El debate sobre la supuesta existencia de un programa nuclear iraní de
carácter militar no es otra cosa que una cortina de humo. Las grandes potencias
interrumpieron su transferencia de tecnología a Irán desde la caída del Sha y la
Revolución Islámica condenó el principio de la bomba atómica. Las supuestas
sospechas occidentales no son sino maniobras tendientes a aislar a un Estado que
no acepta la dominación, militar y energética, de las potencias nucleares y el
derecho de veto que esas mismas potencias ejercen en el Consejo de Seguridad de
la ONU.
Por Thierry Meyssan - Red Voltaire
La Casa Blanca divulgó un expediente de prensa que supuestamente explica a los
periodistas qué es la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU [1].
Como de costumbre, los grandes medios de la prensa occidental se han hecho eco
del contenido de ese documento y de la gigantesca campaña de publicidad montada
en torno a él, sin la menor reflexión crítica.
Según la prensa occidental –o sea, según la Casa Blanca, cuyos términos repite
como una cotorra la prensa occidental– la resolución fue adoptada por «una base
muy amplia» y constituye «una respuesta a la constante negativa de Irán a
plegarse a sus obligaciones internacionales en lo tocante a su programa
nuclear». Veamos cuál es la realidad.
De los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 12 votaron a favor (incluyendo a
los 5 miembros permanentes), 1 se abstuvo y 2 votaron en contra [2]. Tras esa
«base muy amplia» se esconde en realidad la aparición de una nueva tendencia:
por vez primera en la historia del Consejo de Seguridad de la ONU, un bloque de
naciones emergentes (Brasil y Turquía, con el apoyo del conjunto de países no
alineados) se enfrentó a los miembros permanentes (China, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Rusia) y a los vasallos de estos últimos. O sea, esa
«unanimidad menos dos votos» expresa en realidad la existencia de una fractura
entre el directorio de los Cinco Grandes y lo que nuevamente debemos llamar el
Tercer Mundo (por analogía con el Tercer Estado [3]), que son aquellos países
cuya opinión no se toma en cuenta.
Brasil desempeñó un papel protagónico en la elaboración del Tratado de
Tlatelolco, documento que estipula que América Latina es una «zona
desnuclearizada». Turquía se esfuerza por hacer del Medio Oriente otra «zona
desnuclearizada». Nadie duda de la sinceridad de Brasil y Turquía en cuanto a su
oposición a la proliferación de las armas nucleares. Nadie duda tampoco que
Turquía, país que tiene una frontera común con Irán, se mantiene especialmente
vigilante para impedir que Teherán obtenga la bomba atómica.
¿Cómo se explican entonces los votos de Brasil y Turquía contra la resolución
1929? Como veremos más adelante, la problemática que plantean las grandes
potencias no es otra cosa que una cortina de humo tendiente a esconder el debate
de fondo en el que Irán y los países no alineados cuestionan los privilegios de
esas mismas potencias.
El mito de la bomba iraní
En tiempos
del sha Reza Pahlevi, Estados Unidos y Francia instauraron un vasto programa
tendiente a dotar a Teherán de la bomba atómica. Se admitía, debido a la
historia misma de Irán, que no se trataba de un Estado expansionista y que las
grandes potencias podían confiarle sin peligro ese tipo de tecnología.
A pesar de lo anterior, los occidentales interrumpieron el programa a principios
de la Revolución Islámica, lo cual dio lugar a un largo litigio financiero
alrededor de la empresa Eurodif. Las autoridades iraníes afirman que nunca se
retomó aquel programa.
El ayatola Khomeini y sus sucesores condenaron la fabricación, almacenamiento y
uso de armas nucleares, e incluso la amenaza de recurrir a ella, como actos
contrarios a los valores religiosos de la fe islámica. Según ellos, el uso de
armas de destrucción masiva que matan indistintamente a civiles y militares, a
partidarios y adversarios de un gobierno, es moralmente inaceptable. Dicha
prohibición adquirió fuerza de ley a través de la puesta en vigor del decreto
emitido por el Guía Supremo de la Revolución, el ayatola Khamenei, el 9 de
agosto de 2005.
