La nueva primera ministra de
Australia, Julia Gillard, estrena cargo enfrentando reclamos de urgentes medidas
contra el cambio climático.
Por Stephen de Tarczynski - IPS
"Le
solicitamos (…) que cumpla la promesa de su partido de tomarse en serio la
amenaza que plantea el cambio climático", dijo Linda Selvey, presidenta de la
filial Australia-Pacífico de Greenpeace, luego que Gillard reemplazó al ex
primer ministro Kevin Rudd (2007-2010), el día 24.
Gillard es la primera mujer en ocupar la Presidencia de su país.
Los parlamentarios del gobernante Partido Laborista Australiano perdieron la
confianza en la capacidad de Rudd de liderar a su fuerza política hacia otra
victoria electoral.
Fue así como lo sustituyeron por Gillard, de 48 años, quien hasta entonces se
desempeñó como viceprimera ministra en el gobierno de Rudd.
Pese a que las encuestas de opinión pública le concedieron una alta popularidad
durante los primeros dos años de su gestión, la imagen de Rudd cayó
considerablemente en los últimos meses.
Parte de este declive puede atribuirse a errores políticos, entre ellos no haber
logrado rebatir los argumentos de la oposición conservadora en cuanto a que el
gobierno de Rudd era suave en materia de seguridad fronteriza, y la reciente
batalla con las empresas mineras por el aumento de los impuestos.
Sin embargo, lo más decisivo fue la percepción de que Rudd era incapaz de
combinar la acción con su propia retórica sobre el cambio climático.
El cambio climático "es el mayor desafío moral de nuestra generación", dijo Rudd
en una célebre declaración. El político llevó al Partido Laborista Australiano a
la victoria en las elecciones de 2007, en parte por considerarse que él proponía
mejores políticas sobre cambio climático y ambiente que su antecesor, John
Howard (1996-2007).
Rudd fue muy aplaudido por tomar medidas inmediatas para ratificar el Protocolo
de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005) para la reducción de gases de
efecto invernadero, que Howard se había negado a respaldar.
Pero su gobierno fue muy criticado cuando anunció, en diciembre de 2008, que su
objetivo para 2020 era reducir apenas cinco a 15 por ciento de los gases
contaminantes en relación a los registros de 2000.
Esta meta fue incluso menor que el recorte de entre 10 y 25 por ciento que antes
había recomendado Ross Garnaut, principal asesor del gobierno de Rudd sobre
cambio climático, y que también había sido rechazado.
Las cosas fueron de mal en peor para Rudd, que contaba con un programa de
comercio de emisiones de carbono para cumplir el objetivo de reducción para
2020.
Ese tipo de programas les ponen un precio a las emisiones de carbono para
alentar a los principales contaminantes a reducir esas emisiones.
La legislación sobre el comercio de carbono intentó ser aprobada tres veces,
pero no lo logró. Tanto la oposición como el Partido Verde Australiano se
manifestaron en contra del programa, aunque por motivos bastante diferentes.
La oposición se mostró dividida en torno a las políticas sobre el cambio
climático, mientras que los verdes consideraron que el programa de comercio de
carbono era demasiado débil para ser efectivo.
Esto hizo que en abril Rudd retrasara ese programa, declarando que su gobierno
no buscaría implementarlo hasta que expirara el actual periodo de compromiso del
Protocolo de Kyoto, en 2012.
Rudd se había promovido a sí mismo como un líder genuino. Pero en noviembre
pasado rechazó las sugerencias de que Australia debería esperar hasta después de
la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre en Copenhague, antes de actuar
para reducir sus emisiones contaminantes.
Esas políticas debilitaron su propia imagen, sumándose a la inquietud entre los
votantes.
"El electorado se sintió traicionado por Kevin Rudd cuando se retiró de ese
compromiso tan fundamental. Está claro que el gobierno subestimó vastamente el
deseo de la comunidad de una acción real contra el cambio climático", dijo
Selvey.
Ese deseo parece auténtico. Según una encuesta realizada en marzo y difundida a
comienzos de este mes por el Instituto Lowy para las Políticas Internacionales,
con sede en Sydney, 72 por ciento de los consultados dijeron querer que
Australia, uno de los principales contaminantes mundiales con carbono por
persona, tome medidas para reducir sus emisiones incluso si no se llega a un
acuerdo mundial posterior al Protocolo de Kyoto.
Y eso es lo que ahora se implora a la primera ministra, que aspira a ser
ratificada en su cargo en elecciones que probablemente se celebren en pocos
meses.
"Felicito a la señora Gillard y la urjo a liderar un viraje (para que Australia
pase) de una economía dependiente del carbono a una economía limpia y un
ambiente saludable", dijo Don Henry, presidente de la no gubernamental Fundación
Australiana para la Conservación.
En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, Gillard señaló que el
cambio climático es una prioridad de su gobierno, junto con la situación de los
refugiados y un acuerdo sobre el impuesto a la minería.
Agregó que, de ser electa en los próximos comicios, retomará el proyecto del
comercio de carbono en el ámbito nacional e internacional.
Gillard también ha planteado que, de no lograr un apoyo amplio al programa de
comercio de carbono, posiblemente introduzca un impuesto al carbono, a fin de
promover las energías renovables para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Sea cuales sean las políticas que Gillard adopte en relación al cambio
climático, si sus acciones no concuerdan con sus palabras probablemente deberá
pagar un costo político tan fatal como el que le valió el puesto a Rudd.