(IAR
Noticias) 10-Agosto-2010
América latina tiene por
delante un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos
profundos suscitados en la región, los gobiernos progresistas no han podido
desembarazarse del rol asignado en la división internacional del trabajo.
Por Ignacio Sabbatella (*) -
Ecoportal
E s
necesario rediscutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender los
problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria
capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad
proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto,
incompatible con la acumulación ilimitada de capital.
En este artículo intentaremos exponer brevemente algunos de los desafíos que
afronta América latina en materia ambiental. A tal fin, comenzaremos analizando
los factores estructurales de la crisis ecológica global. Luego, expondremos lo
que hemos denominado desigualdades ambientales, las formas que asumen y los
conflictos que pueden albergar. En último lugar, haremos referencia al
comportamiento y a las estrategias políticas que los gobiernos latinoamericanos
llevan y pueden llevar a cabo.
La humanidad enfrenta una crisis ecológica de gran magnitud y con tendencia a
agravarse. Sus manifestaciones pueden agruparse en dos grandes problemas,
íntimamente relacionados. En primer lugar, la degradación ambiental, la cual
envuelve la contaminación del aire, de los cursos de agua (superficiales y
subterráneos) y del suelo. El denominado cambio climático se ha vuelto su cara
más visible hoy en día. Y en segundo lugar, el progresivo agotamiento de bienes
naturales, esenciales para la vida humana: agua dulce, minerales, tierra fértil,
fuentes de energía. Las estadísticas de la World Wide Fund For Nature (WWF)
indican que la demanda mundial sobre los recursos biológicos del planeta supera
en un 30 por ciento la capacidad de regeneración de la naturaleza.
Es posible ubicar temporalmente la acelerada degradación ecológica en las
últimas cuatro décadas, período que coincide con la implementación de las
políticas neoliberales. Adjudicar la responsabilidad a la acción del hombre de
modo abstracto, como suele hacerse en análisis ligeros o intencionados, oculta
la forma histórica en la cual está inserta esa acción.
Tampoco nos conforma adjudicarla en el conjunto de ideas propias de la
modernidad, es decir, la fe en el progreso indefinido de las fuerzas materiales.
No nos dice nada acerca de cuál es la forma en la que el hombre se apropia de la
naturaleza en un momento determinado dado el régimen de producción y
reproducción material dominante.
Es necesario rediscutir los fundamentos del sistema capitalista para comprender
los problemas ecológicos. Entender no sólo la relación contradictoria
capital-trabajo sino también la contradicción capital-naturaleza: la capacidad
proveedora y receptora de la naturaleza es limitada y, por lo tanto,
incompatible con la acumulación ilimitada de capital.
Capital vs. naturaleza
Dada la estructura atomizada y caótica del capitalismo, la forma predominante en
la cual el hombre se vincula con la naturaleza es a través de la apropiación
privada y la mercantilización. El hombre se encuentra alienado respecto del
mundo natural y el capital fetichiza la naturaleza.
El Estado aparece mediando entre el capital y la naturaleza, regulando su acceso
y su explotación. Sin embargo, las políticas de privatización de empresas
públicas, desregulación de los mercados y apertura económica del neoliberalismo
desarmaron los mecanismos estatales que resguardaban en gran medida la
naturaleza.
El capital aceleró, por ende, su dominio sobre el mundo natural en función de la
producción de plusvalor. Es un proceso simultáneamente extensivo e intensivo.
Extensivo porque el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza,
ampliando las fronteras de extracción como continuidad de la acumulación
originaria. E intensivo porque cada vez precisa una mayor cantidad de bienes
naturales y un mayor sometimiento de las fuerzas naturales.
Asimismo, podemos observar que el debilitamiento de las regulaciones estatales
también acelera los procesos de contaminación ya que deja librado a los
capitales individuales a deshacerse de desechos sólidos, líquidos y gaseosos sin
tratamiento alguno. La lógica de la maximización de ganancias señala que el
cuidado del medio ambiente no entra en los gastos productivos del capital.