Los dirigentes iraníes han dado ya muestras de su respeto por ese principio, y
lo han hecho de forma que ha costado además muy caro al pueblo iraní. Durante la
guerra que emprendió Irak contra Irán (de 1980 a 1988), Sadam Husein dio orden
de disparar andanadas de misiles no dirigidos contra las ciudades iraníes. El
ejército iraní respondió haciendo lo mismo… hasta que se produjo la intervención
del imam Khomeini. El imam Khomeini ordenó el cese del lanzamiento de misiles
iraníes, invocando el principio anteriormente expuesto, y prohibió todo
lanzamiento indiscriminado de misiles sobre las ciudades enemigas. Irán prefirió
sufrir una guerra de más larga duración antes que ganarla mediante el uso de
armas que mataban indiscriminadamente [4].
Conociendo el modo de funcionamiento de ese país, no parece posible que un grupo
de individuos hayan podido pasar por alto la noción teológica anteriormente
mencionada e incluso la memoria de los mártires de aquella guerra para instaurar
un vasto programa secreto de investigación y fabricación de la bomba atómica.
La posición iraní es incluso anterior a la legislación internacional. No fue
hasta 1996 que la Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció el
carácter criminal de toda destrucción masiva y estipuló que el principio mismo
de la disuasión nuclear, o sea la amenaza de perpetrar un crimen, constituye en
sí mismo un crimen [5]. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya no es, sin embargo, de obligatorio cumplimiento sino que tiene únicamente
un carácter de consulta, razón por la cual las grandes potencias no la tienen en
cuenta [6].
El mito de un supuesto programa nuclear iraní de carácter militar fue fabricado
por los anglosajones después de las invasiones, también orquestadas por los
anglosajones, contra Afganistán e Irak. El plan estratégico anglosajón consistía
en apresar posteriormente a Irán en una tenaza conformada por sus dos vecinos.
En aquel momento, los servicios estadounidenses y británicos diseminaron
informaciones falsas sobre ese tema, al igual que lo habían hecho anteriormente
sobre el supuesto programa de armas de destrucción masiva de Sadam Husein. Los
datos transmitidos a los aliados y a la prensa provenían por lo general de un
grupo de exiliados iraníes, los llamados Muyahidines del Pueblo. Posteriormente
resultó que aquellos exiliados inventaban sus informaciones en función de las
necesidades. Se trataba de individuos que vivían en Irak y que, ni siquiera
recurriendo al apoyo de familiares residentes en el país, tenían la posibilidad
real de penetrar en Irán la organización, extremadamente compartimentada, de los
Guardianes de la Revolución. Hoy en día, los expertos estadounidenses reconocen
que aquella fuente carecía de valor. Los únicos que siguen creyendo en ella son
los neoconservadores y los servicios secretos franceses, que protegen en Francia
la sede mundial de los mencionados Muyahidines [7].
Esa maniobra de intoxicación fue lo que sirvió de basamento al voto de las
resoluciones 1737 (el 23 de diciembre de 2006) [8] y 1747 (el 24 de marzo de
2007) [9].
Washington abandonó las acusaciones contra Irán el 3 de diciembre de 2007,
cuando el almirante John Michael McConnell, director nacional de la inteligencia
estadounidense, hizo público un informe de síntesis. Aquel documento señalaba
que hacía años que Irán había abandonado todo programa nuclear de carácter
militar y que, de retomarlo, nunca sería capaz de producir una bomba atómica
antes de 2015, cuando más [10]. Con la publicación de aquel informe, el
almirante McConnell no buscaba simplemente poner fin a la polémica sino que
pretendía, sobre todo –y conforme a la línea de un grupo de oficiales superiores
reunidos alrededor del viejo general Brent Scowcroft– suspender el proyecto de
guerra contra Irán, dado que Estados Unidos no disponía ya en aquel momento de
los medios económicos y militares necesarios [11]. Nuestros lectores recuerdan
seguramente nuestro análisis de aquellos acontecimientos publicado en estas
mismas columnas, donde anunciamos el cambio de política que iba a producirse en
Washington 6 horas antes de la sorpresiva publicación de aquel informe [12].
