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Noticias)
25-Diciembre-08
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Luiz Inacio Lula da Silva |
El gobierno de Lula representa la afirmación de una
potencia emergente como Brasil, de que sus fronteras se trasladan allí donde
están sus intereses nacionales.
Por Raúl Zibechi - La Haine
L os vacíos que va dejando la decadencia estadounidense en la región
sudamericana están siendo ocupados por nuevas potencias globales y una
potencia regional con ambiciones de global player. Ya en la década de
1990 fue el capital europeo—español y francés—el que mayor dinamismo mostró en
Sudamérica, adquiriendo empresas estatales privatizadas. Más recientemente,
China aspira a ocupar un lugar como importador de hidrocarburos e inversor en
minería.
Hace tiempo que Brasil busca expandirse, tomando la región como punto de
apoyo, cuestión que ha merecido varios análisis y estudios. Lo novedoso es que
esa expansión genera ahora conflictos graves como el que está sucediendo entre
los gobiernos de Rafael Correa y Luiz Inacio Lula da Silva y, sobre todo, que
en algunos de esos conflictos la potencia regional moviliza tropas para
defender sus intereses, como viene sucediendo en la frontera con Paraguay.
El creciente rechazo a las empresas brasileñas es tal vez el precio a pagar
por ese país por su expansión comercial y económica. Comienzan a escucharse
denuncias sobre el papel "imperialista" de Brasil. A partir de 2004 Brasil dio
un salto espectacular en sus inversiones directas en el exterior: ese año las
empresas brasileñas invirtieron 10 mil millones de dólares en el exterior,
frente a sólo 250 millones el año anterior.
Para 2005, el total de la inversión directa brasileña en el exterior llegó
a 71 mil millones de dólares, frente a sólo 28 mil millones de México, el
segundo país inversor de la región. Una porción sustancial de esa expansión
empresarial, se registra en los países limítrofes con Brasil.
Uruguay colonizado
El pequeño país agrícola ganadero tiene una superficie 45 veces menor que
la de su enorme vecino y un PIB 50 veces más pequeño. En los últimos diez años
la expansión de grandes empresas brasileñas ha modificado el mapa económico de
Uruguay, de modo muy particular desde la última crisis de 2002. Se calcula que
más del 20% de la tierra ha sido vendida a brasileños y argentinos desde ese
año, aunque no hay datos exactos que permitan saber quiénes son los nuevos
propietarios.
De las diez primeras empresas exportadoras, cinco son brasileñas. De los
1.511 millones de dólares que exportaron esa decena de empresas entre julio de
2007 y junio de 2008, el 43% pertenece a una arrocera y cuatro frigoríficos
comprados por capitales de Brasil. En segundo lugar, aparecen dos empresas
uruguayas, una de ellas la petrolera estatal, que suman el 29% de las
exportaciones de las diez mayores. Estados Unidos apenas figura con una
empresa, subsidiaria de Cargill, con el 10%.
Ernesto Correa, empresario de la carne de Sao Paulo, compró 100 mil
hectáreas en Uruguay con el objetivo de abastecer de ganado al frigorífico PUL,
del que es propietario del 75% de las acciones. Los frigoríficos brasileños
concentran casi la mitad de las exportaciones de carne, el principal producto
que vende el país.
Según el informe del periodista Samuel Blixen "el interés brasileño por los
frigoríficos uruguayos radica en las posibilidades de acceso a determinados
mercados", aprovechando la calificación sanitaria de las carnes uruguayas, que
pueden ingresar a mercados vedados para Brasil.
El arroz es la segunda gran inversión de capitales brasileños. El 90% de
las exportaciones de arroz van a Brasil. La empresa Saman, que exporta el 45%
del arroz uruguayo, fue comprada este año por la brasileña Camil. Finalmente,
la producción de cerveza también ha sido monopolizada por empresarios
brasileños, a través de la multinacional Inbev, donde la brasileña Ambev juega
un papel determinante. Inbev, propietaria entre otras de la estadounidense
Budweiser, tiene el monopolio de la cadena de la cerveza en Uruguay a través
de Fábricas Nacionales de Cerveza y de las principales malterías (procesadoras
de cebada).
Este proceso de extranjerización y concentración de la tierra, de las
industrias frigorífica, arrocera y cervecera, y de las exportaciones, coloca
al Uruguay en una posición muy vulnerable frente a Brasil. Aunque no se han
registrado conflictos con empresas brasileñas, las autoridades uruguayas
manifiestan su preocupación por el control monopólico que les puede permitir
fijar precios que perjudiquen a los productores uruguayos.
