Hace un par de meses, dio la
impresión de que se puso fin al conflicto gasístico entre Rusia y Bielorrusia.
Por Konstantín Símonov (*) - RIA Novosti
Cuando el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, con su decreto del pasado
12 de febrero, ratificó el protocolo intergubernamental entre Bielorrusia y
Rusia sobre las condiciones para el suministro de crudo ruso y el transporte a
través de su territorio para el 2010, muchos analistas pensaron que el conflicto
energético entre estos dos países ya había sido resuelto.
Pero, de hecho, no es así. Lukashenko, simplemente, había ganado tiempo. Al
presidente bielorruso no le quedaba otro remedio que aceptar esas condiciones,
porque las refinerías bielorrusas sólo disponían de reservas para unos cuantos
días. Ya entonces, Lukashenko tenía la firme intención de revisar este asunto
cuando tuviera más capacidad de maniobra.
Y el presidente bielorruso ya la tiene: ha encontrado los puntos más vulnerables
en su batalla energética contra Rusia. Para empezar, ha firmado un polémico
acuerdo para el abastecimiento de unos 4 millones de toneladas anuales de crudo
venezolano. Está claro que se trata de una cantidad pequeña en comparación con
las más de 20 millones de toneladas que importa de Rusia. Y, además, hasta que
Bielorrusia no deje de disfrutar de las rebajas ofrecidas por Moscú y pague el
precio real de mercado por el petróleo ruso, el crudo venezolano seguirá siendo
más caro. Sin embargo, el contrato con Chávez es un golpe de efecto y un aviso
de que Lukashenko no vacila ante nada.
En su entrevista a un periódico argentino, Alexander Lukashenko, anunció la
posibilidad de la participación de Venezuela en la privatización de las
refinerías petroleras de su país. Extraña postura, puesto que Rusia ha intentado
persuadir en muchas ocasiones sin resultado al mandatario bielorruso para que
este vendiera estas refinerías a empresas rusas.
Es curioso que Rusia quiera invertir US$12.000 millones en la explotación del
yacimiento Junín 6 de la Franja Petrolífera del Orinoco en la región del
centro-este de Venezuela, mientras que el gobierno de Chávez intenta comprar
unos activos a los que Moscú ha echado el ojo.
Recordemos también que hace poco, Minsk interpuso una demanda contra Moscú en la
Corte Económica de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) exigiendo la
supresión de los aranceles petroleros. Es evidente que esta demanda era
injustificada, como se demostró poco después, pero, consiguió su objetivo de
levantar un buen revuelo.
En al marco del contrato con el gobierno de Venezuela, Alexander Lukashenko ha
encargado a su vicepresidente primero, Vladimir Semashko, que comience a
negociar con Ucrania la utilización del oleoducto Odessa-Brodi para el
transporte del crudo venezolano a Bielorrusia.
Esto provoca una seria irritación en Moscú al menos por dos razones: en primer
lugar, porque los petroleros venezolanos tendrán que atravesar el mar
Mediterráneo, pasar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos cuya
capacidad de tránsito es limitada y donde ralentizarán el tránsito en dirección
contraria de los buques rusos.
En segundo lugar, el oleoducto Odessa-Brodi fue construido en 2001 para trasegar
petróleo del Caspio hacia Europa. Es decir, para beneficio de Rusia. Lo cual
quiere decir que su utilización para otros fines es una clara y premeditada
provocación.
De todas formas, es cierto que este oleoducto ha terminado por no resultar del
todo rentable. Incluso la muy nacionalista Ucrania Naranja tuvo que aceptar otro
tipo de usos para la cañería. Por ejemplo, el transporte de crudo con Odessa
como punto de destino y no desde allí hacia Europa.
Así las cosas, Lukashenko se ha decidido a resucitar el proyecto que los
partidarios de la revolución naranja se negaron a financiar. Pero, no existe
ninguna lógica económica en el suministro de petróleo desde Venezuela a
Bielorrusia a través del oleoducto Odessa-Brodi. Para entenderlo basta con
echarle un vistazo a cualquier atlas.
Así que, es más que probable que estos proyectos acaben en agua de borrajas,
aunque dejarán un poso amargo de declaraciones fuertes y múltiples escándalos
semanales.
Por otra parte, está el problema de gas. En el primer trimestre de 2010, el
precio del gas natural ruso exportado a Bielorrusia fue de 168 dólares por mil
metros cúbicos, casi dos veces inferior a lo que paga Ucrania. Minsk está exento
del arancel de exportación, que es de un 30% sobre el gas suministrado, pero,
por lo visto, no es suficiente. Bielorrusia sigue pagando 155 dólares por cada
mil metros cúbicos de gas, pese a que su deuda total asciende a 94,5 millones de
dólares por las entregas de anteriores.
Hace poco, Bielorrusia aceptó traspasar un 50% de la empresa local Beltransgaz
al consorcio ruso Gazprom, que tiene que decidir ahora cómo reestructurar el
sistema de gestión de la compañía.
Rusia se enfrenta a una complicada disyuntiva: mantener unas buenas relaciones
con los Estados eslavos de la CEI y reforzar con esto su posición geopolítica, o
bien optar por una actitud mucho más pragmática en aras de un beneficio
económico.
Cada día está más claro que es imposible compaginar estas dos estrategias por
mucho que se intente, porque las ganancias resultantes son escasas, si es que
las hay. Lukashenko es un patente ejemplo de esto: intentando aunar las dos
políticas no ha conseguido más que tensar las relaciones entre Rusia y
Bielorrusia. Los tiempos de la concordia, cuando se barajaba la posibilidad de
creación de un Estado unido y una moneda común quedan ya muy lejos. En la
situación actual Rusia pierde grandes cantidades de dinero y gana escándalos y
polémicas.
Parece un cuadro de estilo surrealista. Moscú considera a Lukashenko como su
aliado político y por eso le hace ciertas concesiones económicas. Por otro lado,
el actual talante pragmático de Rusia no da para que estas concesiones sean
suficientes. Por consiguiente, el mandatario bielorruso ha creado una trama de
presiones y chantajes contra Rusia, provocando un escándalo tras otro para
intentar sacar más tajada. No dándose por enterada, Moscú le sigue el juego. Y,
al parecer, estimula aun más a Lukashenko.
(*) Konstantín Símonov es director general de la Fundación rusa para seguridad
energética