El Parlamento alemán estuvo dominado
el jueves por un acalorado cruce de acusaciones, después de que la canciller
Angela Merkel solicitara el apoyo del préstamo a Atenas, que, en el caso de
Alemania, asciende a 22.400 millones de euros.
Por Quentin Peel - The Financial Times
"Lo
que está en juego es, ni más ni menos, que el futuro de Europa, y, con él, el
futuro de Alemania en Europa”, aseguró durante la primera sesión parlamentaria,
que se prolongará durante tres jornadas. “Los ojos de Europa están puestos en
Alemania. Sin nosotros, no se puede tomar ninguna decisión”.
Tras estas declaraciones, el líder de los socialdemócratas, Frank-Walter
Steinmeier, aseguró que su propia indecisión y, el consiguiente retraso en la
aprobación del plan de rescate, habían dificultado y encarecido éste.
La contribución de Berlín al plan de rescate a Grecia ha despertado una gran
polémica en Alemania, donde la opinión pública se ha mostrado tremendamente
hostil a la propuesta. El Ejecutivo se enfrenta el domingo a unas elecciones
críticas en Renania del Norte-Westfalia. Con este telón de fondo, Gobierno y
oposición se acusan de actuar en función de sus intereses partidistas, en una
decisión que ambos consideran “de vital importancia” para el país, el euro y el
futuro de la Unión Europea. “Es la prueba más importante de la integración
europea desde la firma del Tratado de Roma”, declaró Steinmeier.
Merkel retó a la oposición a apoyar la propuesta del Ejecutivo sobre el
préstamo, después de explicar los detalles del plan de rescate de la UE_y el
FMI, que asciende a€110.000 millones de euros. El programa, dijo Merkel, es la
única salida no sólo para Atenas, sino para garantizar la estabilidad del euro y
de sus dieciséis miembros.
Aunque Steinmeier reconoció la necesidad de aprobar el plan de ayudas, incluido
el préstamo de Alemania, su partido todavía tendrá que decidir si vota mañana a
favor de la propuesta del Gobierno. Aunque Merkel tiene garantizada la mayoría
de los miembros de su coalición, la canciller alemana quiere el pleno consenso
del Parlamento para intentar mitigar la hostilidad de la opinión pública.