El intento hasta ahora está resultando fallido por cuanto el
método adoptado para llevar adelante las reformas no ha logrado
consenso. Los cuatro meses y dos semanas que lleva el evento, no
han sido suficientes para ponerse de acuerdo en algo tan
elemental como darse un Reglamento de Debates con reglas
pactadas para sacar las ideas y los proyectos en blanco y negro.
Una parte que apoya al partido gobernante del MAS, insiste en
aprobar las reformas y las propuestas con el 50 + 1 de los 255
asambleístas mientras que la oposición conformadas por varios
frentes propone la disciplina del 66% o lo que se denomina los
dos tercios. En esta discusión infructuosa ha transcurrido casi
la mitad del tiempo establecido para la nueva norma que deberá
regir en la Nación a partir del 6 de agosto del presente 2007.
Asi las cosas, con un apoyo masivo de la propuesta del 66%
expresada en sendos cabildos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando
y el respaldo de los Prefectos de Cochabamba y La Paz, la
influencia del gobierno se ha restringido a Oruro y Chuquisaca,
porque el tercer distrito que lo apoyaba Potosí, parece haber
elegido su propia via. Los estrategas del Presidente, harto
conocidos por su capacidad de maniobra y de manejo mediático,
están al borde de la desesperación y comienzan a dar señales de
histeria como se advierten en los hechos violentos de Cochabamba
donde se ha puesto a funcionar un mecanismo ya ensayado en otros
disturbios, de otras ciudades y de períodos pasados.
Fue justamente en
Febrero del 2003, que a las turbas virulentas de La Paz, se les
dejó actuar cuando una huelga de policías coincidió le quitó la
protección, ya sin control se desató la vorágine y se produjeron
exactamente igual que dia 8 de enero en Cochabamba: el asalto a
oficinas públicas, el saqueo, el incendio y la destrucción, un
accionar típico del hampa, puesto que en estas ocasiones, son
los desocupados, los malentretenidos que se aprovechan de las
protestas, se camuflan entre los talvez “legítimos miembros de
sectores sociales” y aprovechan para cosechar a su favor.
Si observamos con detenimiento las fotografías muy bien logradas
por la prensa gráfica tenemos que jóvenes adolescentes, algunos
con los rostros cubiertos y otros algo más adultos expertos en
la flecha y el lanzamiento de trozos de ladrillo y piedras para
romper puertas y ventanas del edificio prefectural, mientras
otros elementos luego de haberse pertrechado de llantas usadas y
combustible las hacen rodar hasta alcanzar sus objetivos en este
caso las puertas de la Prefectura y la Policía y las de oficinas
adyacentes, una vez destruidas las puertas se lanzan al interior
y se apoderan de muebles, armarios, y documentación que servirán
para alimentar el fuego de las fogatas que rápidamente
prendieron en la maraña de conexiones eléctricas y telefónicas,
al interior de las galerías de aquel sector de la Plaza 14 de
Septiembre.
Cuál es la diferencia entre estos vandálicos activistas y los de
febrero u octubre del 2003 que significaron el final de varios
gobiernos que se sucedieron como efecto del juego de dominó y
que copiando métodos de los anarquistas de España o los
piqueteros de Buenos Aires, aunque en versión criolla están ahí
para sembrar el caos y la anarquía?
Lo más preocupante es que la movida sólo comienza, pues parece
ser que se repetirá en Santa Cruz con el Plan 3000, en Tarija
para crear o intentar hacerlo con la Provincia del Gran Chaco,
en La Paz, movilizando a los de El Alto, aunque por ahora el
aparato de las movilizaciones ya no cuenta con “la infantería de
los mineros de Huanuni y otras cooperativas” los que se sumaban
a la parafernalia con su atuendo guerrero de cascos amarillos,
dinamita en ristre y la chuspita llena de hojas de coca, de
lejía, sin faltar el alcohól su principal acompañante.
La mar de organizaciones humanitarias como Amnesty International,
la Cruz Roja, Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo que
solían actuar al unísono para evitar atropellos mayores en
tiempos de dictadura, ahora están algo mas cautas y no toman
parte a favor de los revoltosos como sucedió en los incidentes
anteriores. Aunque ahora hay un elemento nuevo, la destitución
ipso facto de un Comandante de la Policía.
Es de lógica que entre los demás comandantes y jefes de
carabineros, exista inquietud e inseguridad, nerviosismo le
llamaría alguno, porque no puede ser que estén sujetos sus
normas y reglamentos a la voluntad de un ministro o de un alto
funcionario. Aquí se exige una aclaración y la vigencia clara de
una norma principista que valga para todas las ocasiones. El
oficial defenestrado intentó una explicación: “los policías
estamos para proteger no sólo al Prefecto, sino a todas las
autoridades legales”, y algún político ha prevenido “no hagamos
de la Policía una célula política al servicio de un partido”. Es
de esperar un pronunciamiento que frene el autoritarismo y el
simplismo “cero represión”, que da lugar al mal uso de las
libertades y permite la intrusión de vagos y malentretenidos.
De tal modo que el 66% sigue siendo el punto clave del momento
politico actual, del que tendrá que tomar conciencia la A.C., o
decretar su cierre hasta mejor ocasión.
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(*) Mauricio Aira
Periodista boliviano
mauricio.aira@comhem.se
www.mauricioaira.com