Desigualdades ambientales
Habiendo analizado las características específicas del modo de producción
capitalista en lo que hace a su relación con la naturaleza, ahora veremos cuáles
son sus impactos sociopolíticos. Así como estamos acostumbrados a hablar de
desigualdad social o económica, consideramos pertinente introducir el concepto
desigualdad ambiental para dar cuenta de las relaciones de poder que se
reproducen también en el ámbito ecológico.
Existen dos formas en las que se manifiesta la desigualdad ambiental: la
desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y la desigualdad en
el acceso a un ambiente sano. La primera forma se refiere a las asimetrías de
poder existentes para disponer, aprovechar, utilizar bienes esenciales para la
vida, tales como agua, tierra y energía. La segunda forma está relacionada con
la protección del medio ambiente y con las asimetrías de poder en la
distribución de la degradación ambiental derivada de actividades productivas.
En el caso de la actividad extractiva de la minería y de los hidrocarburos se
conjugan ambas formas de desigualdad, ya que en todo el mundo son apropiadas por
poderosos capitales transnacionales en detrimento del acceso de poblaciones
locales, que además sufren desplazamientos territoriales, y se realiza con bajos
costos económicos y altísimos costos ecológicos, dada la utilización de grandes
cantidades de agua, contaminación con químicos, quema de gases, etc. También
resultan peligrosas estas actividades en su transporte, sea por la rotura de
mineraloductos, oleoductos y gasoductos o las pérdidas en barcos petroleros.
La persistencia o la magnitud de las desigualdades ambientales son generalmente
condición de posibilidad de conflictos socioambientales: se trata de disputas
por la apropiación y/o mantenimiento de los bienes naturales y por el acceso a
un ambiente sano o por la protección del medio ambiente, a escala local,
nacional o internacional. Al mismo tiempo atraviesan distintos tipos de
desigualdad social que generan nuevos conflictos o disputas en viejas relaciones
desiguales, como el clásico intercambio desigual entre los países del Norte y
los países del Sur. En los primeros se ubican los grandes centros de demanda,
consumo y contaminación, mientras que los países más pobres quedan relegados a
meros proveedores de bienes naturales. Un dato que ilustra: el 80 por ciento de
las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático
pertenece al 20 por ciento de la población mundial, concentrada en Estados
Unidos, Europa y Japón.
Se reedita la división internacional del trabajo, donde las regiones con grandes
riquezas naturales que escasean en otras partes del mundo se tornan apetecibles
para la apropiación capitalista. Las riquezas de América latina la convierten
nuevamente en un proveedor de materias primas, alimentos y energía para las
economías industrializadas. A su vez, los países más ricos intentan trasladar el
costo ambiental de las industrias más sucias. El ejemplo más cercano son las
plantas de celulosa, siendo la pastera UPM (ex Botnia) la que generó más
conflictos y cobró mayor notoriedad.
Dentro del ámbito nacional, también existen desigualdades ambientales que se
superponen con desigualdades de otro tipo. En condiciones normales de
acumulación, la apropiación capitalista restringe progresivamente el acceso a
los bienes naturales y genera una distribución de los efectos de la degradación
ambiental en mayor medida sobre pobres, negros, indígenas, campesinos, etcétera.
En tiempos de crisis, sea económica o ecológica, la brecha de la desigualdad
ambiental también se agranda porque el capital está dispuesto a salvar su propio
pellejo a cualquier precio, transfiriendo los costos hacia otros sectores
sociales.
Del extractivismo al neoextractivismo
En el contexto de las desigualdades analizadas, América latina tiene por delante
un desafío enorme en materia ambiental. A pesar de los cambios políticos
profundos suscitados en la región en la última década, los gobiernos
progresistas no han podido desembarazarse del rol asignado en la división
internacional del trabajo y en algunos casos lo han profundizado.
Países como Venezuela y Bolivia han tenido un destacable rol a nivel
internacional como sucedió en Copenhague en diciembre pasado, responsabilizando
al mismo sistema capitalista en relación con el cambio climático. Asimismo, cabe
enfatizar la importancia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio
Climático impulsada por el presidente boliviano Evo Morales y que tuvo lugar en
Cochabamba en abril último.