El almirante William Fallon, comandante del CentCom, y sus homólogos iraníes
llegaron entonces a un acuerdo, con el consentimiento del ya entonces secretario
de Defensa Robert Gates, bajo la supervisión del inspirador de los oficiales
superiores, el general Scowcroft. Se había trazado un escenario de distensión
destinado a permitir que Estados Unidos pudiera salir de Irak con la frente en
alto. Pero el clan Bush-Cheney, esperanzado aún con aquella guerra, logró
obtener la adopción de nuevas sanciones contra Irán con la resolución 1803 (el 3
de marzo de 2008) [13], a la que inmediatamente siguió la renuncia del almirante
Fallon [14]. Y de nuevo, seguramente recordarán nuestros lectores aquel
episodio, que nosotros describimos detalladamente en estas mismas columnas [15].
Y finalmente se produjo el intento del clan Bush-Cheney por eludir la oposición
del Estado Mayor estadounidense poniendo el ataque contra Irán en manos de
Israel. Fue en función de ese objetivo que las fuerzas armadas israelíes
alquilaron dos bases aéreas militares en Georgia, desde las cuales sus
bombarderos hubiesen podido atacar Irán sin necesidad de reabastecerse en vuelo.
Pero aquel proyecto se vio bruscamente interrumpido por la guerra de Osetia del
Sur y el bombardeo de las bases israelíes en Georgia por parte de Rusia.
En definitiva, el general Scowcroft y su protegido, Barack Obama, se apoderaron
de aquella polémica y la utilizaron para hacer llevar adelante sus propios
planes. Ya no se trataba de preparar una guerra contra Irán sino de presionar
fuertemente a Teherán para obligarlo a cooperar con los anglosajones en
Afganistán y en Irak. En efecto, las fuerzas occidentales se empantanaron en
aquellos dos teatros de operaciones, mientras que los iraníes gozan de gran
influencia entre las poblaciones azeríes afganas y los chiítas iraquíes.
Lo interesante es que el general Scowcroft, el mismo que desinfló el mito
nuclear iraní en diciembre de 2007 y recibió como una bofetada las sanciones
contra Irán en marzo de 2008, se ha convertido ahora, en 2010, en el gran
propagandista de esas mismas sanciones.
La independencia energética de los Estados emergentes
La
preocupación de Irán por su independencia energética data de hace 60 años. Ya en
tiempos de la monarquía imperial, el primer ministro Mohammad Mosaddegh
nacionalizó la Anglo-Iranian Oil Company y expulsó a la mayoría de los
consejeros y técnicos británicos. Desde su punto de vista, similar al de otros
súbditos del sha, el objetivo de su acción no era tanto recuperar una fuente de
financiamiento como garantizar al país los medios necesarios para su desarrollo
económico. El petróleo iraní debía garantizar el crecimiento de la industria
iraní.
Considerándose perjudicado, Londres llevó el caso ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. Y lo perdió. Los británicos recurrieron entonces a Estados
Unidos para organizar un golpe de Estado [16]. Al término de la «operación Ajax»,
Mosaddegh fue arrestado y reemplazado en el poder por el general ex nazi
Fazlollah Zahedi. El régimen del sha se convirtió entonces en el más represivo
del planeta.
La Revolución Islámica que derroca al sha retoma aquella exigencia de
independencia energética. Anticipándose al agotamiento de sus recursos
petrolíferos, Teherán incluye en su vasto programa de investigación científica y
técnica la investigación nuclear de carácter civil, teniendo sobre todo en
cuenta que, según los geólogos iraníes, el país parece disponer en abundancia de
uranio utilizable, riqueza más importante que el petróleo.
Al no disponer de combustible nuclear, Teherán lo obtiene gracias al presidente
argentino Raúl Alfonsín. Se firman tres acuerdos con Argentina, en 1987 y 1988.
Las primeras entregas de uranio enriquecido al 19,75% tienen lugar en 1993 [17].
Pero los acuerdos con Argentina se interrumpen por causa de los atentados de
Buenos Aires, en 1992 y 1994, atribuidos a Irán pero probablemente perpetrados
por el Mossad [israelí] que se había instalado en Argentina durante la dictadura
del general Videla [18].
