“Nuestros países tienen un ADN
extractivista; se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, a
exportar materias primas y a perder en el comercio internacional”, explicó el ex
presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador Alberto Acosta a delegados
de organizaciones de Bolivia, Perú, Brasil, México, Colombia, Chile y Ecuador en
el II Foro regional auspiciado por la Plataforma Energética de Bolivia.
Plataforma de Política Energética - EcoPortal.net
Basta
de retórica del “buen vivir”, ya es hora de que los pueblos decidan cómo
invertir los ingresos de los países con “ADN extractivista”, exhorta el II Foro
de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
Ecuador y Bolivia nacieron como Repúblicas libres e independientes en el siglo
XIX; se declararon Estados nacionales soberanos en el siglo XX, y al comenzar el
siglo XXI se refundaron como Estados Plurinacionales pro “socialistas”, pero
hasta el día de hoy se insertan al mercado internacional como meros proveedores
de recursos naturales, tan sumisos y dependientes como las semicolonias de hace
dos siglos, evaluaron investigadores y expertos de siete países en el II Foro de
la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas celebrado la pasada semana
en La Paz.
“Nuestros países tienen un ADN extractivista; se han acostumbrado a vivir de la
renta de la naturaleza, a exportar materias primas y a perder en el comercio
internacional”, explicó el ex presidente de la Asamblea Constituyente del
Ecuador Alberto Acosta a delegados de organizaciones de Bolivia, Perú, Brasil,
México, Colombia, Chile y Ecuador en el II Foro regional auspiciado por la
Plataforma Energética de Bolivia.
Los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa escriben y hablan mucho del “buen
vivir” y de una relación armónica con la naturaleza, pero todos sus planes de
“desarrollo” y “crecimiento” económico se sustentan en un creciente
“neoextractivismo” de recursos naturales no renovables con impactos ambientales
cada vez más agudos, describió Acosta.
Las empresas petroleras de los Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia
operan “con la misma lógica que las transnacionales, especialmente en su
relación con los pueblos indígenas”, y los presidentes Morales y Correa apuestan
otra vez por el desarrollismo exportador de materias primas, un modelo
“empobrecedor” que fracasó históricamente.
Lo que más preocupa es el derroche irresponsable de la renta minera y petrolera
en el financiamiento de una especie de “bonocracia” clientelar, observó Acosta.
“No hay una discusión seria y profunda en nuestros países sobre lo que queremos
hacer con la renta petrolera… En los últimos años el dinero no se orientó a
cerrar brechas de desarrollo o a mejorar la igualdad; se utilizó en gasto
corriente y en pagar burocracia”, criticó la experta mexicana Rocío Moreno.
Pareciera que los gobiernos de América Latina utilizan los ingresos de la
explotación de recursos naturales para distraer a la gente, postergando y hasta
eludiendo las grandes reformas pendientes en los sectores fundamentales de la
economía.
El mal uso de la renta minera y petrolera
En América Latina existen formas muy heterogéneas de distribución de la renta
petrolera y minera, pero el uso de estos recursos no ha permitido cerrar las
grandes brechas de inequidad y atraso existentes, ni tampoco impulsar el
desarrollo socioeconómico en ningún país de la región, advirtió el experto
colombiano Fabio Velásquez.
“Hemos extraído mucho petróleo y hemos recibido mucho dinero y grandes créditos,
pero el resultado ha sido muy pobre: no hay desarrollo, hay pobreza masiva y los
impactos ambientales son alarmantes, hay contaminación ambiental, deforestación
masiva, daños a la salud y enfermedades”, recalcó Alberto Acosta.
Se necesitarían varios libros para describir sólo los graves impactos
socioambientales de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía
latinoamericana, por ejemplo los alarmantes daños ambientales provocados por
Texaco que dejó un pasivo ambiental de al menos 26 mil millones de dólares en
Ecuador, o el aumento de la contaminación en varias zonas productoras de
Bolivia.
Son aún más negativos los impactos sociales del extractivismo en las zonas
productoras que continúan sumidas en la extrema pobreza debido a la apropiación
de la renta petrolera por parte de las transnacionales, que en la larga noche
neoliberal se llevaban más del 80 por ciento de las ganancias.
“En Perú la participación del Estado en la renta que generan las industrias
extractivas ha sido insuficiente, especialmente en el sector minero. La crisis
del 2008 afectó las utilidades y la participación del Estado; luego las empresas
se beneficiaron con la mayor parte de las ganancias extraordinarias que
permitieron los altos precios; y en 2009 las cifras oficiales muestran que su
aporte apenas fue del orden del 11 por ciento”, aseguró el experto peruano
Epifanio Baca.
Velásquez consideró que el “boom” petrolero y minero como resultado de los
elevados precios en el mercado internacional no se aprovechó para superar la
pobreza regional ni para abrir las sendas del desarrollo; y “no parece ir a
cerrar brechas sociales, de género, étnicas, territoriales, ni a disminuir la
pobreza y la desigualdad”.
En Bolivia, el plan energético gubernamental hace énfasis en la exportación de
gas y petróleo de forma excesiva y peligrosa, en la búsqueda frenética de renta
para cubrir obligaciones internas tales como los subsidios a los carburantes,
los bonos sociales y la inversión pública en las regiones, señalaron el
especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Julio Linares y el experto Juan Carlos Guzmán.
