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(IAR-Noticias)
27-Abr-06
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La prisión iraquí de Abu Ghraib |
Informe especial
Este
jueves comenzó en Varsovia una conferencia sobre la creciente privatización
de las guerras, organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Especialistas de diferentes partes del mundo viajaron a la capital polaca para
debatir la participación de empresas privadas en conflictos armados, incluido el
de Irak.
En
la actualidad la industria de la seguridad es un fabuloso negocio capitalista
que mueve más de US$ 100.000 millones al año.
Con las llamadas "guerras preventivas" iniciadas por los halcones tras el
11-S, no solamente se conquista militarmente sino que también se abren
nuevos ciclos de expansión y ganancias capitalistas en los nuevos mercados
sometidos con el argumento de la "guerra contraterrorista".
No sólo se dedican al
área de la seguridad y la inteligencia, sino que estas empresas también realizan
tareas de entrenamiento militar y de programas de interrogatorios
(torturas) como quedó claramente demostrado por las investigaciones en las
cárceles de Irak.
De manera tal, que detrás de cada país destruido por los misiles, aviones y
tanques de última generación, siempre llega un "ejército" de lobbystas,
consultores, expertos, ejecutivos, de las empresas transnacionales asociadas a
la conquista imperial (armamentistas, petroleras, servicios, financieras, etc)
con la misión de "reconstruir" lo que fue arrasado por los bombardeos
genocidas.
La conquista militar, a su vez, es la llave de entrada para un
descomunal negocio capitalista "multifuncional y diversificado", donde el
Imperio (a través de la "reconstrucción" de lo destruido) moviliza una
maquinaria de ganancia financiera, se apodera de recursos naturales
(principalmente petróleo), vende armas, tecnología, servicios, y modela hábitos
consumistas en la población pudiente del país invadido (clases altas, medias
altas) que se integran al negocio de las multinacionales de la música , el
espectáculo y la "moda".
Mientras en Irak, por ejemplo, la
invasión militar destruyó las redes sociales solidarias de la comida, la
vivienda, el trabajo y la atención médica (que regían durante el régimen de
Saddam), las transnacionales desarrollaron un floreciente "mercado segmentado"
entre las clases altas y medias altas (profesionales, políticos y empresarios) asociadas a
la política de rapiña de la ocupación militar.
 Pero en este mercado de
"negocios diversificados" posibilitado por los genocidios militares de los
halcones, la "estrella naciente" es (así coinciden todos los expertos) el
negocio de los "ejércitos privados" que contratan servicios tanto con el
ejército invasor como con las empresas privadas asociadas a la ocupación.
Como
producto de la "integración bélica" de los nuevos ciclos de ganancias y
expansión capitalista trasnacional, las corporaciones privadas de la guerra han
pasado a ocupar un lugar clave en los nuevos planes de conquista militar del
Pentágono.
Argumentado
las crecientes dificultades que encuentra el Pentágono para reclutar soldados
que combatan en las guerras de conquista de Bush, los estrategas de Defensa
de EEUU han desempolvado un proyecto de privatización de las fuerzas armadas
norteamericanas salido de la galera creativa del vicepresidente Dick Cheney.
Los halcones de la Casa Blanca y los operadores de negocios del lobby judío, siempre a tono con "los
negocios de la guerra", observaron la nueva veta comercial que se abría con
la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas por
el ejército de EE.UU.
La
privatización del aparato militar, fue impulsada en 1991,
después de la Primera
Guerra del Golfo, por el entonces ministro de Defensa y actual vicepresidente,
Dick Cheney.
Bajo la influencia de Cheney y
Rumsfeld el gobierno de EEUU comenzó a subcontratar con las corporaciones
militares privadas, gran parte de las funciones operativas que tradicionalmente
venían desarrollando las Fuerzas Armadas.
Los consorcios privados
ofrecen servicios que van desde el personal de seguridad y el mantenimiento de
armamentos hasta la interrogación de prisioneros.
