En los hechos, la burguesía latifundista y financiera, a través de los Comités Cívicos (que aglutinan a las organizaciones empresariales, vecinales, laborales, sindicales, culturales e incluso deportivas) y los gobiernos prefecturales (gobernaciones) ejercen el control real en las regiones más ricas del país (Santa Cruz, Tarija,Beni y Pando), mientras que el gobierno central de Morales tiene un rol secundario.

La agencia señala como hecho elocuente que el jueves 14 de diciembre cerca de tres mil vecinos y trabajadores se concentraron en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la política de Morales y repudiar las acciones de la oligarquía, que amenaza con dividir al país si no se atienden sus exigencias de autonomía.

Un día después, los oligarcas lograban en esa misma urbe la adhesión de casi 300 mil personas que clamaban por la autonomía regional y condenaban al gobierno central.

Una diferencia de uno a cien, en una plaza que paradójicamente se había inclinado electoralmente el 2 de julio de este año en favor del partido del presidente Morales con el 26% de los votos, señala Econoticias.

En otras tres regiones, como Tarija, Beni y Pando, masivas concentraciones populares convocadas por la oligarquía en contra de Morales refutaban, también desde la calle, los resultados alcanzados en las urnas en julio, cuando el MAS cosechó el 40%, 21% y 37% de los votos, respectivamente.

A mediados de diciembre, en varias poblaciones del oriente, bandas organizadas de la Unión Juvenil Cruceñista, dependientes del Comité Cívico de Santa Cruz, siembran el terror entre los militantes y simpatizantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quemando mercados, golpeando a los indígenas y a los activistas de derechos humanos y acallando a los medios de comunicación independientes.

En la propia ciudad de Santa Cruz, son constantes las agresiones contra los campesinos y migrantes del altiplano y muchos condenan e insultan a Evo Morales, al "indio al que quieren echar del poder".

Tras su rotunda derrota política en las calles (en las jornadas de octubre de 2003, cuando se derrocó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, y en junio de 2005 cuando se echó a su sucesor Carlos Mesa) y después de ser barrida en las urnas (en diciembre de 2005), la derecha comenzó a revitalizarse con la bandera de la autonomía y el acuerdo político que logró con el gobierno de Morales para la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Forjada la nueva alianza entre el gobierno de Morales y las petroleras, las organizaciones campesinas e indígenas creían que ya era hora de romper políticamente con los sectores más reaccionarios y duros de la oligarquía criolla, aunque sin arrebatarles sus millonarios intereses y privilegios (la reformada ley neoliberal de tierras, por ejemplo, no toca los latifundios productivos y afecta muy parcialmente a los latifundios improductivos, aunque hay mecanismos para vulnerar su aplicación).

Todo ello ocurre ante la inacción del gobierno central, que se limita a observar con impotencia el empuje de una oligarquía que dirige ahora un potente movimiento popular con claros rasgos fascistas.
En medio de estas fracciones, el presidente Morales duda y dubita.

Hasta ahora, no atina siquiera arrebatar a la derecha las banderas de la autonomía, tampoco lesiona ni hiere sus poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorías del área urbana y rural.

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