Si algo dejó en claro la Corte
Internacional de Justicia al fallar sobre el conflicto uruguayo-argentino es la
debilidad de las normas para prevenir la contaminación del río Uruguay en el
tramo de 508 kilómetros que comparten los dos países.
Por Diana Cariboni - IPS
En
un dictamen de 80 páginas y 282 párrafos, el tribunal sostuvo el martes 20 que
"no se registra evidencia concluyente para demostrar que Uruguay no actuó con la
debida diligencia" para impedir que la fábrica de celulosa Orión, origen del
conflicto, contaminara el río limítrofe desde que empezó a operar en noviembre
de 2007.
Pero, en algunos casos, la razón de la ausencia de pruebas puede ser más
inquietante.
Los dos países están de acuerdo en que la concentración total de fósforo en el
río era elevada antes de que comenzara la construcción de la fábrica, destinada
a producir pulpa de celulosa para papel.
Pero el organismo creado para manejar ese torrente, la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), no tiene en sus normas de calidad del agua límites para
el fósforo y los fosfatos, abundantes en la región por el uso agrícola de
fertilizantes o las descargas de aguas servidas de las ciudades.
Argentina tampoco tiene estándares sobre la concentración total de fósforo en el
agua. Para decidir si Orión había excedido algún tipo de límites, la Corte debió
recurrir a reglamentaciones de Uruguay.
Tras considerar las pruebas, el tribunal concluyó que la cantidad total de
residuos fosforados atribuibles a la planta de celulosa era "insignificante" en
comparación con los de otras fuentes.
El 4 de mayo de 2006, Argentina denunció a Uruguay ante el tribunal con sede en
La Haya porque, al autorizar la instalación de la industria sobre su ribera,
incumplió procedimientos de información, consulta y negociación previstos en el
Estatuto del Río Uruguay.
La Corte dio la razón a Argentina en este aspecto, pero separó las infracciones
"de procedimiento" de las "sustantivas" y no halló mérito para responsabilizar a
Uruguay de ninguna de estas últimas.
La CARU, creada por el Estatuto de 1975, tiene facultades para fijar reglas de
protección de la salud del río. Pero los límites y prohibiciones establecidos en
su Digesto no son "exhaustivos", advirtió la Corte.
Por ejemplo, el Digesto sólo fija límites generales para unos pocos efluentes
industriales: "hidrocarburos", "sedimentos sólidos" y "aceites y grasas", y deja
en manos de cada país las regulaciones correspondientes.
La industria de la celulosa genera otro conjunto diverso de residuos que van al
río en sus descargas líquidas, y libera emisiones gaseosas. Pero ni el Estatuto
ni la CARU prevén regulaciones sobre la calidad del aire.
La CARU tampoco tiene normas para controlar varias sustancias en debate en este
caso: nitrógeno, nitratos, compuestos orgánicos halogenados (AOX), dioxinas y
furanos (contaminantes orgánicos persistentes peligrosos para la salud humana).
La Corte contrastó las mediciones de esos residuos con las reglamentaciones
uruguayas y estimó que "no parece" que las descargas de la planta de Orión hayan
excedido límites establecidos, "excepto por unas pocas instancias". Una de esas
instancias mostró excesos de nitrógeno, nitratos y AOX.
El 9 de enero de 2008, después de que la planta de celulosa había entrado en
funciones, la concentración de AOX en uno de los sitios donde se tomaron
muestras de agua llegó a 13 miligramos por litro, más del doble del límite, de
seis miligramos por litro.
Pero, ante la falta de pruebas de que este sea un "problema persistente" y no un
hecho aislado, la Corte no "está en posición de concluir que Uruguay infringió
las normas del Estatuto de 1975".
Otro punto contencioso fue la ubicación elegida para la fábrica Orión,
construida por la corporación Botnia y luego vendida a UPM, ambas finlandesas,
muy cerca de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos y a unos 35 kilómetros
de la ciudad argentina de Gualeguaychú.
Buenos Aires y Montevideo presentaron modelos divergentes sobre las
características geomorfológicas e hidrodinámicas del río --como la dirección y
velocidad con que fluyen las aguas en distintos lugares-- que se emplean para
determinar la capacidad hídrica para diluir y dispersar sustancias contaminantes
de un proyecto industrial cualquiera.
Esa capacidad del río, distinta en cada zona, permite establecer la
concentración aceptable de descargas contaminantes que puede absorber, diluir y
dispersar.
Pero, nuevamente, la CARU no previó esos factores ni ordenó estudiarlos, y en
consecuencia, tampoco fijó límites.
Puesto que no está "establecido que las descargas de efluentes de Orión
excedieran límites fijados por las normas en cuanto al nivel de concentraciones,
la Corte se considera incapaz de concluir que Uruguay violó sus obligaciones" en
este punto, dice el fallo.
Los magistrados opinaron que, detectada esta debilidad regulatoria, "sobre todo
respecto de ciertas áreas del río como Fray Bentos, las partes deberían revisar
las normas de la CARU y asegurarse de que reflejen claramente las
características del río y sean capaces de proteger sus aguas y ecosistemas".
Tras el alivio del dictamen para Montevideo, el canciller uruguayo Luis Almagro
dijo este miércoles que propondrá a Buenos Aires la adopción de un verdadero
"estatuto ambiental".