decana de la
Facultad de Derecho de Harvard, Kagan criticó en 2003 la política de "no
preguntes, no digas" del Departamento (ministerio) de Defensa.
"Detesto la política discriminatoria del ejército para reclutar" efectivos,
escribió entonces. Además la calificó de "profundamente errónea, una injusticia
moral de primer orden", añadió.
"Uno de los principales elementos que se indagará en la sesión de confirmación
es su postura respecto del papel del Poder Ejecutivo en la llamada ‘guerra
contra el terrorismo’. Si apoya el control implementado por el gobierno pasado,
que por desgracia, pero quizá sin sorpresa, parece adoptar el actual", dijo a
IPS Brian J. Foley, profesor de derecho de la Universidad de Boston.
Por su parte, la presidenta de la Alianza para la Justicia, Tina Foster también
se mostró escéptica. "El problema es que muchos legisladores se creyeron que la
forma de lidiar con el terrorismo, una amenaza quizá sobreestimada, es hacer la
guerra y tomar medidas enérgicas contra nuestras libertades civiles", señaló.