Las grandes petroleras Total de Francia, Repsol de España, Vintage de Estados
Unidos, BP de Gran Bretaña y Petrobrás del Brasil se han convertido en socias
privilegiadas de Bolivia porque mantienen el control de la explotación y
exportación de gas, con una empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) en situación crítica por falta de una estrategia efectiva de
industrialización de los hidrocarburos y por haber cedida a nuevos contratos con
las transnacionales.
Por Eduardo Paz Rada - Patria Grande / Rebelión
Durante
los últimos tres meses las más grandes corporaciones mineras y petroleras del
mundo, acompañadas por gobiernos de distinto talante que las respaldan, han
puesto sus ojos en Bolivia debido a las grandes potencialidades de recursos
estratégicos que se encuentran en el territorio boliviano, entretanto algunos
grupos indígenas, llamados “naciones”, incentivados por un discurso oficialista
desteñido y por organizaciones no gubernamentales transnacionales consideran un
derecho particular la administración de estos recursos frente al Estado central
dirigido por Evo Morales Ayma.
Una especie de “gran Paitití” o El Dorado se ha creado alrededor de importantes
reservas naturales estratégicas, gas, litio, hierro, otros minerales y
biodiversidad, que se encuentran en las entrañas del territorio boliviano. Los
gobiernos de Francia, Brasil, China, Rusia, Japón, India, Irán y Corea, entre
otros, en coordinación con empresas arraigadas en esos países, han realizado
gestiones y acercamientos para incursionar en emprendimientos de gran volumen de
capital y hacen la corte al propio Presidente del Estado.
El país cuenta con las reservas mundiales más importantes de litio, materia
prima estratégica de las más importantes utilizada en la fabricación de pilas
alcalinas, baterías, autopartes, computadoras, farmacopea, vidrio, cerámica y
armas nucleares; el interés por el mismo se manifestó con la invitación que
recibió Evo Morales para visitar las plantas de la Bolloré de Francia y lo hizo,
la presencia en Bolivia de representantes de Vale do Rio de Brasil y el próximo
viaje de Morales a Japón, invitado oficialmente, abriendo la posibilidad de
conversaciones con la Sumitomo y la Mitsubishi.
Los presidentes de ambos países, Nicolas Sarkozy e Inacio Lula Da Silva, y el
Emperador Akihito han manifestado el interés de sus países por ser parte del
proyecto de explotación e industrialización del litio, en tanto las autoridades
bolivianas realizan un proyecto piloto de producción de carbonato de litio,
abriendo la posibilidad de que capitales transnacionales puedan participar en la
transformación industrial a gran escala.
Respecto al gas natural, el país es principal reserva en sudamérica,
hidrocarburo que se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas
por los volúmenes y precios de exportación a Brasil, principalmente, y a
Argentina, y con proyección de hacerlo hacia Paraguay y Uruguay y que ha
permitido que el gobierno tenga holgura de recursos para sus políticas
redistributivas consistente en bonos a niños, mujeres y ancianos, aprovechando
de la nacionalización de 2006, nacionalización que se convirtió únicamente en la
elevación de impuestos y regalías a las transnacionales.
Las grandes petroleras Total de Francia, Repsol de España, Vintage de Estados
Unidos, BP de Gran Bretaña y Petrobrás del Brasil se han convertido en socias
privilegiadas de Bolivia porque mantienen el control de la explotación y
exportación de gas, con una empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) en situación crítica por falta de una estrategia efectiva de
industrialización de los hidrocarburos y por haber cedida a nuevos contratos con
las transnacionales.
El ex Presidente de YPFB, antes Presidente del Senado Nacional y mano derecha de
Evo Morales y el MAS, Santos Ramirez, fue encarcelado por haber participado en
un escandaloso hecho de corrupción en la empresa petrolera.
A su vez, YPFB ha tomado contacto con la poderosa empresa gasífera rusa Braskem
para realizar emprendimientos que aún se presentan de manera muy preliminar, y
la venezolana PDVSA no termina de apoyar efectivamente en los proyectos que
inicialmente ofreció para impulsar la industrialización de los hidrocarburos en
Bolivia. El apoyo venezolano para cubrir el déficit de diesel, sin embargo, es
fundamental para el régimen de La Paz, puesto que el consumo interno de gas aún
es bajo por falta de una red interna de gasoductos.
El proyecto de explotación de las importantes reservas de hierro del Cerro Mutún,
en la frontera boliviano-brasileña, que se inició con importantes avances de la
empresa hindú Jindal, ha quedado suspendido debido a fuertes pugnas con el
gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de ahí que el
Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) han ejecutado
una boleta de garantía de la empresa por incumplimiento de contrato. El gobierno
chino ha hecho conocer su interés por realizar grandes inversiones en el
emprendimiento.
En ese contexto, otras empresas chinas, venezolanas y rusas han mostrado interés
por incorporarse a la producción de hierro y sus derivados importantes, tomando
en cuenta la demanda internacional del producto.
