El Elíseo detalló en un comunicado que se podrá retirar la nacionalidad, a
partir de los diez años desde que la hayan adquirido, a aquellos ciudadanos
de origen no francés que hubieran atentado contra la vida de policías y
gendarmes.
De este modo Sarkozy confirmó su anuncio del pasado 30 de julio, cuando adelantó
su "voluntad inflexible" de retirar la nacionalidad "bajo ciertas
condiciones" a quienes atenten contra una autoridad pública, una medida muy
polémica desde que se conoció la intención presidencial.
Sarkozy precisó hoy que, después de una reunión mantenida con el primer
ministro, François Fillon, y los ministros de su Gobierno con competencias en
materia de seguridad e inmigración, confirmaba esa voluntad de "poner en
marcha el conjunto de las decisiones" que anunció hace poco más de un mes.
En el texto publicado tras la reunión se precisa que los asesinos de policías y
gendarmes recibirán castigos de 30 años de prisión a las que no podrán aplicarse
reducciones de condena y se añade que se fijarán penas mínimas para los autores
de delitos violentos en circunstancias agravadas.
El comunicado presidencial precisa que habrá una reforma de la ley de
inmigración "para facilitar conducir hasta la frontera a extranjeros en
situación irregular, incluidos, en circunstancias particulares, a ciudadanos
de la Unión Europea".
En los casos de ciudadanos comunitarios, el palacio presidencial justifica la
reforma de la ley para cuando planteen una "amenaza para el orden público,
en ausencia duradera de medios de subsistencia o de abuso del derecho de libre
circulación".
Sin embargo, el Elíseo indicó que, para los casos de poligamia, únicamente se
prevé de momento la aplicación de un refuerzo de las "sanciones por fraude a las
prestaciones sociales",
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, había manifestado que pretendía que
la retirada de la nacionalidad también pudiera aplicarse por el delito
conjunto de poligamia de hecho, robo y abuso de debilidad.
Las otras cuestiones precisadas hoy en París incluyen la ampliación de las
medidas de vigilancia por medio de una pulsera electrónica para los
multireincidentes que hayan sido condenados de nuevo después de cumplir una
pena.
Además, se anuncia el propósito de mejorar la eficacia de la acción de la
Justicia en relación con delitos cometidos por menores, a los que se podría
llegar a conducir directamente ante un tribunal específico en caso de
reincidencia.
Por último, se prevé aprobar un refuerzo de los poderes de los gobernadores
civiles (prefectos) con el fin de que pongan fin a la ocupación ilegal de
propiedades públicas o privadas y puedan también ordenar la evacuación de
campamentos ilegales.
Todas estas medidas que hoy precisó el presidente francés seguirán un trámite
parlamentario inmediato -desde mañana mismo está previsto el debate en el Senado
de las que afectan a seguridad interior y a finales de septiembre las que tocan
a la nacionalidad- con el fin de que entren en vigor "antes de final de 2010".
El Elíseo aseguró en su nota que los planes precisados hoy han sido elaborados
en el respeto escrupuloso de los principios republicanos, de la jurisprudencia
del Consejo Constitucional y del derecho europeo.
El anuncio se conoce después de un fin de semana en el que miles de franceses se
manifestaron en varias ciudades del país para protestar por los planes del
Gobierno y, en concreto, por las expulsiones de gitanos, principalmente de
origen rumano, practicadas durante las últimas semanas.