Linares y Guzmán coincidieron en que el gobierno de Evo Morales brega por
convertir al país en el “centro exportador de energía de la región”, pero presta
escasa atención al mercado interno, cada vez importa más carburantes, pierde
autarquía energética y está lejos de concretar la ansiada industrialización de
los hidrocarburos.
La forma en la que el Estado boliviano invierte los ingresos generados por las
actividades extractivas tiene un carácter político, coyuntural y cortoplacista.
El creciente rentismo no permite sentar las bases de un sólido desarrollo
productivo, ni mucho menos superar la extrema dependencia de las materias primas
no renovables, observó Guzmán.
El problema más grave en Bolivia es la extrema dependencia del excedente de las
actividades extractivas, que tiende a generar una inquietante volatilidad de
ingresos fiscales, fuertes desequilibrios financieros regionales y una peligrosa
inercia fiscal, aseguró el especialista Linares.
En su criterio, “la inestabilidad en el precio internacional del petróleo
determina que la renta de hidrocarburos sea incierta… una eventual caída de
estos ingresos afectará a la gestión pública, preponderantemente a la de los
niveles autonómicos”. Además, la extrema dependencia de las transferencias de
recursos del nivel central no estimula la búsqueda de ingresos propios en las
administraciones autónomas.
Por si fuera poco, las crecientes expectativas regionales por controlar las
actividades extractivas, como el litio en Potosí o el hierro en Puerto Suárez,
junto a la presión de regiones “no productoras”, constituyen fuentes de
potenciales conflictos distributivos.
El camino hacia el post extractivismo
Las Constituciones Políticas de los Estados Plurinacionales de Bolivia y Ecuador
postulan economías post extractivistas, pero aun son muy fuertes e influyentes
los sectores políticos neo desarrollistas que dudan de la existencia de
alternativas “reales” a la explotación de recursos naturales.
Acosta reconoció que “no saldremos del extractivismo de la noche a la mañana”
porque no se pueden “cerrar todos los campos petroleros”, pero llamó a combatir
la “idea falsa” de que no es posible iniciar una “transición plural” hacia una
economía post extractivista.
Explicó que el post extractivismo no significa rechazar la explotación de
recursos naturales sino de “establecer los límites biofísicos de la explotación,
llegar a la sostenibilidad, eliminar la pobreza y su causa que es la opulencia”,
y avanzar hacia un economía post petrolera.
Argumentó que “el petróleo se está agotando y dadas las crecientes tasas de
consumo no podremos seguir siendo países exportadores de petróleo”. El cambio
climático y el pico de Hubbert demuestran que no es posible seguir extrayendo
combustibles fósiles a la velocidad actual, y que es preciso dejar de explotar
hidrocarburos en lugares de particular fragilidad ambiental y social como el
Yasuní, el Delta del Níger y en otros territorios de la Amazonía como el Madidi
en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala.
En este contexto hay que ubicar a la Iniciativa Yasuní-ITT, que abre la puerta a
la construcción de una economía post petrolera y post extractivista subordinada
a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, comentó Acosta.
El economista ecuatoriano propuso ejecutar varias reformas estatales que
permitirían “organizar el mundo de manera diferente” y aprovechar fuentes de
energía y de financiamiento alternativas a la industria extractiva, como por
ejemplo la hidroelectricidad que permitiría ahorrar “más de 2.600 millones de
dólares” en Ecuador.
Por otro lado, sugirió modificar sustancialmente la estructura de subsidios
vigentes en Ecuador para “superar aberraciones en el sector energético”, como
por ejemplo el subsidio del gas que alcanza a 600 millones de dólares y “que
beneficia sólo al 20% de los más pobres, y el 80% va para los grandes grupos de
poder”.
El debate sobre el mecanismo más adecuado para capturar una mayor renta destacó
en la agenda del II Foro de industrias extractivas y casi todos los expositores
plantearon modificar la estructura tributaria que castiga a los sectores de
bajos ingresos. “Los que más ganan y tienen contribuyen con una cantidad
porcentualmente menor en materia de impuestos”, apuntó Julio Linares.
Habría que ejecutar una reforma para elevar la presión tributaria de Ecuador de
13% hasta los niveles de otros países de la región como Bolivia (20%) o Chile
(25%), e incluso Europa (40%), y “también ampliar el impuesto a la renta de los
que más tienen y el impuesto a la herencia”, planteó Acosta. “Puede ser algún
mecanismo tributario, un impuesto a las ganancias extraordinarias o el pago
generalizado de regalías”, añadió Baca.
Los expositores II Foro de industrias extractivas coincidieron en que la
construcción de una nueva economía post capitalista no depende solamente de
reformas tributarias o del desarrollo de energías alternativas, sino básicamente
de la participación ciudadana en la administración de los crecientes ingresos
petroleros y mineros estatales.
Por eso es clave y urgente que los pueblos de la región desarrollen mecanismos
de control social efectivo, e impugnen las decisiones unilaterales e
improvisadas de sus gobiernos.