Se trata de Afganistán, Chad, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sudán y Uganda.

Una investigación del Centro de Información de Defensa (CDI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, destacó que, aunque frecuentemente los niños son reclutados a la fuerza por grupos insurgentes, hay casos en que son empleados directamente por los gobiernos o paramilitares con apoyo estatal.

En Chad, afirma el estudio, las fuerzas de seguridad utilizan niños en sus fuerzas e imponen trabajos forzados tanto a infantes como a adultos. Otros grupos armados también recurren a esta práctica.

Según el CDI, en República Democrática del Congo las unidades militares del gobierno y los grupos armados continúan reclutando niños. Asimismo señala que las autoridades no toman medidas contra los comandantes que los emplean y que los acuerdos con las milicias para desmovilizarlos no se cumplen.

En Sudán, agrega el informe, "hubo numerosos abusos graves, que incluyeron el servicio militar forzoso de menores de edad y el reclutamiento de niños soldados".

El problema es especialmente grave en la conflictiva occidental provincia de Darfur. Aunque los grupos insurgentes son los que más emplean a los niños, el CDI afirma que hay evidencias confiables sobre su utilización por parte del gobierno y las milicias que cuentan con su respaldo.

Los informes del CDI y el Departamento de Estado se conocen cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, está incrementando fuertemente la ayuda militar como recompensa para los países que cooperan en su "guerra contra el terrorismo", a pesar de la inestabilidad política en esas naciones y las críticas de los organismos de derechos humanos.

El CDI hizo referencia a las crecientes ventas de armas en los últimos años a 25 naciones de África, Asia y Medio Oriente. En la mitad de ellas, según el Departamento de Estado, hubo en 2006 serios problemas en materia de derechos humanos.

El estudio demuestra que las ventas de armas de Estados Unidos, de gobierno a gobierno, a esos 25 países, pasaron de 400 millones de dólares en 2005 a 3.900 millones al año siguiente. Esta cifra representa 22 por ciento de las ventas militares de Washington en 2007, que ascendieron a 18.000 millones de dólares.

"Estados Unidos está otorgando asistencia militar, en un nivel sin precedentes, a países a los que simultáneamente critica por su falta de respeto a los derechos humanos y, en algunos casos, por sus cuestionables procesos democráticos", señaló el CDI.

"Aunque estos países son considerados actualmente importantes para los esfuerzos de Washington en la 'guerra contra el terrorismo', su inestabilidad política y militar hace que su lealtad en el futuro resulte dudosa", agregó.

El incremento en la ayuda militar se debió en parte al levantamiento de sanciones y restricciones contra ciertos países luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.

Las ventas directas de las empresas estadounidenses fabricantes de armas, supervisadas por el Departamento de Estado, se ubicaron por sobre los 3.000 millones de dólares para esos países entre 2002 y fines de 2006. En los cinco años previos a los atentados terroristas habían sido de 72 millones de dólares.

Otro estudio, del no gubernamental Consorcio de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), destacó que "la influencia de los cabilderos extranjeros en el gobierno de Estados Unidos, así como el énfasis estrecho de miras en el contraterrorismo por sobre las preocupaciones en materia de derechos humanos, han acarreado un alto costo económico y pérdida de capital político".

"Los acuerdos para proveer ayuda militar a gobiernos frecuentemente corruptos y brutales han hecho retroceder el movimiento hacia el respeto de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho", señaló el ICIJ.

Joanne Mariner, directora del Programa de Terrorismo y Contraterrorismo de la organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo a IPS estar preocupada "porque la ayuda militar, en algunos casos, 'llueve' sobre gobiernos represivos".

"Creemos que debería ser condicionada más cuidadosamente, para asegurar que no se cometan abusos con financiamiento de Washington", añadió.

El estudio del ICIJ indica que naciones que reciben asistencia militar estadounidense han participado del procedimiento de "entregas extraordinarias" (extraordinary renditions, en inglés), por el cual se captura a sospechosos de terrorismo y se los traslada ilegalmente a terceros países, conocidos por su empleo de la tortura y otras prácticas inhumanas, para ser interrogados.

Datos confiables revelan que los vuelos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) estadounidense, en los que se trasladaba a los prisioneros, realizaron al menos 76 escalas en Azerbaiján, 72 en Jordania, 61 en Egipto, 52 en Turkmenistán, 46 en Uzbekistán, 40 en Iraq, 40 en Marruecos, 38 en Afganistán y 14 en Libia. La mayoría de estos países reciben asistencia militar de Washington.

Luego de los ataques del 11 de septiembre en territorio estadounidense, Pakistán se convirtió en uno de los mayores receptores de la ayuda militar de Estados Unidos: alrededor de 10.000 millones de dólares, según informes.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán denunció que la tortura es una práctica habitual, que nadie ha sido castigado por practicarla y que las detenciones ilegales se producen con regularidad, sin que se informe sobre la mayoría de ellas.

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