Bolivia, gas y represas
Por diferentes vías, Brasil controla alrededor del 20% del PIB de Bolivia
(a través del gas y la soja), que en los próximos años se deberá incrementar
con inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería. Pero estas
inversiones generan conflictos. Uno de ellos gira en torno a la construcción
de las represas hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau, sobre el
transfronterizo río Madera, que afecta a Bolivia pero que Brasil considera de
suma importancia para su desarrollo nacional.
Las represas, cuya construcción está a cargo del consorcio brasileño Furnas-Odebrecht,
inundarán territorio boliviano, afectarán la pesca, harán proliferar la
malaria y pondrán en riesgo a las comunidades campesinas extractivistas e
indígenas de los pueblos Chacobo, Tacana, Cavineño, Esse Ejja y Yaminahuas en
los departamentos de Beni y Pando.
Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, con el apoyo del
Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), interpusieron el 7 de
diciembre de 2007 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión
Intreramericana de Derechos Humanos, debido al "atentado inminente" del
gobierno de Lula contra los derechos humanos y las libertades de los pueblos.
Por otro lado, en la reciente crisis política que sufrió Bolivia a raíz de
las acciones subversivas de las oligarquías de la llamada Media Luna, el
gobierno de Lula sugirió sin matices a Evo Morales que negociara con la
oposición. Los intereses de Brasil en Bolivia no se encuentran desperdigados
en todo el país sino concentrados en esos departamentos autonomistas que
rechazan al gobierno indígena. Tanto los hidrocarburos como los monocultivos
de soja (los primeros abastecen de gas a la industria de Sao Paulo y los
segundos son propiedad de hacendados brasileños) están en departamentos como
Tarija y Santa Cruz, cuna de la rebelión contra Morales.
Ecuador contra las empresas brasileñas
Los problemas entre empresas brasileñas y el gobierno de Ecuador no son
nuevas y se iniciaron con la petrolera Petrobras, que explota un parque
nacional en litigio con pueblos indígenas y debió abandonar, a mediados de
septiembre de 2008, el bloque petrolero 21 que pasó a manos de Petroecuador.
La participación de grandes empresas brasileñas en megaproyectos vinculados a
la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura Sudamericana), generó conflictos
de diversos calibres.
El más reciente se registró el 23 de septiembre con la expulsión de la
constructora brasileña Odebrecht y el embargo de sus bienes en Ecuador,
responsable por los desperfectos en la hidroeléctrica San Francisco, en la
Amazonia, inaugurada en junio de 2007 pero que debió suspender su actividad un
año después por fallas graves en la construcción de una obra considerada
estratégica para el país. Desde el primer momento el gobierno Lula defendió a
la empresa que construye buena parte de las obras del pasillo Manaos-Manta,
que forma parte de la IIRSA, y conecta el Amazonas con el Pacífico, por donde
salen las mercancías brasileñas rumbo a Asia.
No terminaron ahí los problemas. La represa se construyó con un préstamo
del BNDES (Banco Estatal de Desarrollo Brasileño) por 243 millones de dólares,
que Ecuador ahora no quiere pagar porque asegura que el contrato se firmó "al
margen de las leyes nacionales". El hecho pone al descubierto que el BNDES
financia obras a varios países para que contraten empresas brasileñas, una
forma de operar que utilizaron siempre las grandes potencias.
En noviembre el presidente Correa anunció que su país recurrirá a la Corte
Internacional de Arbitrajes de la Cámara Internacional de Comercio en París,
para suspender el pago de su deuda al BNDES. El 21 de noviembre, "por primera
vez desde la guerra de Triple Alianza (que destruyó a Paraguay entre
1865-1870) el gobierno de Brasil 'llamó a consultas' a un embajador". La
medida es el paso previo al congelamiento de las relaciones y el canciller
Amorim fue claro al decir que "no hay plazo para el regreso del embajador a
Quito".
Aunque Odebrecht aceptó la existencia de fallas graves en la construcción,
al gobierno de Brasil le molestó la forma como se hizo público el reclamo ante
el tribunal internacional, ya que no hubo una comunicación previa y se
comunicó en un acto público. Según la revista Defesanet, "al llamar al
embajador en Quito a Brasilia para consultas, Lula está avisando que está
pronto también para radicalizar, contrariando el estilo 'paz y amor' que
adoptó para ganar las elecciones de 2002 y que trasladó a las relaciones
internacionales".
