Acaba de ser aprobada y ya le
crecen los enanos. Los fiscales generales de al menos 12 estados de EEUU han
anunciado que preparan denuncias ante el Tribunal Supremo contra la
constitucionalidad de la reforma del sistema de sanidad aprobada la víspera por
la Cámara de Representantes.
IAR
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/
EFE
La
reforma debe ser promulgada aún por el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, para que entre en vigor, lo que está previsto que se produzca este mismo
martes. El Senado debe votar también varias enmiendas del proyecto aprobado el
domingo por la Cámara de Representantes.
Lejos de aplacarse, las críticas a la reforma sanitaria van en aumento. "La
legislación sobre Sanidad que el Congreso aprobó anoche [por este domingo] es un
asalto contra la Constitución", sostuvo el fiscal general de Carolina del Sur,
Henry McMaster
"El desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para
proteger al pueblo estadounidense de este ataque, sin precedentes, contra
nuestro sistema de gobierno", añadió.
La legislación es la mayor reforma social emprendida por Estados Unidos desde la
década de 1960, cuando se creó el sistema Medicare de subsidio para la sanidad
de los adultos mayores y se promulgó la Ley de Derechos Civiles. Según el
gobierno del presidente Obama, la reforma permitirá que unos 32 millones de
personas que carecen de seguro médico puedan obtenerlo.
El fiscal general de Florida, Bill McCollum, en un comunicado distribuido el
domingo, sostuvo que "si el presidente promulga esta ley iniciaremos una
denuncia para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos
estadounidenses".
Los adversarios de la reforma han argumentado que ésta representa "una toma de
control por parte del gobierno" de la asistencia de la salud que llevará al
racionamiento de los servicios e impondrá una carga onerosa en las cuentas de
EEUU.
Anoche, mientras la Cámara de Representantes se encaminaba a la votación del
proyecto de ley, los fiscales generales de 12 estados expresaron, en una
teleconferencia, su respaldo a una acción legal que impida la aplicación de la
ley.
Además de Florida y Carolina del Sur participaron en la conferencia los fiscales
generales de Alabama, Nebraska, Texas, Oklahoma, Pensilvania, Washington, Utah,
Dakota del Norte y Dakota del Sur.
El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, también anunció que él presentará
una denuncia en nombre de su estado contra lo que calificó como "un exceso
inconstitucional" de la legislación de sanidad.
"Virginia está en una situación única que le permite presentar una querella,
dado que Virginia es el único estado que, hasta ahora, ha aprobado una ley que
protege a sus ciudadanos del mandato, impuesto por el gobierno, para que
contraten seguro médico", dijo Cuccinelli.
El punto central de la controversia, que podría generar prolongados procesos
judiciales en los tribunales, es la inclusión en la reforma de sanidad de la
obligación de que todas las personas en Estados Unidos contraten un seguro
médico. De no hacerlo pueden ser multadas.
Los adversarios sostienen que esta medida excede la atribución constitucional
que tiene el Congreso para "regular el comercio entre los estados".
El fiscal general de Texas, Gregg Abbott, afirmó que se presentará la denuncia
"para proteger los derechos constitucionales de todos los tejanos, preservar el
marco constitucional que crearon los próceres de nuestra nación y defender
nuestro estado de la intromisión del gobierno federal".
Además de las denuncias que podrían presentar los estados, en las cámaras
legislativas de, al menos, 36 estados se han presentado proyectos de ley y
propuestas de resolución para limitar u oponerse a diferentes aspectos de la
reforma de sanidad.