En septiembre de 1996, se reunió en Buenos Aires el “Simposio internacional de ordinarios militares”. El acto, presidido por el Cardenal Gantin a su vez  Prefecto de la Congregatio Pro Episcoposis del Vaticano, convocó entre otros a los obispos castrenses de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, y Venezuela, con el ánimo de fortalecer doctrina sobre la institución del obispado castrense. En dicho simposio participaron en total 35 países del mundo, los mismos donde opera este curioso mecano eclesial creado el 21 de abril de 1986 “para la asistencia espiritual de los militares” (3).

A primera vista, tanto su carácter multinacional como su regulación por parte del Vaticano, hacen de este sub aparato de Estado una estructura afín al de las centenas de diócesis enclavadas en los Estados católicos del planeta. Ello evidencia, que el Obispado Castrense es un mecanismo cuya existencia ha sido sesudamente programada por el aparato estatal católico, lo que se confirma leyendo de Gantin en el discurso inaugural del simposio citado que “...la capellanía castrense no es... un medio... cerrado... se ubica “in medio mundo”,... que aspira a ser mejor... por la cruz gloriosa de Cristo resucitado” hasta el punto de que es el Papa quien confirma el Estatuto y nombra la cabeza de cada “Ordinariato Militar” (4).

El denominado Obispo Castrense, posee igual rango al de sus pares nacionales de modo que forma parte de la respectiva Conferencia Episcopal lo que hace de éstas, un escenario donde amén de rezarle a la Virgen María se discuten estrategias y tácticas militares y policiales. En paralelo, la doctrina militar vaticana es taxativa al afirmar que “Los cuarteles y […] lugares reservados a los militares, están sometidos […] a la jurisdicción del Ordinario Militar; subsidiariamente a la jurisdicción del Obispo Diocesano y a la del Párroco” y que el obispo castrense, bajo previa aprobación del Vaticano, puede “erigir su propio seminario y promover (al) ‘Ordinariato’ a sus alumnos […]“ (5). En el mismo sentido, el numeral X del estatuto establece que pertenezcan “[…] al ‘Ordinariato’ […] todos los fieles […] militares y los empleados […] que sirven a las fuerzas armadas […].Todos los miembros de sus familias […]; los que frecuentan centros militares y... se encuentran en hospitales militares […]”, para concluir en su artículo 26, que “Los […] estatutos (del Obispado) establecidos por la Santa Sede, no podrán ser modificados sin su explícita aprobación”.

El caso de Colombia

En Colombia, el mecano forma parte del instrumento concordatario vigente entre ambos Estados desde 1887. Este obispado “[…] fue ratificado por el Concordato vigente, en su artículo XVII mediante acto del 12 de julio de 1973” (6), y establece que entre los seminarios haya diferencias que los orienten a la “formación de sacerdotes seculares castrenses (para trabajar en brigadas, batallones, policía y ejército)” instrumentos legalizados en el artículo 19 del Estatuto para Colombia (7). Se estima en 75 el número de capellanes castrenses que, por estatutos, son a la vez militares o miembros de la policía nacional y de la máxima cúpula armada.

En efecto, como parte de su mecánica el obispado colombiano por debajo de un pretexto “evangelizador” de las Fuerzas Armadas se inserta en la organización del Ministerio de la Defensa Nacional. Su grado de compromiso administrativo es tal, que el Obispo tiene como facultad solicitarle al Ministerio la incorporación del obispado dentro de su reglamento interno, teniendo como ejercicio de su jurisdicción “[…] primaria y principalmente en las guarniciones y lugares reservados a los miembros de las Fuerzas Armadas” (8).