Sin embargo, son numerosas las tareas pendientes en el marco interno. Si en la
etapa neoliberal predominó una política extractivista con respecto a la
naturaleza, la última década es caracterizada por el investigador uruguayo
Eduardo Gudynas bajo el rótulo de neoextractivismo.
El término extractivismo se refiere al predominio de actividades económicas
basadas en la remoción de grandes volúmenes de bienes naturales, que no son
industrializados o se lo hace limitadamente, con el objetivo prioritario de
destinarlos a los mercados internacionales. En la historia de América latina no
resulta una novedad ya que podríamos remontarnos a los inicios de la colonia
misma. Pero sí es interesante observar cómo las políticas neoliberales de la
década de los noventa profundizaron el perfil primario exportador de las
economías latinoamericanas a partir de una legislación favorable a capitales
transnacionales.
A pesar de una retórica crítica del neoliberalismo, en las políticas de los
gobiernos progresistas persiste buena parte de los componentes de aquel
extractivismo combinados con nuevas características. El neoextractivismo
promueve un estilo de desarrollo basado en la explotación intensiva y extensiva
de la naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado
y muy dependiente de la inserción internacional como proveedores de bienes
naturales. Los altos precios internacionales redoblan las exportaciones
petrolera, minera y de monocultivos. El componente más novedoso es que el Estado
adquiere un rol más activo en esos sectores, buscando fundamentalmente la
captación de una mayor renta que le permita una redistribución de ingresos a
través de políticas sociales. En muchos casos, los gobiernos logran una
legitimación importante hacia el conjunto de la población pero se avizora como
una política con límites muy definidos. Además de los impactos negativos sobre
la naturaleza, se agrandan las desigualdades ambientales en las regiones donde
abundan riquezas. No casualmente sino causalmente, se multiplican los conflictos
ambientales donde es común encontrar poblaciones locales, campesinas e indígenas
enfrentadas a transnacionales petroleras y mineras o resistiendo el
desplazamiento que imponen los monocultivos.
Difícilmente los gobiernos latinoamericanos cambien el rumbo en el corto plazo y
todo hace suponer que las tensiones sociales seguirán presentes en los próximos
años. Si bien Gudynas nota las diferencias entre países de acuerdo con el tipo
de intervención del Estado y el desenvolvimiento de las economías extractivas,
creemos necesario enfatizar aún más estas diferencias.
En algunos casos se mantiene el control privado de aquellos sectores, como
claramente podemos notarlo en la Argentina. La explotación de hidrocarburos
sigue en manos del capital a pesar de la brusca caída de reservas y la crisis
energética que acecha la economía desde hace unos años. Los megaemprendimientos
de minería a cielo abierto se multiplican por decenas pese a las consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas. La soja
transgénica sigue ampliando su frontera, a costa de poner en riesgo la soberanía
alimentaria nacional y a costa de la contaminación con agroquímicos.
Por otro lado, hay países que avanzan en el control estatal de las economías
extractivas, como es el caso de Venezuela. A través de una profunda reforma en
la legislación y la renegociación de contratos, el Estado logró alzarse con el
control mayoritario de los pozos petroleros. Ciertamente los impactos
ambientales de la explotación de hidrocarburos no desaparecen simplemente por un
cambio en la forma que se asume el control. Pero sí nos interesa destacar el
control estatal como un paso necesario para, posteriormente, avanzar hacia el
control social de la actividad y sus impactos.
La transformación política y social es condición ineludible hacia la
planificación democrática de la explotación de los bienes naturales y del
cuidado del medio ambiente. Ello requiere también una transformación cultural
que estimule una democracia cada vez más participativa. Finalmente, aun con
buenas intenciones, la transición a una sociedad ecológica es una utopía si no
se cuestionan y trastocan los fundamentos de la producción y reproducción
capitalista.
(*)Ignacio Sabbatella,
Becario Conicet, Instituto Gino Germani (UBA)
Revista Voces en el Fénix
http://www.vocesenelfenix.com/sabbatella2.html
Observatorio Petrolero Sur | OPSur
http://opsur.org.ar/ www.ecoportal.net |