En 2003, Irán firma el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación
Nuclear, que toma en cuenta los progresos científicos. En virtud de las nuevas
disposiciones, los firmantes deben notificar al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) las instalaciones que tienen en construcción, mientras
que en el pasado no estaban obligadas hasta 6 meses antes de su puesta en
marcha. Debido al cambio de reglas, Teherán confirma la construcción, entonces
en marcha, de las nuevas unidades de Natanz y Arak. Como el Protocolo Adicional
no incluye medidas transitorias para pasar de un sistema jurídico al otro, el
entonces presidente Mohammed Khatami acepta discutir las modalidades con un
grupo de contacto integrado por la Unión Europea, Alemania, Francia y Gran
Bretaña (UE+3) y suspende el enriquecimiento de uranio como muestra de su deseo
de resolver la situación.
Al ser electo como presidente de la República Islámica, a mediados de 2005,
Mahmud Ahmadinejad estima que su país ha concedido al OIEA suficiente tiempo
para la realización de las inspecciones necesarias para la transición y que el
Grupo de los Tres ha retrasado el proceso de forma voluntaria como medio de
prolongar indefinidamente la moratoria iraní. Y decide por lo tanto retomar el
proceso de enriquecimiento de uranio.
A partir de ese momento, los europeos –que consideran con desprecio a Irán como
el «régimen de los ayatolas» [19]– afirman que los iraníes han faltado a su
palabra. La administración Ahmadinejad señala por su parte que, como todos los
gobiernos del mundo, su compromiso es cumplir con los tratados ratificados por
el parlamento nacional, no con la política de la anterior administración. Y
comienza entonces el conflicto jurídico. Alemania, Francia y Gran Bretaña
obtienen el apoyo del G8 y convencen a la Junta de Gobernadores del OIEA para
que lleve el litigio al Consejo de Seguridad de la ONU.
El voto del 4 de febrero de 2006 en el seno de la Junta de Gobernadores del OIEA
es una anticipación del que tendría lugar el 9 de junio de 2010 en el Consejo de
Seguridad de la ONU. Las grandes potencias conforman un bloque mientras que
Cuba, Siria y Venezuela votan en contra.
Furiosa ante la humillación, la administración Ahmadinejad decide retirar la
firma iraní del Protocolo Adicional. Ese acto hace caducos los compromisos de la
administración Khatami y cierra la polémica con el grupo UE+3. El Consejo de
Seguridad de la ONU replica exigiendo una nueva suspensión del enriquecimiento
de uranio (resolución 1696 del 31 de julio de 2006) [20]. A la luz del derecho
internacional esa resolución carece de todo basamento jurídico ya que la Carta
de las Naciones Unidas no autoriza al Consejo de Seguridad para exigir que un
Estado miembro renuncie a uno de sus derechos para «restablecer la confianza» de
otros Estados hacia él.
Desde entonces, Irán –con el apoyo de 118 Estados no alineados– se niega a
someterse a las sucesivas exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU
basándose para ello en el artículo 25 de la Carta de la ONU. Esta estipula, en
efecto, que los Estados miembros no están obligados a aceptar las decisiones del
Consejo de Seguridad cuando dichas decisiones no se corresponden con el
contenido de la Carta. Sutilmente, el debate jurídico internacional ha pasado,
del control del programa iraní por el OIEA, a convertirse en una prueba de
fuerza entre las grandes potencias y las potencias emergentes. O más bien ha
regresado al punto de partida de los años 1950 ya que la cuestión del control
por parte del OIEA no es más que un episodio en la lucha entre las potencias
dominantes y el Tercer Mundo.
Después del petróleo, el uranio
La
similitud entre el comportamiento de ayer de las grandes potencias ante el
petróleo iraní y su actual comportamiento ante el uranio iranio resulta
impresionante.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los anglosajones impusieron a Irán contratos
leoninos para extraer su petróleo sin pagarlo a un precio justo [21]. También
impidieron que Irán se dotara de grandes refinerías para procesarlo, de forma
tal que los iraníes tenían entonces que pagar altos precios por la gasolina que
la British Petroleum producía refinando en el extranjero el petróleo que les
robaba.
