En el Cáucaso y Oriente Medio,
se libran batallas simultáneas y contradictorias en las que el reconocimiento de
derechos queda sujetado a los intereses estratégicos.
Por Marcelo Cantelmi - Clarín, Argentina
Ponerle
un nombre a las cosas y cómo ese nombre será usado es siempre, grande o pequeña,
una cuestión política. El nombre define -o debería definir- cómo se gestionará
la cuestión y los valores que pueden estar en juego. La reivindicación de la
memoria, nombra necesariamente a la libertad. La lucha contra el negacionismo
sobre el Holocausto es un ejemplo rotundo de por qué a las cosas se las debe
llamar por su nombre.
Pero esta elementalidad no es un sendero sencillo. En las últimas semanas se han
complicado dos conflictos que muestran hasta qué extremo está amputada la
mirada. Turquía acaba de retirar sus embajadores en EE.UU. y en Suecia porque en
ambos casos aunque en diferentes niveles, una comisión legislativa en
Washington, el Parlamento en Estocolmo, se reconoció como genocidio la masacre
cometida por el Imperio Otomano contra el pueblo armenio en 1915, hace 95 años.
Pero ¿de qué otro modo se puede llamar al asesinato sistemático y organizado de
un millón y medio de personas?
El otro litigio en el que se esquiva el nombre, está en Oriente Medio, en la
ofensiva de la actual administración israelí para estimular la colonización de
Jerusalén Oriental y la Cisjordania, que no es otra cosa que la ocupación de un
territorio ajeno. Es interesante notar que la cuestión nacional palestina,
condición que niega una derecha israelí minoritaria y poderosa, hunde sus raíces
también en aquel Imperio Otomano. Una provincia con el nombre de Palestina
existía en ese mapa. Hubo más de un siglo y muchas generaciones que crecieron
con esa identidad antes de la partición de aquella provincia dispuesta por la
ONU en 1949 y que debió dar origen al nacimiento de dos estados. Solo se logró
edificar uno, Israel, el otro es aún una factura pendiente -de la que también
los árabes son responsables- y su no resolución está en la base de este crónico,
salvaje conflicto, el más grave que desafía a la humanidad.
Veamos un poco más estos dos escenarios. La furia de Turquía se ha venido
incrementando paradójicamente después de haber logrado Ankara una victoria
diplomática en octubre pasado cuando firmó un acuerdo con el gobierno armenio,
auspiciado por Washington, para encaminarse a reanudar las relaciones
diplomáticas y la apertura de las fronteras binacionales.
Los bordes están cortados desde la guerra que Ereván sostuvo y ganó a un aliado
turco, Azerbaiján, en 1993 para recuperar el territorio de Nagorno Karabaj. Ese
boscoso y estratégico enclave en las montañas perteneció históricamente a
Armenia, pero Josef Stalin se lo entregó a los azeríes cuando ambas repúblicas
formaban parte de la URSS. Hoy, las dos naciones tienen un frágil status de cese
del fuego y Azerbaiján no ha cesado sus presiones para retomar el dominio del
lugar.
El acuerdo con Ereván fue un triunfo turco. El gobierno armenio, con el
trasfondo de la ruidosa protesta de la inmensa diáspora de ese pueblo repartida
por el mundo, se avenía a aceptar las fronteras de Turquía construidas sobre
territorios que el otro pueblo ha demandado como su hogar incluyendo el
legendario monte Ararat. Y, además, aceptaba la constitución de una comisión
binacional de sabios para analizar los sucesos de 1915.
Pero Ankara ahora ha demandado que Armenia, además, entregue Nagorno, cuestión
que no figuraba en lo acordado. Y hasta ha exigido a la Corte Constitucional de
Ereván que se retracte por haber incluido la apelación de que el mundo reconozca
el genocidio en el documento en el cual dio su aval a los acuerdos con Turquía.
Hay un riesgo imprevisible en este comportamiento y es que puede alentar a que
se trate de tomar con la fuerza lo que no puede obtenerse por la política o la
razón. Ese peligro de una nueva guerra en el Cáucaso aisla a Ankara, que más
temprano que tarde puede encontrarse con que EE.UU. acabe por reconocer el
genocidio que hasta ahora, y como un controvertido favor a su aliado turco, no
ha aceptado como tal.
Turquía ha sido también un aliado clave de Israel y es por eso que el país
hebreo tampoco le ha dado el nombre de genocidio a esa matanza en la cual, se
sabe, Hitlter miró para perpetrar el Holocausto. Pero la relación entre estos
países se enfrió después de la ofensiva israelí de 2008 sobre la Franja de Gaza,
debido a que Turquía coincide con las denuncias de que allí se habrían cometido
crímenes de guerra.
Ese choque ha sido útil para conocer algunas cuestiones sorprendentes. Por
ejemplo, mucha familias judías ortodoxas lograron que la justicia expulse de sus
casas en Jerusalén a ciudadanos árabes que las habitaban en varios casos desde
más de medio siglo. Usaron para ello documentos de supuesta propiedad anteriores
a la partición y que hallaron en archivos turcos legados del Imperio Otomano.
Hoy se sabe que mucha de esa papelería, sobre cuya autenticidad antes los turcos
callaban, es apócrifa.
El centenar de árabes que se han quedado sin techo y que vive en carpas en
barrios como Silwan, es el rostro más antipático de una ofensiva que se coronó
esta semana cuando el gobierno de Benjamin Netanyahu autorizó la construcción de
1.600 viviendas en Jerusalén Este, un territorio que Israel se anexó en la
Guerra de los Seis Días de 1967, acción que la comunidad internacional jamás
aceptó. No es casual que la autorización para esas viviendas se haya producido
cuando visitaba el país el vicepresidente norteamericano Joe Biden. La intención
fue por un lado involucrar a la Casa Blanca y por el otro, dar una señal rotunda
que desaliente cualquier límite a la estrategia de ocupación que impulsa este
gobierno israelí. Según el diario Haaretz y la prestigiosa ONG israelí
anticolonización Ir Amim, la alcaldía de Jerusalén, que rutinariamente desmintió
la información, proyecta construir 50.000 nuevas viviendas en la parte oriental
de la ciudad en un emprendimiento que auspicia una controvertida organización
ortodoxa israelí llamada Elad.
Esas medidas, sumadas a un maltrato creciente hacia los árabes israelíes o la
inclusión de la tumba de Raquel en Belén y la de los patriarcas en Hebrón, -dos
ciudades palestinas-, entre los sitios de la memoria histórica del pueblo judío,
son baldes de nafta sobre un fuego que va creciendo y puede acabar en una
intifada o un conflicto generalizado que a la postre justifique una nueva toma
territorial.
En Cisjordania, donde debe construirse el Estado Palestino, vive ya medio millón
de colonos israelíes y la cifra crece incesantemente, arrebatándole todo
contenido ya no solo al nombre de esa necesaria estructura nacional ausente sino
a la posibilidad misma de que el nombre signifique lo que debe ser en algún
momento de la historia.