Estas firmas han operado en más de 50 países y han sido contratadas por todo
el mundo, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta
dictadores y gobiernos de las áreas dependientes del llamado Tercer Mundo .
Según un informe del Pentágono, julio de 2005, las empresas usufructuadoras del proceso de negocios instalado tras la ocupación militar en
Irak invierten entre 25 y 30 por ciento de sus ingresos en vehículos
acorazados y ejércitos privados para garantizar la seguridad de sus
ejecutivos y empleados.
Según el
analista militar, Peter Singer, autor del libro
Guerreros Corporativos, el negocio de los ejércitos privados en el mundo
representa "cerca de 100 mil millones de dólares en negocios globales,
y operan en unos 50 países.
Según la revista norteamericana Monthly Review, "las corporaciones privadas del
capitalismo siempre han estado implicadas con la promoción de la guerra,
pero su acción directa ha sido tradicionalmente limitada". Lo preocupante
-señala la revista- es si estas multinacionnales ingresan a una distorsión
capitalista y, atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, deciden ampliar
sus lucros aprovechando sus excelentes contactos con los jefes políticos y
militares que deciden la
guerra.
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Esta
foto de julio de 2003 muestra al entonces segundo jefe del Pentágono, Paul
Wolfowitz, visitando la prisión Abu Ghraib, acompañado por la directora,
general brigadier Jaecé Karpinski (a la izquierda).
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Obviamente, y según
apuntan todos los especialistas, solo los conglomerados trasnacionales (bancos,
petroleras, tecnológicas, armamentistas, ejércitos privados, etc) que integran
la órbita "selecta" del lobby de negocios manejado desde la Casa Blanca y el
Pentágono tienen acceso a los más jugosos contratos en los países ocupados.
Halliburton
(protegida por el jefe del lobby judío, Dick Cheney) es el actor dominante tanto
en Irak como en Afganistán, y participa desde los negocios del petróleo y de la
"reconstrucción" hasta en funciones de entrenamiento y asesoramiento militar,
no sólo para las fuerzas de EE.UU. sino para el nuevo ejército iraquí.
La
"veta de negocios" de los ejércitos privados incluyen servicios de
custodia a empresas privadas, operaciones de seguridad, programa de
interrogatorios (torturas), espionaje y entrenamientos militares, o ejercitación
de escuadrones especiales (de la muerte) que operan en la clandestinidad.
También
pueden ser contratados para tareas como recolección de cadáveres, investigación
de secuestros, custodia de pozos petroleros, controles fronterizos,
protección de importantes directivos, o para cuidar las espaldas de los
periodistas y ejecutivos de los consorcios mediáticos que construyen la
"información oficial" de la situación en Irak.
En Irak estos consorcios privados de la guerra han desempeñado un papel esencial
para el ejército estadounidense, complementando a su personal cuando necesitan
refuerzos y haciendo los trabajos "sucios" que los propios militares
estadounidenses prefieren no hacer.
Investigaciones realizadas sobre las torturas de prisioneros demostraron que en
la prisión de Abu Ghraib los interrogatorios los realizaban contratistas
privados utilizando ex integrantes de servicios de inteligencia.
A raíz del escándalo por los
abusos a prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, los investigadores
estadounidenses concluyeron que contratistas privados estuvieron presentes en
más de un tercio de los casos probados.
Sin embargo, y pese a las
pruebas existentes, ni uno solo de ellos ha sido procesado.
Como, en general, estas empresas no se rigen por convenios internacionales, han
participado en algunos de los aspectos más oscuros de la ocupación
militar de Irak.
Irak se
ha
convertido en la meca comercial de los ejércitos privados. Halliburton
(en la cual tiene intereses el autor del plan privatizador, Dick
Cheney) a
través de sus subsidiarias figura como una de las empresas más favorecidas.