El papel político del obispado castrense en Colombia, evidencia qué tanto la Iglesia está comprometida militarmente con una violencia reconocida globalmente como secular, atroz y auto reproductiva (9). Se puede comprobar que el compromiso evangelizador de las fuerzas militares tiene un poder ideológico sobre el modus operandi de la guerra interna, lo que en palabras del Obispo Castrense se traduce en que “[…] con la experiencia de la guerra, los militares se acercan a Dios y encuentran en Él fortaleza para el desarrollo de su misión”. Este fenómeno alerta al máximo acerca de la manera mediante la cual la ideología católica resulta simbiótica a las manifestaciones sociales violentas, hecho que ha confrontado el autor en su recorrido investigativo sobre el tema (10). La cercanía factual de Ejército e Iglesia, se confirma anecdóticamente en una nota de prensa que señala cómo el capellán castrense de entonces, recorría al lado del Comandante General de las fuerzas armadas todas las “[…] dependencias militares del país y los pueblos que ataca la guerrilla […] el padre Manuel –añade la nota– no abandona al general Mora. Su oficina está […] a unos cuantos metros de la oficina del Comandante” sin olvidar que, en calidad de lo cual, el capellán castrense pertenece al Estado Mayor del Ejército con voz y voto (11). Resultaría ingenuo, por lo menos, asumir que en las reuniones del Estado Mayor el susodicho capellán se reduce a la tarea de evangelizar al generalato, a sabiendas de que en ese cuerpo se discuten y aprueban estrategias y tácticas para ejecutar la manera limpia y sucia de la guerra.

El asunto del espíritu católico inmerso en la guerra, trasciende las fronteras del aparato represivo del Estado colombiano. En paralelo con el fenómeno del Obispado Castrense, hay pruebas fehacientes de que facciones del aparato político vaticano han aparecido involucradas como aportantes de logística e inspiradoras intelectuales del Ejército de Liberación Nacional (12). Así mismo, la Iglesia Católica es considerada por las Farc como su mejor representante ante el Estado y, léase bien, funge como conductora espiritual de los grupos paramilitares del Estado (13). No es gratuito, por tanto, que algunos en Colombia hayamos invitado a examinar el grado de responsabilidad de la Iglesia Católica en el desangre violento que ha significado el ejercicio de la política en el país durante nuestros dos primeros siglos de vida republicana (14).

Sin “asepsia política”

Lo anotado nos permite, por tanto, poner en duda la presunta “asepsia política” vaticana ya confirmada en el boato cesarista que suele rodear la posesión de sus Papas como autoridades de Estado ó en el reciente paseo de colonizador impune por las tierras del Brasil del Papa Ratzinger afirmando con ignorancia dolosa que la evangelización de América no fue impuesta por la violencia ni que sea cierto que la Iglesia haga proselitismo político (15).

Reflexión que nos confirma la acción de la Iglesia como aparato de Estado, que ejerce el poder ya no sólo en lo económico –usufructuando plusvalías específicas–, y en lo propiamente partidista –iluminando las bases doctrinarias mediante su Doctrina Social– sino, además, penetrando e influyendo en el ejercicio monopólico de la fuerza por parte del Estado. Va siendo la hora por tanto de exigirle a la Iglesia romana responsabilidades políticas por el ejercicio de su poder político multinacional, superando la distracción que producen sus eufemismos metafísicos. Posee visos de alto riesgo político, ya no a escala nacional sino global, que el Estado Vaticano se haya infiltrado en un bloque de ejércitos y fuerzas policiales que por acción u omisión terminan ejerciendo sus funciones represivas bajo el dictamen ideológico de Roma y su poder autocrático monarquista. Dictamen y autocracia que como lo muestran las evidencias no han evitado sino contribuido a estimular un clima de violencia permanente que algunos estudiosos han dado en llamar “guerra teológica” (16).

Citamos al final, a manera de anécdota, la arenga de un obispo durante la Guerra de los Mil Días colombiana que, al ritmo de las arengas eclesiales, cobró la muerte del tres por ciento de la población en el salto de los siglos XIX al XX: “[…] nuestros soldados, esos soldados que rezan y se preparan para el combate con confesión y comunión, saben dar muy duro y de veras al bulto y no al aire” (17). 

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