En estos días, el presidente ruso, Dmitri Medvedev, promulgó una ley con
enmiendas a la Ley Federal sobre el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia
y al Código de Infracciones Administrativas.
Por Ilia Krámnik - RIA Novosti
El
paquete, aprobado por la Duma de Estado (cámara baja) y ratificado por el
Consejo de la Federación (cámara alta), amplía considerablemente las
atribuciones del FSB, máxima entidad en materia de seguridad, circunstancia que
ha causado intensos debates en la prensa y la opinión pública rusa.
Según esas enmiendas, ahora el FSB podrá advertir a personas cuyas actividades
puedan conducir a la comisión de acciones delictivas, así como tomar medidas
preventivas contra individuos y entidades jurídicas.
Los agentes del FSB pueden prohibir a personas físicas u organizaciones
desarrollar cualquier tipo de actividad que a su juicio, permita la comisión de
delitos, y esa prohibición es obligatoria.
Los cambios introducidos en el Código de Infracciones Administrativas establecen
multas de entre 500 y 1.000 rublos o la detención por un plazo de hasta 15 días
para personas, y multas de hasta 3.000 rublos para funcionarios públicos y de
10.000 a 50.000 rublos para entidades jurídicas.
Propuestas por Medvédev, las enmiendas ha tenido una acogida muy dispar por
parte de la opinión pública. Parte de la sociedad duda de que las medidas sean
realmente efectivas, mientras que otros ven en el documento un paso hacia una
drástica limitación de los derechos civiles.
Por ejemplo, los representantes del Consejo Social de la Federación Rusa, se han
mostrado bastante escépticos, al considerar que las nuevas competencias del FSB
únicamente repiten atribuciones en poder del Ministerio del Interior y la
Fiscalía.
A la hora de realizar una valoración de la nueva ley, vale la pena recordar que
tanto en nuestra reciente historia nacional como en la de otros países hubo
situaciones cuando se reforzaron los poderes a los servicios secretos.
En tiempos de la Unión Soviética, a finales de los años 70, se vivió una
situación muy parecida cuando el Comité Estatal de Seguridad de la URSS (KGB),
encabezado por Yuri Andrópov, obtuvo la posibilidad de "apretar las tuercas"
dentro del sistema soviético.
La verdad sea dicha, en aquella época las medidas fueron mucho más drásticas y
radicales: a finales de 1979 y comienzos de 1980 fueron arrestados y deportados
prácticamente todos los líderes y activistas de las organizaciones de defensa de
los derechos humanos, así como del resto de agrupaciones nacionales y religiosas
opuestas al régimen.
El reconocido científico y premio Nobel Andréi Sájarov fue privado de todos los
premios nacionales que le habían sido otorgados y confinado a Gorki en enero de
1980 por haber pronunciado un discurso en contra de la intervención militar
soviética en Afganistán.
Cabe señalar también que recientemente, en Estados Unidos los servicios secretos
obtuvieron amplios poderes con el pretexto de mejorar la lucha contra el
terrorismo internacional, incluso en abierta contradicción con la Constitución
de EEUU.
En ambos casos, los resultados obtenidos fueron de una efectividad más que
dudosa. Lo mismo se puede decir de la reciente ampliación de competencias del
FSB.
En los tres casos, el reforzamiento de los poderes de los servicios secretos
tiene un carácter más bien demostrativo a partir de un potencial respaldo por
parte de un amplio sector de la sociedad.
Y sin embargo, su eficacia es reducida porque depende de determinadas
circunstancias, como la acogida de la opinión pública durante períodos muy
cortos de tiempo, el descontento o apoyo social al gobierno y otros factores.
Según los expertos (incluso aquellos que trabajan en los servicios secretos),
las mencionadas "advertencias" que ahora puede hacer el FSB son poco efectivas.
Aquellas personas que puedan ser objeto de esas advertencias harán todo lo
posible para escapar al control de los servicios secretos; para los demás, las
advertencias no les afectará en principio: a lo sumo, elevará su autoestima.
El "aspecto humano" del proyecto de Ley, subrayado por representantes de las
autoridades, no tendrá ninguna importancia, más bien, al contrario, el efecto
podría ser totalmente contraproducente. Y en el caso de las estructuras
estatales, paralizadas por sus propias contradicciones internas, todo puede
acabar de un modo desastroso.
¿Qué medidas podrían aumentar de verdad la efectividad de los servicios secretos
rusos para luchar contra las amenazas terroristas y extremistas?