Entre las aproximadamente
40
corporaciones que operan en Irak se encuentran MPRI, SAIC,
Armor Group, Blackwater, Erinys, Vinnell, Global Risk
Strategies, TASK, Ariscan y DynCorp, Kroll Security,
entre otras.
Se estima que los
30.000 "perros de la guerra" que operan en Irak, contratados por
unas 40 empresas militares privadas, reciben salarios entre mil y 50 mil dólares
mensuales, pero, a su vez, individualmente, subcontratan a miles de iraquíes
armados para que realicen los trabajos más riesgosos.
Según
la publicación Monthly Review estas corporaciones
privadas de la guerra "ganan 100 mil millones de dólares al año, es
decir, una cuarta parte de la gigantesca suma de 400 mil millones de dólares que EE.UU. está invirtiendo en el campo militar".
La casi totalidad
de esa cifra citada por
Monthly Review es
facturada por los consorcios que operan en la órbita de decisiones del lobby
de negocios controlado por Cheney y Rumsfeld desde la Casa Blanca y el
Pentágono.
Lo que explica, a
su vez, porqué el establishment de poder que rodea a los demócratas, quiere
expulsar a Bush y a los halcones de la Casa Blanca (lo más pronto posible), para
gerenciar en su lugar los "negocios diversificados" de la conquista militar que
continuarán más allá de Bush.
El
negocio de los ejércitos privados
 Como
ya se dijo, bajo la influencia de Cheney y
Rumsfeld el gobierno de EEUU está
subcontratando con las corporaciones militares privadas, gran parte de las
funciones operativas que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas.
Estas empresas, no sólo se dedican al
área de la seguridad y la inteligencia, sino que también realizan
tareas de entrenamiento militar y de programas de interrogatorios
(torturas) como se demostró durante las investigaciones que se hicieronen las
cárceles de Irak.
EE.UU.
se ha constituido, junto con el Reino Unido y Sudáfrica, en
el centro mundial de la industria privada militar, que debe su crecimiento al
nuevo
orden internacional lanzado por George Bush padre tras el desplome de
la Unión Soviética, al que él mismo contribuyó durante su ciclo como
vicepresidente de Reagan.
De la carrera armamentista
de la Guerra Fría se pasó al desmantelamiento de gran parte de los aparatos
militares, tanto en las grandes potencias como en los países dependientes
que participaban de las guerras por aéreas de influencia entre EEUU y la
URSS.
Militares y políticos del Pentágono y
de la Casa Blanca ,
siempre atentos a "los
negocios de la guerra", descubrieron la nueva veta comercial que se abría con
la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas por
el ejército de EE.UU.
Fue
Dick Cheney
en 1991,
por ese entonces
ministro de Defensa de George Bush padre, quien impulsó
la
privatización del aparato militar.
A mediados de 1992 le encargó a Brown & Root Services un plan para
privatizar los servicios militares en zonas de guerra, por el que le pagó cuatro
millones de dólares.
A fines de ese año, poco antes de que Bill Clinton se instalara en la Casa
Blanca, le pagó otros cinco millones para que actualizaran el plan de
privatización. Brown & Root Services es una subsidiaria de Halliburton,
empresa que Cheney dirigió desde 1994 hasta que se incorporó a la
vicepresidencia.
Tras el
ascenso de George W. Bush a la presidencia de EE.UU.
este plan de Cheney, comenzado
durante la presidencia de Bush padre, cobró una importante dinámica de
ejecución.
El Ejército de
EE.UU. se ha reducido de 2,1 millones a 1,4
millones, y cientos de miles de esos puestos han pasado a manos privadas.
De acuerdo
con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300.000
millones de dólares en 3.016 contratos de servicios militares que han ido a
parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen los contratos de
armamento).
Los
corporativos militares privados (PMC, por sus siglas en inglés) mantienen en secreto sus actividades y carteras de clientes al no
estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de su condición
de ejércitos sin fronteras.