Hoy en día, las grandes potencias pretenden prohibir que Irán pueda enriquecer
su uranio para convertirlo en combustible. De esa manera Irán no tendría la
posibilidad de utilizar sus propias riquezas minerales y se vería obligado a
venderlas a bajo precio. En 2006, los anglosajones impusieron al Consejo de
Seguridad una resolución que exige que Teherán suspenda sus actividades
vinculadas al enriquecimiento, incluyendo la investigación y desarrollo. Y
después le propusieron a Irán comprarle el uranio en bruto y venderle uranio
enriquecido.
La reacción de Mahmud Ahmadinejad ante ese chantaje es exactamente la misma que
la de Mohandas K. Gandhi ante una situación similar. Los británicos prohibían a
los indios tejer el algodón. Les compraban entonces a bajo precio el algodón que
les prohibían utilizar y les vendían a altos precios las telas fabricadas en
Manchester con el algodón indio. El Mahatma Gandhi violó la ley imperial y
procesó él mismo el algodón utilizando una rueca rudimentaria, que se convirtió
así en el símbolo de su partido político. De la misma manera, los ingleses
habían instaurado un monopolio sobre la explotación de la sal y cobraban un
exorbitante impuesto por ese producto de primera necesidad. Gandhi violó la ley
imperial, atravesando el país en una épica marcha, y fue él mismo a recoger la
sal. Fue a través de ese tipo de acciones que la India logró recuperar su
soberanía económica.
Es en ese contexto que deben analizarse las enérgicas declaraciones que hizo
Mahmud Ahmadinejad en el momento de la puesta en marcha de las centrífugas
iraníes. Sus declaraciones expresan la voluntad de Irán de explotar por sí mismo
sus propios recursos minerales y de dotarse así de la energía indispensable para
garantizar su desarrollo económico.
En todo caso, en el Tratado de No Proliferación nada prohíbe el enriquecimiento
de uranio [22].
El Protocolo de Teherán
En ocasión
de la cumbre de Washington sobre la seguridad nuclear (los días 12 y 13 de abril
de 2010), el presidente de Brasil, Lula da Silva, propone sus buenos oficios a
su homólogo estadounidense, y le pregunta qué tipo de medida pudiera restablecer
la confianza y parar la espiral de resoluciones del Consejo de Seguridad.
El señor Lula da Silva, quien aspira a convertirse en secretario general de la
ONU, actúa como intermediario entre las grandes potencias y las pequeñas.
Sorprendido, el presidente Obama se reserva momentáneamente su respuesta.
Finalmente, Obama envía una carta a Lula da Silva, el 20 de abril de 2010 [23].
En ella indica que una medida que se había negociado en 2009, y que fue
posteriormente abandonada, arreglaría las cosas. Irán podría cambiar el uranio
insuficientemente enriquecido por uranio ligeramente enriquecido. Ese
intercambio pudiera tener lugar en un tercer país, como Turquía, por ejemplo.
Eso permitiría que Teherán alimentara su reactor con fines médicos sin necesidad
de realizar él mismo el proceso de enriquecimiento del uranio. El señor Obama
hizo llegar una carta similar a su homólogo turco, documento que no se hizo
público.
El presidente de Brasil viaja inmediatamente a Moscú, donde, en el marco de una
conferencia de prensa común, el presidente ruso Medvedev confirma (el 14 de
mayo) que desde el punto de vista ruso esa medida sería considerada como una
solución aceptable [24]. El señor Lula da Silva se une al primer ministro turco
en Teherán, donde se firma el esperado documento con el presidente Ahmadinejad
(el 17 de mayo) [25].
Mahmud Ahmadinejad confirma entonces que, si se aplica el acuerdo, su país no
tendrá necesidad de proceder al enriquecimiento de uranio pero que, ante una
posible ruptura del Protocolo, Irán debe aprender a dominar esa técnica. Irán
proseguirá por lo tanto sus investigaciones.
