Reunión de los ministros de
Economía del viejo continente. Se intenta así reformar las reglas que gobiernan
la unión monetaria europea.
Por Idafe Martin - Clarín, Argentina
Todo
palos y ni una zanahoria. Cuando estalló la crisis financiera se habló de meter
mano dura a quienes la provocaron. Tras más de un año y medio y con las deudas
europeas disparadas, por ahora las sanciones las asumirán los países que se
endeudaron para salvar a los bancos. Y las sufrirán sus ciudadanos a través de
duros planes de ajuste que están afectando a las clases medias y bajas porque
bajan pensiones y salarios y no suben impuestos.
Los ministros de Economía de la UE acordaron ayer reforzar la gobernabilidad de
la zona euro apretando las tuercas a quienes no limiten sus déficits y deudas
como marcan las normas europeas. Herman Van Rompuy, presidente del Consejo
Europeo, anunció a la prensa que había consenso para aplicar "sanciones
financieras y no financieras".
De la reunión de ayer surgió también la idea de institucionalizar el plan de
750.000 millones de euros para hacer frente a la crisis de las deudas europeas.
Se trata de crear un "mecanismo eficaz de gestión de crisis", una forma como
otra cualquiera de bautizar un futuro fondo monetario europeo.
La reunión de ayer es la primera de un nuevo -e informal- órgano europeo que
reúne a los ministros de Economía, el presidente del Banco Central Europeo y el
comisario de Economía de la Comisión Europea, todos bajo la presidencia de Van
Rompuy.
Este órgano, ya bautizado como "Task force", se reunirá el 7 de junio,
presentará un informe preliminar el 17 de junio a los jefes de Gobierno y sus
propuestas definitivas en octubre.
Según explicó Van Rompuy ayer, "no se excluye nada", porque la UE ha entendido
"la urgencia, tenemos que dotarnos de instrumentos más apropiados para reforzar
la disciplina presupuestaria".
Entre esas medidas que no se excluyen podrían encontrarse varias de las
propuestas alemanas. Berlín quiere que todos los miembros de la Unión Europea
copien en sus legislaciones una disposición que Alemania incluyó en su
constitución por la que, a partir de 2016, el déficit público no puede pasar de
0,35%.
El gobierno alemán también propone que se quiten las subvenciones europeas y el
derecho a voto en las decisiones de la UE a los países que superen los límites
de déficit público y deuda pública que establecen las normas del bloque.
Van Rompuy también manifestó que la UE tiene tres objetivos clave: endurecer la
disciplina presupuestaria, reducir las divergencias de competitividad en la
Eurozona y emprender las reformas institucionales necesarias para dotarse de los
mecanismos que hagan posible este cambio.
Ayer también se presentaron varias propuestas más polémicas. Entre ellas, que
los países del euro pongan en común una parte de sus deudas públicas -algo que a
Alemania le suena como convocar al diablo- o instaurar un sistema ordenado para
que un país miembro pueda hacer default sin provocar una crisis en toda la zona
euro.
Esta medida significaría dar paso a la reestructuración de la deuda griega -y
tal vez de otros países en un futuro no tan lejano-, algo que durante meses
todos los dirigentes de la Unión Europea han descartado y que podría conllevar a
la salida del euro.
Berlín intenta imponer a sus socios reglas estrictas -y sanciones a quienes las
incumplan- para salvar la estabilidad de la moneda europea al precio que sea.
Aunque sea al de aprobar durísimos planes de ajuste que pueden frenar el
crecimiento económico de la Unión Europea durante los próximos años.