Realizan
sus actividades en secreto, su cartera de clientes no está regulada por
ninguna normativa, las concesiones que realizan no se otorgan por ninguna
licitación, no son inspeccionadas por ningún organismo internacional, y violan la Convención Internacional contra el reclutamiento, financiación y
entrenamiento de mercenarios aprobada por la ONU en 1989.
La
Convención Internacional
contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de
Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de
diciembre de 1989, no fue refrendada por EE.UU. desde donde operan la
mayoría de estas corporaciones.
Su única regulación y
control proviene del Departamento de Estado manejado por el lobby de negocios
de la Casa Blanca y el Pentágono.
 Su naturaleza de
ejército privado "sin fronteras" integra, además de militares
estadounidenses, a mercenarios y militares de otras naciones, como ya se puede
verificar en las filas de las empresas que operan en Irak y Afganistán.
Como se señaló más arriba, Peter Singer, de
Brookings Institution, señala en su libro Corporate warriors
(Guerreros Corporativos) que esta actividad embolsa unos 100.000 millones de
dólares al año.
Su actividad comercial,
como cualquier empresa, depende de "la demanda",
principalmente
de las guerras de conquista militar lanzadas por EE.UU. en el planeta de las
cuales nacen nuevos y jugosos contratos y oportunidades de expansión comercial.
Según Singer, estos pulpos de la guerra también desarrollan sus
negocios
expansivos en misiones de pacificación, combates antidroga o cualquier
otro rubro internacional donde se requiera sus servicios militares y de
seguridad.
En territorio
estadounidense existen por lo menos treinta corporaciones transnacionales que se dedican a la prestación de servicios militares y de seguridad
privados. Algunas, como es el caso de Blackwater USA, se especializan en
contraterrorismo y lucha urbana.
El diario británico
The Guardian informó
recientemente que soldados chilenos que actuaron durante la dictadura de
Pinochet integran hoy las filas de la empresa Blackwater.
Otras
corporaciones,
como Brown & Root,
subsidiaria de Halliburton, o Dyncorp, se desempeñan particularmente en el área
de inteligencia o entrenamiento militar.
CSC, es uno de los 10 contratistas privados
más grandes de EE.UU., y ahora trabaja para la fuerza aérea, el ejército y la
marina, la Oficina de Prisiones, el FBI, y muchas otras entidades oficiales de EE.UU.,
además de cargar de combustible a la aeronave del vicepresidente Dick Cheney.
Cabe recordar tambien que,
de acuerdo al diario
neoyorquino The New York Times el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, promovió durante su gestión la exportación de represores de la época del
"apartheid" a empresas militares de origen británico vinculadas a algunos golpes
de Estado en países africanos ricos en oro y diamantes.
Las empresas norteamericanas son las que dominan el mercado mundial, y su prestación
de "servicios" se extiende a todas las ramas de las fuerzas armadas de EEUU, una parte de cuyo entrenamiento está realizado por empresas
privadas.
El Plan Cheney, reactualizado en la
segunda gestión de Bush, busca que los consorcios privados aumenten su órbita de
influencia en las nuevas guerras reemplazando en la mayoría de las áreas
operativas al personal regular de las fuerzas armadas estadounidenses.
Si
bien el Pentágono
no reconoce que una parte importante de sus soldados ya son entrenados por expertos y manuales
de guerra privados, son muchas las fuentes militares que señalan que
la legión de contratistas que inunda los cuarteles y las academias está
causando un profundo malestar entre la oficialidad de carrera.
Según los expertos en Washington, la
conversión de la guerra de conquista en "industria privada" es el objetivo
central del plan de negocios del lobby conducido por Cheney Rumsfeld en
la Casa Blanca.
En tanto el Pentágono estudia
extender la privatización a más áreas de la ocupación militar en Irak, las corporaciones militares privadas han comenzado
a intercambiar información orientada a
fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de
competir con mayor posibilidad en el logro de futuros contratos.
