De todos los gobiernos de
Europa, el más débil es el español. En primer lugar, porque la bancarrota
capitalista se manifiesta allí con mayor intensidad.
Por Jorge Altamira - Prensa Obrera
La
deuda pública ha crecido una enormidad en sólo un año, esto como consecuencia de
la recesión y de las operaciones de rescate capitalista a cargo del Estado. Más
grave es aún la deuda externa: según el FMI es de 2,5 billones de dólares y
según el Banco de España es de 1,7 billones de euros. El PBI ha caído a 990.000
millones como consecuencia de la crisis y de la devaluación del euro. La deuda
externa es principalmente privada, pues se encuentra en alrededor del 200% del
PBI –unos dos y medio de billones de dólares, a lo que se suma un continuo
déficit del balance de pagos, que no tiene financiación. La alienación del
gobierno ‘socialista’ respecto de las masas, por un lado, y de la burguesía, por
el otro, es completa. Es que además de una desocupación que se empina al 25% de
la población activa, Zapatero se ha tenido que desdecir de todos los compromisos
que asumió en cuanto a no aplicar un plan de ajuste. Lo hizo cambiar el rebenque
de los bancos alemanes, que temen irse a pique con un ‘default’ español; a
España la gobierna Frankfurt, no Madrid –o el FMI, o sea Nueva York– que
presiona a Zapatero para que el ‘ajuste’ se haga sin concesiones.
Se aflojó la cuerda
Los capitalistas, por su lado, le han estado reprochando a Zapatero que no haya
desarrollado una reforma laboral en perjuicio los asalariados con contrato
indefinido, que facilite los despidos y rebaje su costo, y que además reduzca en
forma drástica las contribuciones patronales a la seguridad social. El conflicto
de la burguesía con el gobierno se ha manifestado en todos los planos: los
imparables ataques del clero, bajo el pretexto de la lucha contra la laicidad
jurídica, y la ofensiva contra el juez Garzón para impedir el esclarecimiento de
los crímenes del franquismo son parte de este proceso. Zapatero ha comprendido
que se ha quedado sin piso político para pilotear la crisis, por eso se ha
apresurado a acatar las órdenes que le han impartido desde Alemania y el FMI.
Esta falta de ‘pinet’ para gobernar se hizo patente cuando reculó en cuatro
patas del anuncio de que iba a gravar a los grandes capitales para financiar una
módica parte de la crisis. Zapatero desairó con su recule a todo el gabinete,
que sin embargo hizo mutis por el foro cuando su jefe pegó el esquinazo, porque
la burocracia del PSOE teme ser barrida con la expulsión de su jefe del
gobierno. Nada de esto, sin embargo, aflojó la presión del capital financiero
sobre Zapatero: a pesar del paquete de rescate anunciado por la Comisión
Europea, por 750 mil millones de euros, el Estado español tuvo que pagar tasas
de usura para renovar la deuda pública (más de 500 puntos por encima de la tasa
alemana); es una evidencia de su agotamiento ante los llamados ‘mercados
internacionales’. Otro síntoma de su debilidad irreversible es que Zapatero está
presionando ahora a ‘las partes sociales’ para que sean ellas las acuerden y
pongan el sello de la colaboración de clases con el ajuste. Pero no logrará –ni
con la burocracia sindical entreguista, que pierde margen de maniobra frente a
los comités obreros de empresa, ni con la burguesía, que va por todo. El ala de
las multinacionales que lo apoya (Telefónica, BBVA), no cree en ningún acuerdo y
sólo espera que Zapatero imponga el ajuste por decreto tal como lo pide el FMI,
descontando el fracaso de la tentativa de ‘pacto social’.
Cambio de gobierno y de régimen político
Antes de la crisis, la derecha buscaba la cabeza de Zapatero e incluso reclamaba
elecciones anticipadas. Lo siguen pidiendo, pero en un tono más bajo y sin
presentar una moción de censura, que sería vista como una censura a la Comisión
Europea. Es cierto que la derecha no tiene los votos necesarios en el
Parlamento, pero la censura sería una fuerte arma de agitación en medio de la
crisis, lo cual los franquistas procuran evitar. Zapatero les ruega que voten a
favor del ajuste en el Parlamento, pero todo indicaría que la derecha se
abstendría, esto a pesar de que apoya sus términos. La abstención sería, de
todos modos, una expresión del abandono de la política de reclamar la censura
parlamentaria. El PP quiere retener su condición de alternativa política, pero
al mismo tiempo no puede ir a fondo por esta vía. El jefe del PP, Rajoy, perro
felpudo de la democristiana alemana, Angela Merkel, no va a patear el plan de
ajuste que ella dictó para España.