Odebrecht es la principal constructora de América Latina, está entre las 25
más importantes del mundo y es la tercera empresa de Brasil. Fundada por
Norberto Odebrecht en 1944, opera en 20 países, entre ellos todos los
sudamericanos. En 2007 facturó 17 mil millones de dólares, más que el PIB de
Bolivia y Paraguay. En Brasil, facturó 11.500 millones, en América del Sur
3.100 millones y en Estados Unidos apenas 1.600 millones, lo que revela la
importancia del subcontinente en la expansión de la empresa. Tiene 59 mil
empleados. Norberto Odebrecht es uno de los principales donantes a las
campañas electorales del PT de Lula.
Paraguay, el vecino más frágil
Apenas dos meses después de que el ex obispo Fernando Lugo se instalara en
la casa de gobierno, el 15 de agosto de 2008, miles de campesinos comenzaron a
ocupar tierras de sojeros brasileños, sobre todo en los departamentos
fronterizos de Itapúa, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú.
Esas ricas praderas tapizadas de soja fueron reductos de la agricultura
familiar y de la potente tradición campesina paraguaya, de la que se nutrió la
exitosa candidatura de Lugo. Pero esas tierras son hoy propiedad de
brasileños.
Por otro lado, está pendiente la re-negociación del Tratado de Itaipú,
firmado en 1973 por las dictaduras de Brasil y Paraguay, que puede ayudar a
consolidar al gobierno de Lugo. La represa binacional de Itaipú (la segunda
del mundo) tiene una potencia instalada de 8.250 MW, de los cuales Paraguay
consume apenas el 5% y debe exportar el 95% a su vecino a precio de costo.
Itaipú abastace el 20% de la energía que consume Brasil, por la que Paraguay
recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio
internacional y del costo de reposición de la energía vendida.
Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53.000
GW que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a
los 4.000 millones de dólares, algo así como la mitad del PIB de Paraguay.
Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir
entre 1,5 y 2 mil millones de dólares, o sea entre cinco y siete veces el
valor actual.
Las negociaciones no van bien. Luego de dos encuentros, Brasil no afloja ni
en el precio ni en la "libre disponiblidad", o sea que Paraguay pueda venderle
su excedente a cualquier país. En el gobierno Lugo, estiman que si lograran
ingresar mil o dos mil millones de dólares podrían invertirlo en escuelas,
hospitales, carreteras y las mil y una necesidades de un país pobre y
esquilmado por 61 años de corrupción colorada.
Los paraguayos se sienten explotados por sus vecinos. Meses atrás, un grupo
de campesinos quemó la bandera de Brasil, una escena que los medios no se
cansan de reproducir. Pero la crisis estalló cuando los campesinos comenzaron
a ocupar haciendas de brasiguayos, sobre todo en el departamento de San Pedro,
la región más pobre del país donde Lugo fue ordenado obispo en 1994. El
gobierno reaccionó con cautela y se mostró dispuesto a dialogar, mientras el
Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) viene anunciando la
compra de tierras para la reforma agraria, para lo cual necesita
imperiosamente fondos de Itaipú.
Donde faltó cautela, y hasta el buen humor norteño, fue en el gobierno de
Lula. El 17 de octubre diez mil soldados comenzaron la megaoperación Frontera
Sur II, utilizando aviones, tanques, barcos y munición real. La prensa de
Asunción informó que la operación incluye ejercicios como la ocupación de la
represa de Itaipú y el rescate de ciudadanos brasileños. El gobierno Lugo puso
el grito en el cielo y aseguró que Brasil quiere negociar paz para los sojeros
por algún beneficio por Itaipú.
Las declaraciones del general José Elito Carvalho Siqueira, jefe del
Comando Militar del Sur, empeoraron las cosas. "Ya pasó la fase en que
teníamos que esconder las cosas. Hoy nosotros tenemos que demostrar que somos
una potencia, y es importante que nuestros vecinos lo sepan. No podemos dejar
de ejercitar y mostrar que somos fuertes, que estamos presentes y tenemos
capacidad de enfrentar cualquier amenaza", dijo al diario Ultima Hora
el 18 de octubre. Sobre la seguridad de Itaipú, dijo que se trata de una
cuestión militar, incluso en el caso de que sea ocupada por movimientos
sociales.
