Luego del discurso de inauguración de su segundo término presidencial, Lula dijo el martes 2 de enero que "la barbaridad en Río de Janeiro no puede ser tratada como el crimen común". "Es terrorismo y necesita ser tratado con mano y política fuerte del estado brasileño", añadió.

El presidente indicó que los gobiernos municipal, estatal y federal deben trabajar juntos y más estrechamente para combatir al "terrorismo" instalado en las calles de Río.

Por su parte, y sumándose a la idea de Lula de militarizar la "guerra contra el narco-terrorismo", un  día después de asumir el mando en Río de Janeiro, el flamante gobernador Sergio Cabral pidió a las Fuerzas Armadas que salgan de los cuarteles y ayuden a controlar la "violencia" que se esparce por las calles cariocas.

El  gobierno federal brasileño y el de Río de Janeiro acordaron ayer el envío de fuertes contingentes de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo federal de elite integrado por 7.700 hombres entrenados especialmente para luchar contra el el "narcoterrorismo" y el crimen organizado.

Cabral, jefe del ejecutivo fluminense que asumió el mando hace tres días, lo confirmó ayer oficialmente y dijo que las primeras tropas llegarán antes que concluya enero.

Las fuerzas especiales federales a convertir a San Pablo en una ciudad blindada: ocuparán todos los puntos de acceso en operaciones sincronizadas de búsqueda de  armas y de drogas.

Como argumento justificatorio de la "militarización" de la ciudad  las autoridades dicen  que es para proteger el Comité Olímpico y la fiesta del carnaval brasileño, ya que su suspensión por la violencia sería sería un golpe mortal para Río. Junto a la fuerza especial nacional actuarán en la "ocupación militar" de Río fuerzas del ejército, la marina y la policía Federal, con armas e instrumentos de control electrónico que son utilizados en los ejercicios de "guerra contraterrorista".

El comando de operaciones militares actuará conjuntamente con un gabinete de seguridad conjunta entre los cuatros estados limítrofes, Río, San Pablo, Minas Gerais y Espírito Santo, afectados por la guerra contra el "narco-terrorismo. En mayo pasado, en momentos en que las acusaciones de corrupción al PT ya tocaban a Lula, en San Pablo, durante una semana, sólo se respiró pólvora, muerte y anarquía.

Motines carcelarios, asesinatos de policías y de civiles, terror generalizado y hasta huída en masa de la capital con embotellamiento de autopistas, jalonaron siete jornadas de violencia ininterrumpida que dejaron como saldo, más de 200 muertos. El estado de "guerra interna" contra el narcoterrorismo obró como cortina de humo de los graves problemas políticos y económico-sociales por los que atravesaba el gobierno de Lula haciendo desaparecer de los medios de comunicación las nuevas denuncias de corrupción contra el PT, y posibilitando su reelección presidencial.

Otros expertos habían señalado que, y utilizando de excusa la "guerra contra las bandas del narco y del crimen organizado", el ejército y la policía brasileña estaban ejecutando en San Pablo un plan de control de conflictos sociales que está contemplado en el plan global de "guerra contraterrorista" de baja intensidad en el Cono Sur.

Como dato "relevante" reconocido por el ejército brasileño, el grueso de los efectivos de las fuerzas especiales a ser desplegadas en Río fueron entrenados en combates de "contrainsurgencia" y en operaciones de "guerra contraterrorista".
¿Casualidad?

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