El gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, pero decide todo fuera de ellas, sin consultas ni discusiones previas. En el campo sindical ha conseguido el apoyo de la dirección de la CGT, pero ésta ni siquiera llamó a un plenario de gremios para amenazar a la derecha con una movilización ni publicó una declaración colectiva; además, la Central de Trabajadores de la Argentina, a la que el gobierno sigue sin reconocer a pesar de sus promesas, aparece dividida y una parte importante de sus dirigentes se ha adherido a la movilización de las entidades patronales rurales y está muy oronda al lado de la Sociedad Rural Argentina, la rancia organización de la oligarquía vacuna hoy integrada en el capital financiero. Por su parte, los trabajadores rurales (un millon 300 mil, que cobran en promedio 200 dólares mensuales y un 80 por ciento de los cuales ni siquiera figuran en los libros contables de sus explotadores) no se han movido ni han hecho declaración alguna, ni siquiera para exigir a los que cortan las rutas para sitiar por hambre a las ciudades que les paguen a sus peones lo que fija la ley o para demandar al gobierno que derogue la ley de la dictadura (que acabó hace 25 años) que les impide organizarse. El gobierno no cuenta con ningún movimiento social que lo respalde pues no se puede considerar tal a los grupos cooptados de piqueteros suburbanos. Incluso los mil 300 firmantes de la carta de los intelectuales (entre los cuales algunos de izquierda y de valor, como Juan Gelman o David Viñas, espero que confundidos), aunque en lo esencial respaldan las posiciones políticas del gobierno le formulan algunas críticas y tienen como aglutinante el temor que éste agita a un movimiento “destituyente”, es decir, al peligro golpista, que no existe por falta de unidad, de política y de líderes –por el momento– de la oposición burguesa-pequeñoburguesa unida.

La iniciativa política y la hegemonía cultural están hoy claramente en manos de las derechas (peronista y antiperonista). La mayoría de la población está muda. Pero si el gobierno no fuese capaz ni de tomar iniciativas populares, ni de explicar el conflicto, ni de separar a los grupos que ha unido en su contra por su torpeza y su incapacidad de negociar previamente con cada uno de ellos, la falta de alimentos en las ciudades y su consiguiente encarecimiento podría llevar a las calles a sectores airados de las clases medias urbanes y , en los suburbios, provocar saqueos en los supermercados y un aumento de la pobreza, creando un caldo de cultivo para una salida derechista de la crisis. El gobierno necesita las retenciones (un impuesto a las exportaciones) para pagar los servicios cada vez más caros de la deuda externa y para subsidiar la industria y los servicios, de modo de mantener contenidos los salarios. Pero el bloque rural evade ese pago. Para doblegarlo, sin llegar aún a la reforma agraria, hay recursos legales intermedios: el Parlamento podría aprobar la constitución de una Junta Nacional Reguladora de Granos y Oleaginosas y resolver que el monopolio del comercio exterior de dichas commodities esté en manos del Estado, y el gobierno podría encontrar aliados en el campo resolviendo el problema legal y salarial de los peones rurales. Por lo menos eso.