Los ataques y "guerras preventivas"
agendadas para lo que resta de la gestión de Bush (Irán, Siria, en primer
lugar), además de sus objetivos geopolíticos-militares, buscan que la
"integración bélica" alcance cada vez a más consorcios privados y que las
guerras futuras se conviertan en una empresa privada financiada por el Estado
imperial norteamericano.
El lobby judío y la
"privatización de la tortura"
Según Wayne Madsen, un
ex funcionario y analista estadounidense, un grupo de antiguos
interrogadores de habla árabe de la Fuerza de Defensa Israelí (ejército
israelí) y del Servicio General de Seguridad (Shin Bet) fue contratado por el
Pentágono bajo un sub-contrato secreto especial para interrogar brutalmente a
prisioneros iraquíes en la prisión Abu Ghraib en Bagdad.
Madsen,
ex funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) durante la
administración Reagan, señaló que los interrogadores en Abu Ghraib incluían a
una serie de israelíes de habla árabe que también ayudaron a los
interrogadores de EEUU. a desarrollar las técnicas "R2I" (siglas en
inglés de Resistencia al Interrogatorio).
Gran parte de esos métodos
de tortura fueron desarrollados por los israelíes durante muchos años en
interrogatorios de prisioneros árabes en Cisjordania ocupada y en el propio
Israel, y hoy se estarían desarrollando en los centros de
detención iraquíes administrados por el ejército norteamericano. Por esos
centros se estima que pasaron unos 43000 prisioneros, de los cuales unos 8000
todavía permanecen detenidos.
Según el
Sunday
Washington Post en abril de 2003, después de "debates" sobre
el tema, funcionarios del Pentágono aprobaron a "los más altos niveles" veinte
métodos de interrogación "sicológicamente estresantes", la mayor parte de los
cuales podrían ser clasificados como tortura,
incluyendo los que se aplicaron a prisioneros desnudos; y que estos métodos
fueron después aprobados por lo menos para "detenidos de gran importancia" en
Irak.
Según Madsen,
las dos contratistas carcelarias mencionadas en el informe del general
Antonio Taguba estuvieron asociadas con los
servicios militares o de inteligencia israelíes.
Los abogados
de los soldados estadounidenses implicados sostienen en
sus denuncias que durante los
abusos en la prisión de Abu Gharib, en las afueras de Bagdad, sus clientes
recibían ordenes para actuar y vejar a los prisioneros por parte de
mercenarios "civiles", que se ocupaban de sus largas sesiones de
interrogación por orden del Pentágono, y señalan la nacionalidad israelí de
muchos de ellos.
The Guardian
menciona a dos empresas estadounidenses contratadas para servicios de custodia y
de interrogatorios a presos: CACI International Inc. y Titan
Corporation, ambas involucradas en las denuncias sobre torturas en la ex
prisión de Saddam Hussein.
Pero lo más sugestivo
es la relación que une a esas dos empresas con funcionarios de las primeras
líneas de mando del Pentágono, incluido su jefe , Donald Rumsfeld,
señalados como integrantes de la logia judeo-americana que controla la
administración Bush: el lobby judío.
Una de esas empresas,
Titan , un ejército de
mercenarios privados, tiene base en San Diego y en su
sitio en Internet se describe como "un proveedor líder de productos de
información y comunicación, soluciones y servicios para la seguridad nacional".
 El
informe del general Taguba se refiere a la presencia de interrogadores
no-estadounidenses y no-iraquíes en Abu Ghraib. El documento
señala: "En general, personal contratado civil de EEUU ( (Titan Corporation,
CACI, etc.), nacionales de terceros país, y contratistas locales no parecen ser
adecuadamente supervisados dentro de la instalación de detención de Abu Ghraib."
