El 29 de agosto de 2000 -pocas
horas antes que el Senado aprobara el Tratado que suponía la privatización de la
Cordillera en beneficio de las transnacionales-, 13 senadores chilenos
presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Por Francisco Marin - Copenoa (Agencia de Noticias del Norte Argentino)
Estos
fueron: Evelyn Matthei, Jorge Lavandero, Fernando Cordero, Julio Canessa, Jorge
Martínez, Ramón Vega, Enrique Zurita, Antonio Horvath, Rodolfo Stange, Beltrán
Urenda, Jovino Novoa, Marco Cariola y Mario Ríos.
En dictamen de respuesta, fechado el 3 de octubre de aquel año, el Tribunal
Constitucional (TC), no declaró inconstitucional el Tratado pero en sus
considerandos, limitó fuertemente su alcance: “El dictamen establecía que los
tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a
yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión
Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole
el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a
pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo,
habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”, señaló Alcayaga.
La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era
particularmente grave para las grandes mineras: Si un mineral ubicado en
Argentina, como es Pachón, quiere obtenerlas para construir un mineroducto al
mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados.
Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se
opone: no habrá paso de los minerales. Esta sola disposición ha implicado que
ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en
la cordillera argentina a partir de 2000 haya comenzado a operar. La
construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998.
Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180 mil toneladas anuales de cobre,
lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El
requerimiento y posterior fallo del TC arruinó sus planes.
El dictamen del Tribunal Constitucional confirmó que el Tratado contiene
materias propias de una ley orgánica constitucional y debía ser tramitado y
votado con el porcentaje de votación de ese tipo de normativas. “Pero dio por
saneado el procedimiento, al afirmar que gracias al elevado quórum con que se
aprobó el Tratado en el Congreso Nacional (sólo dos votos en contra en la Cámara
Baja, y siete en el Senado), se depuraba el vicio de procedimiento”.
A entender de Alcayaga, la discusión del Tratado tuvo efectos favorables e
impensados para Chile. Dice que después que los presidentes de los dos países
firmaran el Tratado Minero (1997), la inversión del rubro para este lado de la
Cordillera descendió drásticamente. Esto se debió a que los inversionistas
estimaron que era mucho mejor trasladarse a Argentina, donde existen enormes
yacimientos que luego del Tratado podrían comenzar a ser explotados por Chile.
Además, bajo el mandato de Menem (1989-99) se estableció un marco jurídico en
extremo favorable para las transnacionales de la minería.
“Ese veranito de San Juan de tres años de caída de la inversión minera en Chile
(entre 1998 y 2000) y la no materialización de la inversión proyectada en
Argentina, fue a la postre fundamental para que disminuyera la producción
chilena de cobre y comenzara a declinar la sobreproducción mundial de este
mineral generada por la abultada inversión del área en Chile. Pero ello no
hubiera tenido ningún efecto si el Tribunal Constitucional chileno no hubiera
impedido definitivamente que se materializaran los cuantiosos proyectos
programados para la minería del cobre en Argentina”, sostiene Alcayaga.
Fruto de esta menor inversión de tres años y del estancamiento posterior en el
aumento de la oferta, el precio actual del cobre -2,2 dólares la libra- es casi
cuatro veces mayor que el de hace diez años. Cabe destacar que Chile, que es el
primer productor mundial de cobre, aumentó vertiginosamente su producción de
este mineral a partir de la llegada de los gobiernos de la Concertación. De las
1,6 millones de toneladas que se producían en 1989 pasó a 4,6 millones en el
2000. Sin embargo, este aumento no implicó mayores ganancias, sino todo lo
contrario. Con la sobreproducción, el mineral chileno saturó los mercados
presionando su precio a la baja: su valor disminuyó a la mitad en los 90’. En
1999, con una producción tres veces mayor a la de diez años antes, el país
recibía ocho veces menos ingresos netos.
Hay un aspecto del Tratado Minero que no fue tocado por el fallo del Tribunal
Constitucional: El que permite a extranjeros explotar minas fronterizas. Por
eso, Pascua Lama es aún posible. De todas maneras, Barrick no la tiene fácil.
Alcayaga lo explica así: “Después de que el dictamen del TC declarase que la
Comisión Administradora no tenía potestades de autotutela ni jurisdiccionales,
está impedida de administrar fondos privados para financiar al Estado.
Ante esta inesperada consecuencia del dictamen, el Gobierno (de Lagos) tardó más
de dos años para encontrar una solución ‘legal’ a la forma cómo los
inversionistas (Barrick) podrían financiar los gastos del Estado chileno en los
negocios mineros transfronterizos. Esta solución fue la publicación, recién el 9
de febrero de 2003, del Decreto Supremo Nº 116 del Ministerio de Minería”.
Mediante esta disposición, se permite que Barrick y otras transnacionales
mineras que se acojan al Tratado, paguen directamente a las instituciones
involucradas en fiscalizarlas: O sea, Carabineros, el SAG, Aduanas, entre otras.
A entender de Alcayaga, esto infringe el numeral 20 del artículo 19 de la Carta
Fundamental, que establece: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su
naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un
destino determinado”. Al margen de esta inconstitucionalidad, el autor de País
Virtual expresa que sería “impresentable” que en Chile los fiscalizados
comenzaran a pagar los gastos de sus fiscalizadores.
En trámite posible fin de Pascua Lama
El Comando de Defensa del Valle del Huasco, y otras organizaciones, presentaron
una Acción Constitucional de Nulidad de Derecho Público del Decreto Supremo 116,
que tiene el rol Nº 4670-2008 en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Esta se
encuentra en etapa de la prueba. Si prosperara, sería el fin de Pascua Lama.
El dictamen del Tribunal Constitucional chileno dice que su alcance jurídico
será diferente en un país que en otro, como si existieran dos tratados en uno.
Esto se debe a que como en Argentina no se cuestionó la constitucionalidad de
este Tratado, la Comisión Administradora cuenta allí con todas las atribuciones
que le entrega el Tratado Minero. Sin embargo, en virtud del Dictamen del
Tribunal Constitucional chileno, las más importantes de esas atribuciones no
tienen aplicación en Chile.