Como complemento a su "guerra contra el terrorismo", el gobierno de Estados Unidos emprendió otra contra organizaciones no gubernamentales, advirtieron dos prominentes instituciones de la sociedad civil.

Por William Fisher - IPS

Washington "restringe la actividad del sector humanitario y filantrópico y limitar la libertad de expresión", afirmaron en un informe conjunto las organizaciones OMB Watch y Donantes sin Fronteras.

El estudio indica que el gobierno ve a las entidades sin fines de lucro como "conductos de fondos para el terrorismo y terreno fértil para el disenso agresivo".

Además, acusa a los tribunales de "excesiva condescendencia" con el Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) de Estados Unidos, cartera a cargo de diseñar programas que impidan el financiamiento de grupos terroristas.

Esa política, en definitiva, impide la lucha contra el terrorismo, señala el estudio.

OMB Watch está dedicada a analizar las actividades de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, (OMB, por sus siglas en inglés), cuerpo responsable de elaborar el presupuesto anual del gobierno federal.

El Congreso legislativo "no ha utilizado sus poderes de supervisión" para revisar esos programas y el gobierno "ignora los pedidos de cambio" realizados desde la sociedad civil, que "opera con temor" de alentar a las autoridades a "usar su poder para poner fin a sus actividades", agregó el texto.

Kay Guinane, de OMB Watch, dijo a IPS que la estrategia oficial es contraproducente.

"Para preservar los derechos de las organizaciones no gubernamentales y de todas las personas, los diversos niveles del gobierno deben conducir sus actividades antiterroristas en una forma consistente con la protección de la libertad y la sociedad civil. De otra forma, se pierden las salvaguardas que nos protegen de la tiranía", aseguró.

El informe destaca que "las actuales políticas antiterroristas se basan sobre un defectuoso régimen legal y definiciones vagas, falsos supuestos sobre el terrorismo y las organizaciones civiles, y se aplican de forma abusiva por el gobierno, que emplea sus poderes de vigilancia con criterio político y en forma inconstitucional".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro es uno de los blancos principales de las críticas.

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, el Congreso legislativo facultó al Poder Ejecutivo con amplios poderes contra organizaciones que emplearan las actividades humanitarias como cubierta para enviar fondos a grupos terroristas.

Esas facultades incluyen la autoridad para calificar a cualquier organización no gubernamental como proveedora de apoyo material al terrorismo. Los acusados no pueden ver las evidencias sobre las que se basa ese cargo y corren el riesgo de ver congelados sus fondos, lo que les impide continuar con su trabajo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno puso fin a las actividades de docenas de grupos humanitarios por su supuesto apoyo al terrorismo, pero sólo inició acciones legales contra tres de ellos. Ninguno fue encontrado culpable de los cargos en los tribunales.

El informe señala que, según datos del Departamento del Tesoro, 16,4 millones de dólares, calificados como activos de "organizaciones terroristas extranjeras", han sido congelados desde 2001. La lista de los afectados incluye a grupos humanitarios y fundaciones.

La legislación no contempla un tiempo límite de inmovilización de esos fondos. Hasta el momento, y a pesar de varios pedidos, no han sido liberados para su empleo en ayuda humanitaria, dice el estudio.

También indica que el gobierno ha empleado sus poderes de vigilancia con fines políticos.

"Además de ofrecer ayuda y servicios a personas que los necesitan, las organizaciones religiosas y humanitarias facilitan el intercambio de información e ideas, promoviendo el debate sobre las políticas públicas. El gobierno ha tratado algunas de estas actividades como una amenaza terrorista", destaca el informe.

El estudio agrega que las autoridades apuntaron contra grupos que expresaron públicamente su oposición a las políticas oficiales.

En 2005, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos reveló la existencia de un intrincado sistema de espionaje doméstico sobre las organizaciones no gubernamentales, basado en los poderes otorgados al gobierno por la Ley Patriota, aprobada luego de los atentados de 2001.

El informe indica que las leyes antiterroristas han hecho crecientemente dificultoso que las organizaciones no gubernamentales estadounidenses operen en el exterior.

Por ejemplo, tras el tsunami que afectó en 2004 a varias naciones asiáticas, aquellas que auxiliaban a las víctimas en Sri Lanka, en áreas controladas por los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil corrían el riesgo de ser acusados de ofrecer "apoyo material" a un grupo calificado como terrorista.

Las leyes estadounidenses también crean dificultades a la Cruz Roja, que debería violar los principios de neutralidad que guían su trabajo para ajustarse a esas normas.

Esa organización considera que en casos de desastre, "el imperativo humanitario es la prioridad. La ayuda se otorga sin distinción de raza, credo o nacionalidad y sin diferenciaciones adversas de cualquier tipo".

David Cole, experto en derecho constitucional del Centro Legal de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que "el sistema empleado en nombre de detener el financiamiento al terrorismo otorga al Ejecutivo un cheque en blanco para colocar en una lista negra a individuos o grupos, imponer culpa por asociación y carece de los mínimos atributos del debido proceso".

Así como en los años 50 era ilegal en Estados Unidos ser miembro del Partido Comunista, agregó Cole, "ahora es delito apoyar a una organización o persona que figura en una lista de vigilancia del terrorismo, aunque el gobierno puede congelar fondos sin mostrar ninguna prueba sobre lazos con el terrorismo o la comisión de algún acto ilegal".

Otros analistas creen que la campaña contra las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas en países musulmanes es parte de un clima de sospecha generalizado sobre las personas de esa religión.

Samer Shehata, profesor de Políticas Árabes en la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que "la islamofobia genera un clima que va contra los valores que, se supone, predominan en Estados Unidos, sobre tratar a todas las personas de forma equitativa, sin discriminarlas en razón del color de su piel, su religión o su género".