Según Madsen, la
referencia a "nacionales
de terceros países" en un informe que restringe su difusión a socios de
la coalición liderada por EEUU (Gran Bretaña, Polonia,
Italia, etc.) y es otra indicación de la posible
participación de israelíes en los interrogatorios de prisioneros iraquíes.
La filtración Taguba fue tan
radioactiva -dice Madsen- que Daniel R. Dunn, funcionario de Control de la
Información para la Oficina de Douglas Feith de Secretario Adjunto de
Defensa, Política (Equipo de Seguridad de los Servicios de Automación de la
Política), envió el 6 de mayo de 2004 un correo electrónico marcado "Sólo para
uso oficial - urgente" al personal del Pentágono, diciendo: "la
información contenida en este informe es confidencial; no vaya a Fox News para
leer u obtener una copia".
En vista de los estrechos
vínculos de Feith con los israelíes, una semejante reacción de su principal
oficial de seguridad de informática, profesional con Certificado de Seguridad de
Sistemas de la Información (CISSP, por sus siglas en inglés), es comprensible,
aunque, considerando que se supone que los CISSP actúen en función del interés
público, es lamentable, señala Madzen.
Durante la administración
Clinton, sin cargo oficial, Feith
preparó un plan estratégico para el Likud israelí en
colaboración con Perle, en el cual se "recomendaba"
al gobierno de Israel que
abandonara el proceso de paz iniciado en Oslo,
que recolonizara los territorios y aplastara al gobierno
de Yasser Arafat con el poder militar.
Tanto el ex secretario adjunto de defensa,
Paul Wolfowitz, como Feith son
operadores estratégicos del lobby israelí judío-estadounidense que opera tanto
en Defensa como en el Complejo Industrial norteamericano.
Wolfowitz, hoy presidente del Banco Mundial, opera como
contacto de la administración Bush con el Comité Estadounidense-Israelí
de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en
inglés).
Una foto publicada en el
diario El Mundo de España, en julio de 2003,
lo muestra visitando a la prisión Abu Ghraib, acompañado
por la directora, general brigadier Jaecé Karpinski, señalada
como la principal responsable de las torturas
También es un integrante destacado del lobby judío ,
James Woolsey, ex director de la CIA,
autor de la operación que intentó vincular a Saddam
Hussein con el 11-S y con las
cartas con ántrax en EEUU, y que al retirarse del a cargo pasó a
desempeñarse al frente de Titan, una de las empresas vinculadas al
escándalo de Abu Ghraib.
Tras retirarse de su
cargo
como director de la CIA,
James Woolsey ocupó la dirección de la empresa Titan, y es uno de los
estrategas y principales lobbistas de la política de
Washington en Irak. El ex jefe de la CIA se desempeña como Consejero de la
neoconservadora Fundación por la Defensa de las Democracias, del Instituto Judío
de Asuntos de la Seguridad Nacional, del Proyecto por el Nuevo Siglo
Estadounidense, del Centro de Política de Seguridad, de Freedom House, y del
Comité por la Liberación de Irak.
Woolsey es allegado a
Stephen Cambone, el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, quien
fue señalado por el semanario The New Yorker como una persona clave en la
cadena de comando que no sólo habría sabido de las tácticas de tortura
utilizadas por los interrogadores de EE.UU. e Israel en Irak, sino que también
las habría aprobado.
Cambone estuvo asociado con el
Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, y es considerado como
miembro del círculo íntimo neoconservador de Donald Rumsfeld, y
del vicepresidente Dick Cheney, el máximo operador del lobby judío
en la Casa Blanca.
Las dos empresas contratistas
nombradas en el Informe Taquba, CACI y Titan, con estrechos
vínculos con las comunidades militar y de tecnología israelíes,
tienen en sus líneas administrativas y comerciales
importantes funcionarios de la inteligencia y de la defensa
estadounidense.
Mientras CACI h, Titán
también mantiene estrechas conexiones con intereses israelíes y ex altos
funcionarios vinculados al denominado lobby judío del Pentágono.
