Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo
que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la
siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable
contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese
a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las
estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y
superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen
compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que
muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal
(incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado,
bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio
de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la
contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza
y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro
estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche,
órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen
trazas de ADN transgénico.
Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los
cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican
exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas
ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se
debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce
suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.
A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de
70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales
Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y
Syngenta. Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33
siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41
solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de
Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30.000 hectáreas. En el mismo
documento figuran otras 90.000 hectáreas en Tamaulipas, a las que
llamaexperimentales.
(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=
16092&idurl=25468).
Casi el 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados,
son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont
y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, solos o en combinación con otros.
El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al
herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup).
Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.
Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de
Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos
caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión de que el consumo de ese maíz
redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de
otros efectos. Éste y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales
de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria,
Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus
países.
Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las
trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos
insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de
siembra piloto de 10.000 hectáreas, contiene el gen 603.
Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno
mexicano son totalmente insuficientes para el riesgo que significa el maíz
transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en la consulta
pública que el gobierno colocó en Internet sobre algunas de las solicitudes.
Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles se plantearon
multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez que el gobierno desechó
sin explicaciones.
Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aun si esas
medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos
experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les
aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.
Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era
una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un
requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación
comercial.
Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora
solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni
siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además,
nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que
antes de siembras piloto, se deben tener los resultados de la fase experimental,
evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley
Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que
no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no
tienen ninguna.
(*) La autora es Investigadora del Grupo ETC