En primer lugar, muchos expertos consideran que la clave no se halla en la
ampliación de las competencias administrativas del FSB -de por sí ya bastante
amplias-, sino en mejorar la labor de inteligencia de los servicios secretos.
Por ejemplo, creando grupos de análisis formados por expertos de distintas
especialidades, tanto en el seno del propio FSB, como en estructuras paralelas a
esta organización.
El objetivo de estos grupos debería ser la evaluación de los niveles de riesgo
de cada una de las amenazas detectadas y el diseño de medidas encaminadas a
contrarrestar dichas amenazas.
Estas medidas no deberían consistir en "capturar y amonestar" a "los
extremistas", que tan de moda se han puesto, sino en detectar a los enemigos
públicos verdaderamente peligrosos y luchar contra ellos.
Los métodos de lucha podrían pasar incluso por operaciones especiales y, en caso
de necesidad, por investigaciones de gran envergadura. En un principio, dentro
del FSB se está realizando este trabajo, pero, en opinión de los expertos, de
una manera no lo suficientemente activa.
Además, el FSB debe emplear de un modo mucho más intenso los métodos de que se
dispone en la actualidad para conocer los ánimos en nuestra sociedad. No es
ningún secreto que, hasta hace bien poco, el FSB no mostraba ningún interés por
los sondeos de opinión sobre la situación económica y política del país.
Desde hace tiempo, las encuestas de este tipo las llevan a cabo centros de
investigación de los países occidentales, algunos de los cuales están en
contacto directo con los servicios secretos de sus respectivos países.
No deja de resultar extraño que los servicios secretos de otros países estudien
con detenimiento los sondeos de opinión en Rusia, elaborando y encargando las
correspondientes encuestas a distintas entidades, mientras nuestros servicios de
inteligencia simplemente desatienden estos métodos.
Una cuestión fundamental es la de la adecuada valoración de las amenazas
detectadas. Se dedican por ejemplo importantes recursos a la lucha contra el
"nacionalismo" (rúbrica bajo la que, por alguna extraña razón, suele aparecer
sobre todo el nacionalismo ruso) y su extensión en forma de "extremismo".
El hecho de que la amenaza en este caso sea prácticamente inexistente hace que
la lucha contra estas manifestaciones adopte formas puramente anecdóticas. Por
ejemplo, se prohíbe el acceso a Internet porque, desde ese medio, podrían (¡!)
publicarse determinados materiales extremistas; o se elabora una lista de
literatura extremista, en la que no es raro que aparezcan las joyas de la
literatura clásica rusa; etcétera.
Al mismo tiempo, no se presta atención a amenazas reales, susceptibles de
provocar la disolución del país en un futuro no tan lejano: bien por un error de
apreciación, bien por la incapacidad de contrarrestarlas de un modo efectivo en
el marco del sistema actual.
Estamos hablando de una creciente ineficacia de la organización estatal,
generada por la corrupción y la burocracia que distan de ir desapareciendo, a
pesar de que los políticos de alto rango aseguren lo contrario. Nos topamos con
la ineficiencia de los tribunales en combinación con la arbitrariedad de los
órganos de orden público.
Nos enfrentamos a la invulnerabilidad ante la Ley de ciertas personas, que
disponen de dinero y de los necesarios contactos y que suelen recurrir a otros
mecanismos de presión.
Por no hablar de la evidente incapacidad del Estado para obligar a todos sus
ciudadanos a cumplir las leyes vigentes, lo que acaba ocasionando
enfrentamientos étnicos: los ciudadanos de las repúblicas del Cáucaso del Norte,
así como de otras zonas del Cáucaso y de Asia Central a menudo provocan dichos
conflictos, pero casi nunca responden por ello.
Como resultado, se observa un alto grado de apatía jurídica y política de los
ciudadanos, los cuales, creyendo ineficientes los existentes mecanismos de
gestión pública, optan por marginarse de la vida política del país.
Más aun, llegan a ver al Estado como una formación adversa que únicamente busca
subyugar a sus ciudadanos y sustraer sus ingresos, en vez de facilitarles y
defender sus posibilidades legales de ganar dinero. En estas condiciones parece
inevitable el surgimiento de diversos grupos extremistas.
A los que habría que combatir, por supuesto; no obstante, ellos sólo son los
síntomas, y es necesario combatir en primer lugar la enfermedad que los ha
provocado.