CACI International Inc.,
quien a
recibido subvenciones de fundaciones binacionales EEUU-Israel,
se
llamaba en sus orígenes California Analysis Center Incorporated. Fue
creada en los años sesenta por Hebert Karr y Harry Markowitz.
Este último ganó el premio
Nóbel en economía en 1990 por sus investigaciones sobre la diversificación de
las especies. Los primeros contratos federales de la compañía fueron para
proporcionar sistemas de ordenador al Pentágono con los que poder elaborar
programas de simulación de batallas.
En de enero
de 2004, después
que el jefe de la policía militar, general del ejército, mayor general Donald
Ryder, ya había revelado abusos en Abu Ghraib, el actual
presidente y director general de CACI, J.P. (Jack) London, recibió el Premio de
Tecnología Albert Einstein del Fondo Jerusalén de Aish HaTorah en el
ayuntamiento de Jerusalén.
De ese evento
participó el Ministro de Defensa ultraderechista Shaul Mofaz
y el alcalde de Jerusalén, integrante del partido
Judaísmo Unido de la Torah, Uri Lupolians. CACI esperó hasta el 2 de febrero
para anunciar públicamente, en un comunicado de prensa, el premio.
Según el sitio
CSCAweb , CACI
se jacta de tener una lista de antiguos soldados y espías y, asimismo, de
contar con miembros de varios consejos de administración, como Michael Bayer
(antiguo vicepresidente de la Junta de Administración del Pentágono, y asesor en
la Fuerza Aérea, en el Colegio Naval de Guerra y en el Laboratorio Nacional
Sandia), Bárbara McNamara (exdirectora adjunta de la Agencia Nacional de
Seguridad), Arthur L. Money (antiguo ayudante del Secretario de Defensa) y Larry
Welch (un exgeneral de la Fuerza Aérea que sirvió en la junta de jefes de estado
mayor durante la primera Administración Bush.
David Isenberg, un analista
que busca compañías militares privadas para el Consejo de Información de
Seguridad EEUU-Reino Unido, señaló que estos puestos
aparecen en el sector privado debido a los planes a largo plazo del Pentágono
que van recortando el número de las fuerzas armadas (en 1991 alcanzaban la cifra
de dos millones; hoy son 600.000 efectivos menos), a la vez que aumentan los
gastos dedicados a nuevos sistemas tecnológicos militares.
Durante su testimonio ante el
Comité de Servicios Armados del Senado, en el 2004, Donald Rumsfeld
fue interrogado por el senador John McCain sobre el papel de los contratistas
privados en los interrogatorios y abusos.
McCain le formuló a Rumsfeld
cuatro preguntas: ¿Quién estaba a cargo? ¿Qué agencia o contratista privado
estuvo a cargo de los interrogatorios? ¿ Tenían autoridad sobre los guardias? ¿Y
cuáles fueron las instrucciones que dieron a los guardias?
Cuando el jefe del Pentágono, tuvo problemas para responder la pregunta
de McCain, el teniente general Lance Smith, Comandante Adjunto del Comando
Central de EEUU, dijo que había 37 interrogadores contratados en Abu Ghraib. Los
dos contratistas nombrados, CACI y Titan, tienen estrechos vínculos con
las comunidades militar y de tecnología israelíes.
En marzo de 2000, un abogado
de un prisionero libanés secuestrado en 1994 por los israelíes en Líbano afirmó
que su cliente había sido sometido a torturas y violado, y su abogado solicitó
una compensación millonaria en dólares.
El Comité Público contra
la Tortura en Israel documentó los tipos de tortura a los que sometieron
a prisioneros árabes y palestinos. Muchas de las metodologías utilizadas
coinciden con las tácticas mencionadas en el informe Taguba: someterlos a
palizas y mantenerlos esposados al mobiliario durante largos períodos.
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