"La amenaza te cambia toda la
dinámica de vida", dice Jade Ramírez Cuevas, una periodista que vive hace meses
con ese yugo que cada día atenaza a un grupo mayor de profesionales de la
comunicación en México.
Por Daniela Pastrana - IPS
"Adquieres
protocolos de seguridad a los que no estabas acostumbrada, te sabes vulnerable y
eso cuesta mucho aceptarlo. Yo al principio cuestioné mucho lo que hacía, la
calidad de mi trabajo, y si debía continuar o no", contó a IPS.
Reportera y conductora de Radio Universidad de Guadalajara, en 2009 recibió
--junto con Priscila Hernández-- el Premioo Internacional de Periodismo Rey de
España, por un reportaje sobre discriminación en la aerolínea colombiana Avianca.
Su vida dio un vuelco en abril, cuando se ocupaba de la cobertura a un
movimiento comunitario que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica
de El Zapotillo, en el centro occidental estado de Jalisco, en el Pacífico
mexicano, del que Guadalajara es capital.
El 3 de ese mes, Ramírez y tres activistas de derechos humanos fueron increpados
por hombres armados que se presentaron como funcionarios federales, al terminar
una asamblea del pueblo en el lugar.
A la agresión directa le siguieron llamadas telefónicas a su casa, de madrugada,
en las que nadie respondía; correos electrónicos con amenazas de muerte, y la
presencia permanente de vehículos blindados a su alrededor.
Ramírez presentó una denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría
General de la República y ante la misma institución del estado. Su caso motivó
una alerta de Amnistía Internacional y medidas de protección que todavía tiene.
Hasta ahora, no se ha detenido a los responsables, aunque los hombres armados
fueron identificados y la amenaza por correo electrónico dejo rastro para los
investigadores.
En los últimos 10 años, 64 periodistas han sido asesinados en México y 12 más
están desaparecidos, de acuerdo con el recuento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, un organismo estatal autónomo.
El discurso oficial atribuye los asesinatos al crimen organizado y a la escalada
de violencia que ha generado la estrategia contra el narcotráfico del derechista
presidente Felipe Calderón, pero lo cierto es que no hay investigaciones
concluyentes que lo demuestren.
Por el contrario, en su último informe, el Centro de Periodismo y Ética Pública
(Cepet), organización que se ha dedicado a documentar las agresiones a
periodistas, señaló que éstas son, en su mayoría, cometidas por funcionarios de
los municipios, los estados y el gobierno central.
Sólo en 2009, Cepet contabilizó 140 hechos de violación a la libertad de
expresión que involucraron, al menos, a 19 medios de comunicación y a 183
periodistas, 13 de los cuales fueron asesinados.
En uno de cada tres ataques estuvieron involucrados policías o militares. "El
perfil de los agresores presenta una clara tendencia que apunta contra
autoridades, sobre todo del ámbito municipal en el interior de la República",
señala el informe.
El 7 de agosto, decenas de periodistas marcharon por Ciudad de México para
demandar garantías a la profesión y el alto a la impunidad en las agresiones
contra el gremio, bajo el lema "los queremos vivos".
Movilizaciones similares ocurrieron en una decena de ciudades, entre ellas
Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey Morelia y Coahuila, azotadas por la
violencia del narcotráfico.
La manifestación desbordó todas las expectativas. "Fue el primer acto pleno de
una generación emergente (...) desprendida de los clichés y taras de las
anteriores", escribió el periodista y conductor de televisión Ciro Gómez Leyva.
Junto con el periodista Ernesto Aroche, del estado de Puebla, Jade Ramírez leyó
junto a la emblemática columna del Ángel de la Independencia, en esta capital,
cada uno de los nombres de los colegas asesinados y desaparecidos, en un emotivo
homenaje gremial.
"Para mí la marcha fue muy importante, me dejó un poco de esperanza. Me da gusto
saber que no estoy tan sola", dijo a IPS.
"El hostigamiento te pone en la cuerda floja. Muchos compañeros dejan de
socializar contigo y hay amigos que dejan de ser tus amigos. Lo entiendo, tienen
miedo, pero te descubres sola y en las instituciones lo único que te dicen es:
'acostúmbrate'", detalló.
El gobierno ha hecho mutis ante la marcha y sus reivindicaciones.
El presidente Calderón no ha recibido a los relatores para la libertad de
expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la
Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, quienes en un hecho sin
precedentes iniciaron el día 9 una visita oficial conjunta al país, que
concluirá el día 24.
El día 13, en una reunión con diputados del Congreso legislativo, La Rue dijo
que deben reconocerse las fallas estructurales del Estado en materia de justicia
y derechos humanos. "Un Estado débil no puede garantizar los derechos humanos,
México no puede jugar con ficciones y debe fortalecer instituciones reales",
dijo el relator.
Días después, comandos presumiblemente del crimen organizado lanzaron granadas a
las instalaciones de la cadena de televisión Televisa en las norteñas ciudades
de Matamoros y Monterrey
Pero también hubo agresiones a periodistas en el sur del país. El mismo día 13
se reportó la incursión y robo en las oficinas del periódico quincenal Tinta
Fresca, en Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas.
Dos días más tarde, en San Cristóbal de las Casas, desconocidos entraron en el
domicilio de Hugo Isaac Robles Guillén, quien lleva 30 años al frente de
noticieros radiofónicos en la región de los Altos, en ese estado.
"No se llevaron ni tocaron nada (...) sólo entraron a defecar al estudio",
relató el periodista.
Chiapas fue uno de los estados que participaron en la movilización del día 7 y
su gobernador, Juan Sabines, pertenece al opositor e izquierdista Partido de la
Revolución Democrática.
Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revista Proceso y del
diario La Jornada en el estado, denunciaron en julio una campaña de
hostigamiento del gobierno estadal, a través de medios afines y del Sistema
Chiapaneco de Radio y Televisión.
También han circulado correos electrónicos anónimos, con sus rostros, que los
acusan de manipular información para "generar una imagen de represión por parte
del gobierno del estado contra movimientos sociales".
"Las agresiones van por etapas", dijo a IPS Mandujano, quien fue jurado del
Premio Nacional de Periodismo y es coordinador regional de México Infórmate, una
iniciativa ciudadana que promueve el uso de las leyes que defienden el acceso a
la información.
"Primero es la negación absoluta de información y el cierre de puertas a todos
los eventos, luego la campaña de desprestigio y la última es la de las
agresiones directas, que es la que queremos evitar. Pero no es tan fácil, porque
nos está poniendo en el blanco", declaró.