Los franquistas no pueden hacerse cargo de la crisis en caliente; no tienen
política diferente a la de los ‘socialistas’, y además podrían desatar una
rebelión popular. El desenlace de la bancarrota de Cajasur, una entidad bancaria
de Andalucía, gobernada por el clero, es en este punto muy interesante: los
curas rechazaron una fusión con otra Caja (con inclinaciones ‘socialistas’) y
prefirieron la bancarrota, sin importarle que con ello agudizaban, aun a pesar
de su reducido tamaño (0,6% del sistema financiero), la crisis financiera en
toda Europa. El clero, con este caso, calcula que la crisis política es
inevitable, y que podría pelear por su ‘patrimonio’ (negativo) en otras
condiciones. Su debilidad, sin embargo, ha quedado de manifiesto en la
incapacidad de defender su dominio, que ejerce desde ¡1680! –aun cuando contaba
con el apoyo del directorio clerical del Banco de España.
“Concentración Nacional”
Es redundante añadir que el campo de maniobra de los actuales gobernantes se
estrecharía hasta el límite si las huelgas generales que están previstas se
cumplen en forma masiva y son el detonante de una ulterior irrupción de luchas
por empresa ante la concreción de los despidos.
El Estado español se enfrenta al desafío de tener que refrendar el mandato de
sus gobernantes, porque los actuales no tienen autoridad política como
consecuencia de su responsabilidad y del ocultamiento que hicieron durante largo
tiempo. Precisamente, fueron los ocultamientos los que voltearon al PP del
gobierno, cuando una rebelión popular de un fin de semana dio cuenta de él por
ocultar la responsabilidad por los atentados terroristas en la estación
ferroviaria de Atocha. Una caída de Zapatero obligaría, por la Constitución, a
convocar a elecciones anticipadas. Sin embargo, es improbable que esto ocurra en
caliente, de modo que si la crisis financiera se agudiza, la salida sería un
gobierno de “unidad nacional”, pero de carácter ‘técnico’, esto para preservar a
los líderes de los partidos. El gobierno ‘técnico’ de “concentración nacional
debería incluir a algunos partidos de las regiones autónomas, incluso ante la
dificultad que presenta que la CiU de Cataluña y el Partido Nacionista, en el
país vasco, se encuentran en la oposición a gobiernos de coalición con mayoría
socialista. La necesidad, como se sabe, tiene cara de hereje. Por caso, un
gobierno de “concentración”, sin la participación de Zapatero, enfrenta otros
obstáculos jurídicos adicionales. Pero no hay Estado capitalista donde no se
respete la “necesidad y urgencia”, que la Corte Suprema de Argentina acaba de
avalar como sustituto criollo del ‘estado de excepción’. El gobierno de ‘unión’
tendría un carácter provisional hasta que se juzgue prudente el llamado a nuevas
elecciones.
La etiqueta de la ‘unidad nacional’ serviría para establecer un gobierno que
funcionaría en base a decretos o que convierta al Congreso de Diputados en mera
oficina de registro de las decisiones del Ejecutivo. Esta modificación
implicaría el principio del pasaje a un nuevo régimen político –la transición
hacia gobiernos bonapartistas o de colaboración de clases. Si la situación se
radicalizara como consecuencia de la intervención popular, el gobierno de
‘unidad nacional’ podría, sin embargo, cambiar de fisonomía y convertirse en un
gobierno de contemporización con las masas para neutralizar la presión de éstas.
En ese caso habría un gobierno de ‘unidad nacional’ con los sindicatos, la
izquierda y un sector de los partidos nacionalistas. Esto colocaría al PP
firmemente en la oposición y se romperían los acuerdos con el PSOE, por ejemplo
en el País Vasco. La salida de Zapatero implicaría encumbrar en el PSOE un nuevo
liderazgo, que ya se viene perfilando desde hace un tiempo.
La clase obrera
Una derrota sin mayor resistencia de parte de la clase obrera y de los
sindicatos, que en todo caso sería provisional, podría detener o retrasar la
caída de Zapatero, pero solamente por un tiempo, esto porque la bancarrota
capitalista en España no puede ser superada a corto o mediano plazo. En tal
caso, y sólo en ese caso, sería el turno de la derecha. Las encuestas de opinión
ya registran una caída vertiginosa del PSOE pero no una mejora para el PP;
crecen los catalanes de CiU, Izquierda Unida y otras formaciones nacionalistas.
La izquierda del Estado español ya está lanzando, con convicciones diferentes,
la reivindicación de una huelga general del conjunto de los sindicatos. En plazo
no muy distante se pondrá al día la consigna de la huelga indefinida. A estos y
otros planteos de lucha debemos agregar, en función estratégica, la
independencia de los trabajadores de cualquier gobierno de colaboración de
clases y la agitación por un gobierno de los trabajadores. Como se ve, no se
trata de ponerle un rótulo a la bancarrota capitalista sino de desarrollar una
orientación política que permita derrocar, a término, al capitalismo. No estamos
haciendo, como pretenden los marxólogos renacidos, una reivindicación del
llamado ‘factor subjetivo’ salido de la academia o construido en abstracto, sino
sacando las conclusiones últimas de las consecuencias de la bancarrota
capitalista sobre todas las clases sociales y todos los regímenes políticos; la
crisis que ella genera en las ideas recibidas o heredadas de la clase obrera;
para desarrollar con estas conclusiones una orientación revolucionaria adecuada
a las circunstancias históricas concretas.