En un giro de 180 grados, Washington presenta entonces en el Consejo de
Seguridad un proyecto de resolución que ya había negociado por antemano con los
demás miembros permanentes. Luego de 3 semanas de melodrama, el Consejo somete a
debate ese texto, casi tal y como había sido presentado. Únicamente para guardar
las formas, los negociadores occidentales envían por fax a Teherán sus
observaciones sobre el Protocolo, sólo 4 horas antes de la apertura de la
reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York [26]. Ya no quieren un acuerdo
temporal sino que exigen que Irán renuncie totalmente a la técnica de
enriquecimiento del uranio. El Consejo de Seguridad adopta la resolución 1929
con los votos favorables de los miembros permanentes, incluyendo los de Rusia y
China (el 9 de junio) [27].
Es un duro golpe para Brasil, Turquía, Irán y los 118 países no alineados que
los apoyan. Es evidente que lo que quieren las grandes potencias no es impedir
que Irán pueda enriquecer uranio para fabricar bombas, sino impedir el acceso de
Irán a una tecnología que garantizaría su independencia.
Las consecuencias de la resolución 1929
Las
contradicciones internas de los dirigentes rusos se manifiestan en los días
posteriores. Una avalancha de declaraciones contradictorias confirman y niegan
que el embargo previsto en la resolución 1929 se aplique también a las entregas
de misiles tierra-aire rusos S-300. Finalmente, el presidente Medvedev decide
interrumpirlas, lo cual implica que, desde el punto de vista técnico, un posible
bombardeo contra Irán se convierte en una opción militar creíble.
Washington prosigue la escalada agregando a las sanciones de la ONU sus propias
sanciones, y la Unión Europea sigue su ejemplo. Este nuevo dispositivo busca
privar a Teherán de la energía necesaria para la economía de su país. En él se
prohíbe a las empresas que tienen intereses en Occidente la venta a Teherán de
gasolina refinada o de cualquier otro tipo de combustible [28]. Como primera
consecuencia de esas medidas unilaterales, la empresa francesa Total se ve
obligada a retirarse de Irán. El ministro brasileño de Relaciones Exteriores,
Celso Amorim, anuncia por su parte que las empresas agroindustriales de su país
no pueden arriesgarse a proporcionar etanol a Irán. Ambos anuncios constituyen
verdaderas catástrofes económicas, no sólo para los iraníes, sino también para
franceses y brasileños.
Moscú entra entonces en estado de ebullición. Los partidarios del primer
ministro Vladimir Putin se sienten engañados. Para ellos, las sanciones contra
Irán no deben desestabilizar el país. Ellos habían admitido la posición del
presidente Dimitri Mevdeved a favor de la cooperación con Estados Unidos con la
condición de que las sanciones serían solamente las de la ONU. Y ahora se ven
ante el hecho consumado: la resolución del Consejo de Seguridad está siendo
utilizada para justificar las medidas unilaterales de Washington y de la Unión
Europea tendientes a asfixiar a Irán. En audiencia ante el Senado, el secretario
estadounidense de Defensa Robert Gates se congratula por la confusión que reina
en el Kremlin y ante el «enfoque esquizofrénico» de la cuestión iraní por parte
de Rusia.
Alemania también apuesta por la escalada. La canciller Angela Merkel ordena la
confiscación de los materiales destinados a la construcción de la central
nuclear de Busher y la detención de los ingenieros rusos que estaban reuniendo
dichos materiales. En Moscú, la tensión va en aumento y el embajador ruso en la
ONU lanza un llamado a la razón a sus interlocutores del Consejo de Seguridad.
En Pekín, las cosas no parecen tampoco muy claras. China aceptó votar la
resolución 1929 a cambio de que Washington renunciara a nuevas sanciones contra
Corea del Norte. Pekín, que no creía tener posibilidades de asumir
simultáneamente la defensa de Teherán y de Pyongyang, cedió terreno inútilmente
ya que Estados Unidos vuelve a la carga en la reunión del G8, en Toronto.
En Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (iraní) subraya en una
declaración que el Consejo de Seguridad de la ONU carece de competencia para
adoptar la resolución 1929 [29]. Desde Caracas, el presidente de Venezuela Hugo
Chávez anuncia que su país no aplicará una decisión que carece de basamento
jurídico. Concretamente, Caracas proveerá gasolina a Teherán y le propondrá los
servicios bancarios que le están siendo negados.