El canciller Amorim le pidió al gobierno paraguayo, sin rodeos, que
controlara los "excesos" contra los brasiguayos. Lugo llevó el tema a la
Asamblea Permanente de la OEA, donde dijo que las actitudes de Brasil alejan
el diálogo fraterno entre vecinos. Insinuó que el operativo militar fue un
"mensaje sobre Itaipú". "Ningún tratado es sostenible cuando consagra la
inequidad ni es éticamente valorable cuando genera asimetrías resultantes de
un esfuerzo compartido", dijo en Washington.
En el mes de octubre, unos cuatro mil campesinos se movilizaron frente a
una de las fincas de Tranquilo Favero, quizá el brasiguayo más emblemático,
derribaron las cercas y amenazaron con quemar uno de sus 30 silos. Sólo en los
departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, fronterizos con Paraná y Mato Groso,
los brasiguayos poseen 1,2 millones de hectáreas, el 40% de la superficie de
ambos departamentos, y el 80% de los cultivos de soja.
Aunque no hay datos oficiales, se estima que son medio millón los
brasileños que se instalaron en las zonas fronterizas desde los años 60, un
10% de la población del país. Suelen ser medianos productores, con unas 500
hectáreas en promedio, y trabajan con peones traidos de Brasil. En algunas
zonas se escucha hablar portugués y la moneda más habitual es el real.
Tranquilo Favero fue bautizado como el "rey de la soja", ya que cultiva 55
mil hectáreas de las cuales 35 mil son de su propiedad. Se instaló en Paraguay
hace 40 años y luce documento de identidad del país. En un larga entrevista
concedida al diario Ultima Hora el domingo 2 de noviembre, enseña una
curiosa conciencia social: "No hay duda de que los campesinos protegen las
plantaciones de marihuana", dijo. Agregó que los asentamientos de campesinos
sin tierra "son un nido de delincuentes".
Palabras más o menos, se suma al concepto de "narcoguerrilla" creado por
los estrategas militares estadounidenses, aunque aclimatado en versión
brasiguaya. Por su parte, Kaiser Konrad, director de Defesanet, escribió luego
de entrevistar al general Carvalho: "La Operación Frontera Sur II quiere pasar
un mensaje al gobierno de Lugo, de que los militares brasileños están atentos
a la situación enfrentada por los brasiguayos, que están sufriendo con las
invasiones de tierras y las amenazas de perder sus propiedades legalmente
adquiridas".
Brasil y la "agresión extranjera"
El 2 de octubre, Lula promulgó el decreto 6.952 que reglamenta el Sistema
Nacional de Movilización, destinado a enfrentar una "agresión extranjera". El
decreto señala que la expresión incluye "amenazas o actos lesivos a la
soberanía nacional, la integridad territorial, al pueblo brasileño o a las
instituciones nacionales, aunque no signifiquen invasión del territorio
nacional".
Un editorial de Defesanet asegura que la aprobación del decreto supone un
claro mensaje a los países vecinos: "Una agresión o persecución a los
ciudadanos brasileños residentes en Paraguay (brasiguayos), así como en la
región de Pando, en Bolivia, y una nueva amenaza de corte del suministro de
gas y la toma de instalaciones y empresas brasileñas operando en otros países,
caracterizarán a partir de ahora agresiones externas, y una respuesta militar
de Brasil pasa a tener amparo legal".
Se trata de la afirmación de una
potencia emergente como Brasil, de que sus fronteras se trasladan allí donde
están sus intereses nacionales. Parece evidente que todas las grandes
potencias se construyeron de ese modo, en una actitud que siempre se ha
denominado "imperialismo". Tal vez por eso muchos sudamericanos sienten que
está construyendo su propio "patio trasero".
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Referencias
Defesanet: revista electrónica sobre Defensa, www.defesanet.com.br
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, www.fobomade.org.bo
Javier Santiso, “La emergencia de las multilatinas”, Revista de la CEPAL, No.
95, agosto de 2008.
Samuel Blixen, “La creciente extranjerización de la economía uruguaya”,
Brecha, 28 de noviembre de 2008.
Raúl Zibechi, “Brasil y el difícil camino hacia el multilateralismo”, IRC-Programa
de las Américas, 21 de febrero de 2006.
Ricardo Canese, “La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay”,
Ombligo del Mundo, Asunción, 2007.
Prensa Paraguay: ABC (www.abc.com.py) y Ultima Hora (www.ultimahora.com).
Programa de las Américas
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