nos impuestos tal vez próximos a los 90.000 millones de dólares (62.000
millones de euros) cubrirán las pérdidas derivadas de los sectores del automóvil
y los seguros, así como de los programas de ayuda al mercado inmobiliario.
Cierto, los bancos (y todos los demás) se beneficiaron de las actuaciones del
Gobierno para combatir la crisis, y alguien tiene que pagar por ello. Es
probable que, a la larga, sean los clientes de los bancos.
El “impuesto de responsabilidad” generará un gran debate y posiblemente se
modifique antes de su promulgación. Pero bajo su forma actual, que afecta a los
activos excepto al capital Tier 1 y a los depósitos domésticos, la estructura
fiscal es desfavorable para los brókeres, debido a su gran dependencia de la
financiación mayorista, y para entidades como Citigroup, que cuentan con una
amplia base de depósitos no asegurados en el extranjero.
Es verdad que como porcentaje de la totalidad de los posibles beneficios, el
gravamen parece gestionable –Morgan Stanley sitúa el impacto anual en torno a
entre el 2% y el 7% de los beneficios anualizados, antes de provisiones, de los
mayores bancos estadounidenses en el tercer trimestre–. Pero sus precedentes y
longevidad resultan inquietantes. El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie
Dimon, recuerda que EEUU podría afrontar otra crisis antes del vencimiento de
este impuesto.
Penalizaciones de este tipo pueden reducir el crédito bancario. Si el
impuesto se calcula sobre una base continuada, los incentivos para reducir los
balances, y competir con más energía por los depósitos estadounidenses, aumenta.
Entretanto, los depósitos
internacionales se encarecen, mientras que el atractivo de los vehículos fuera
de balance, quizás, puede aumentar. Lo primero será determinar a quién afecta
exactamente el gravamen. Lo siguiente, sin lugar a dudas, será la minimización
de su impacto. Hoy es un buen día para asesores, abogados y contables.