Irán decide manifestar su enfado posponiendo por un mes toda nueva negociación y
estableciendo condiciones para la reanudación de las conversaciones. Teherán
invierte la retórica dominante aceptando discutir sobre la aplicación del
Tratado de No Proliferación como medio de «restablecer la confianza» de los
occidentales, a condición de que a su vez éstos últimos «restablezcan la
confianza» de Irán y de los no alineados. El presidente Ahmadinejad exige para
ello que los negociadores emitan una declaración que no debería plantearles
ningún problema, si son de buena fe, y que eliminaría la sospecha sobre la
aplicación de una política de «doble rasero». Se trata de que exijan que Israel
firme el Tratado de No Proliferación (y que acepte por lo tanto el régimen de
inspecciones del OIEA y la desnuclearización progresiva) y que se comprometan
ellos mismos a aplicar el Tratado de No Proliferación (o sea que comiencen desde
ahora a destruir sus propios arsenales nucleares).
Visto desde Occidente, esto parece una respuesta dilatoria: Teherán pone
condiciones irrealistas que manifiestan su deseo de ruptura. Visto desde el
Tercer Mundo, Teherán pone el dedo en la contradicción fundamental del Tratado
de No Proliferación, que desde hace más de 40 años permite que las grandes
potencias conserven su ventaja nuclear, tanto militar como civil, para dominar
el mundo mientras que impide el acceso de las potencias emergentes al club
nuclear.
De forma nada sorprendente, Washington reacciona reactivando la polémica. El
director de la CIA, Leon Panetta, declara en un programa de gran audiencia que,
según recientes informaciones, Irán ya dispone de uranio ligeramente enriquecido
en cantidad suficiente como para fabricar bombas [30].
La acusación es absurda
ya que Irán sólo dispone de uranio a menos del 20%, mientras que las bombas
atómicas se fabrican con uranio enriquecido al 70 e incluso al 85%. Poco
importan los hechos y la lógica. «El más fuerte siempre tiene la razón».
Conclusión
31 años
después del comienzo de la Revolución Islámica, Irán no se ha desviado de su
rumbo. A pesar de la guerra que las grandes potencias le impusieron a través de
sus intermediarios, a pesar de embargos y sanciones de todo tipo, Irán sigue
cuestionando el orden actual de las relaciones internacionales y sigue luchando
por su independencia y por la de las demás naciones. Si se hace un recuento de
las pasadas intervenciones de los diplomáticos y dirigentes iraníes ante la ONU,
se observa en ellas que han venido denunciando constantemente el control que las
grandes potencias ejercen sobre el resto del mundo gracias a su condición de
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y mediante su derecho de
veto en el seno de ese órgano. Y la relectura de la prensa occidental demuestra
que esta última se limita a reportar un escándalo tras otro como medio de
escamotear las declaraciones de los diplomáticos y dirigentes iraníes [31]
En ese contexto, la posición iraní sobre la cuestión nuclear no ha cambiado sino
que ha ganado en profundidad. Irán ha propuesto convertir el Medio Oriente en
una zona desnuclearizada y Teherán no ha dejado de promover ese proyecto, que
sólo ahora acaba de ser sometido a examen en la ONU a pesar de la violenta
oposición de Israel [32]. Irán ha emprendido numerosas iniciativas en aras de
que los países del Tercer Mundo aúnen sus puntos de vista sobre el tema nuclear.
La más reciente de esas iniciativas ha sido la Conferencia Internacional sobre
el Desarme Nuclear organizada por Irán en abril de 2010 [33].
El problema central en todo este asunto no es Irán sino la negativa de las
grandes potencias a asumir sus propias obligaciones como firmantes del Tratado
de No Proliferación, o sea a destruir lo más rápidamente posible sus propios
arsenales nucleares. En vez de emprender ese camino, la administración Obama
acaba de publicar su nueva doctrina nuclear, que prevé el uso del arma atómica
no sólo como respuesta a un ataque nuclear, sino a título de primer golpe contra
los Estados no nucleares que le oponen resistencia.
(*)Thierry Meyssan
Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la
conferencia Axis for Peace. Última obra publicada en español: La gran impostura
II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila
Editores, 2008).