El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afronta sondeos desfavorables, tensiones
sociales y un aluvión de críticas internacionales por medidas como la expulsión
de gitanos o su proyecto de reforma de las jubilaciones, en un marco de bajo
crecimiento económico.
IAR
Noticias
/
Reuters
Según dos sondeos divulgados el miércoles, un 62% de los franceses no desea
que Sarkozy vuelva a presentarse en la elección presidencial del 2012, donde de
todos modos sería ampliamente derrotado por la socialista Martine Aubry o por el
también socialista Dominique Strauss-Kahn, actual director del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Para el politólogo Philippe Braud, el "estilo" del mandatario "exaspera
extraordinariamente" a sus conciudadanos, mientras que el también experto
Stéphane Rozes, subraya "la paradójica" situación de Francia, "que resiste
relativamente bien ante la crisis económica", pero cuyo presidente afronta una
"crisis moral".
Según Frédéric Dabi, del instituto de sondeos IFOP, la opinión pública considera
que el Gobierno impulsa una "política injusta que favorece a los ricos".
En ese contexto, las declaraciones relativas a las causas de la "inseguridad" en
Francia parecen haber perjudicado al presidente francés, en lugar de otorgarle
mayor popularidad.
Los supuestos vínculos establecidos por el mandatario entre "inseguridad" e
"inmigración" suscitaron críticas en Francia, pero también en el exterior, en
lugares como la ONU o el Vaticano.
Así, Francia afronta desde la semana pasada una oleada de críticas
internacionales por las masivas repatriaciones de gitanos. No obstante, el
Gobierno francés confirmó este miércoles que seguirá expulsando a miembros de
esa minoría hacia sus países de origen en Europa oriental.
Sarkozy había estimado a finales de julio que los disturbios callejeros
consecutivos a la muerte de un joven por disparos de un gendarme mostraban "los
problemas que plantea la conducta de algunos gitanos".
Poco después, tras una polémica reunión dedicada a los gitanos en la que
participaron altas autoridades francesas, el gobierno afirmó que la mitad de los
campamentos ilegales en Francia serían desmantelados en un plazo de tres meses.
Además, casi al mismo tiempo, Sarkozy anunció una "verdadera guerra" contra la
"criminalidad" y afirmó que, en Francia, la inmigración "no está regulada lo
suficiente desde hace 50 años" y que el modelo de integración francés ha sido un
"fracaso".
En medio de las críticas por declaraciones de este tipo, el gobierno francés
tendrá que afrontar un día de paros y manifestaciones el próximo 7 de
septiembre, día en que se inicia en el Parlamento el examen del controvertido
proyecto de reforma de las jubilaciones.
Además, dicha reforma habrá de ser defendida por Eric Woerth, un ministro de
Trabajo debilitado tras las acusaciones de conflicto de intereses en el 'caso'
de Liliane Bettencourt, dueña de L'Oréal, quien posee una de las principales
fortunas de Francia.
Sofia Bouderballa / AFP