En relación a otros minerales y empresas la situación es la siguiente: El
emprendimiento minero más importante de Bolivia lo realiza la japonesa Sumitomo
con la mina San Cristóbal (comprada al multimillonario George Soros) que explota
zinc y plomo, siendo responsable del ochenta por ciento de la exportación de
estos productos, está luego la Coeur D`alene de Canadá con la explotación de
plata en San Bartolomé, la Glencore suiza (comprada al expresidente Gonzalo
Sanchez de Lozada) en Porco con la producción de zinc y plomo, la Pan American
Silver de Canadá en San Vicente con la explotación de cobre y zinc y la
australiana Republic Gold de Australia con la explotación de oro en Karachipampa.
COMIBOL tiene bajo su administración la empresa Minera Huanuni y la Fundición de
Vinto y junto con la coreana Kores explota los yacimientos de cobre de Corocoro,
mientras el poderoso gremio de las Cooperativas Mineras de Bolivia, con fuerte
gravitación política sobre el gobierno, tiene importantes concesiones en la
región occidental de Bolivia.
A pesar de que el Programa de Gobierno presentado por Evo Morales-Alvaro Garcia
en las elecciones generales de diciembre de 2009, oportunidad en la que
consiguieron el 64 por ciento de la votación, planteaba el Gran Salto
Industrial, junto a la Revolución Vial, en los más de cuatro años de gestión el
proceso de industrialización de los recursos naturales estratégicos no ha sido
desarrollado.
El drama boliviano es que, desde la época colonial, ha sido exclusivamente un
país exportador de materias primas bajo el molde de la división internacional
del trabajo, desde la plata de Potosí, hasta el gas en la actualidad, pasando
por el caucho, el estaño y el petróleo a lo largo de los últimos siglos, a pesar
de haberse producido tres nacionalizaciones de los hidrocarburos y dos
nacionalizaciones de los recursos mineros.
Lo contradictorio del gobierno actual es que ha desarrollado un discurso
industrialista, de transformación de los recursos naturales, de sustitución de
importaciones, de incorporación de valor agregado, de potenciamiento de la
economía estatal frente a la ofensiva transnacional del neoliberalismo, sin
embargo en la práctica mantiene una relación de armonía con las transnacionales
que explotan y exportan las materias primas como en los siglos pasados.
En relación a la nacionalización de empresas eléctricas, mineras, de
telecomunicaciones, de hidrocarburos, el Vicepresidente del Estado, Alvaro
Garcia manifestó que Bolivia debe pagar a las transnacionales mil millones de
dólares y el Presidente Evo Morales reiteró que quiere “socios, no patrones”
dando garantías a las empresas.
Un aspecto sumamente delicado, en términos legales y políticos, es que el
gobierno de Evo Morales, después de haber nacionalizado los hidrocarburos en
mayo de 2006, dejó de lado las auditorias que se realizaron a las
transnacionales petroleras, estas auditorias y balances determinaron que las
empresas cometieron irregularidades y tenían deudas por encima de los 800
millones de dólares.
Asimismo, en octubre del mismo año, negoció con transnacionales los nuevos
contratos que, si bien permitieron mejores ingresos al Estado, las mantuvo en
condiciones envidiables en el país.
Por su parte, las demandas salariales, durante los últimos tres meses, de los
trabajadores estatales y privados han sido rechazadas por el gobierno generando
una pugna entre los asalariados de distintos sectores con los sectores no
asalariados, como los campesinos, indígenas y comerciantes, que se benefician de
la política de beneficencia del gobierno, establecida a través de bonos a los
niños, madres y ancianos.
A su vez, los grupos indígenas de oriente y occidente, sectores de importante
respaldo al gobierno, han mantenido una tenaz posición de utilizar las
denominadas autonomías de las “36 naciones indígenas”, reconocidas por la
Constitución, para demandar derechos sobre los recursos naturales, especialmente
hidrocarburos y minerales, lo que ha generado conflictos de difícil solución.
Las transnacionales petroleras y mineras y los grupos indigenistas coinciden en
debilitar el rol del Estado en la conducción de la economía y la administración
de los recursos naturales.
El peligro de fragmentación o declaración de “territorios libres” está presente
en la medida en que, a nombre de los ayllus, las comunidades indígenas cercanas
a Uncia, Potosí, luego de haber asesinado a cuatro policías, demandan el manejo
independiente de su territorio, donde el contrabando de vehículos y el tráfico
de drogas es generalizado, sobretodo con la frontera chilena.
Después de las elecciones de diciembre de 2009, un triunfo notable de Evo
Morales con 64 por ciento de votos, se produjo una reducción de la importancia
electoral del MAS que tuvo derrotas electorales en casi todas las capitales de
departamento, siendo ésta una manifestación de descontento en los sectores
urbanos y medios frente a las políticas del indígenismo dominante.
El destino de los recursos naturales y el interés de las transnacionales y las
potencias imperialistas sobre los mismos, marcarán los futuros pasos del
gobierno que, a pesar del importante respaldo interno y externo, ha perdido o no
tiene una orientación clara de hacia donde se dirige.
De manera gráfica, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia, el británico
Kenneth Bell, manifestó, en entrevista en La Prensa del 9 de mayo de 2010, que
las transnacionales petroleras Total de Francia, Repsol de España y BG de Gran
Bretaña han hecho nuevos acuerdos con el gobierno de Bolivia, bajo el paraguas
de los acuerdos internacionales, tomando en cuenta las buenas relaciones
diplomáticas con los países europeos y con sus empresas.