Uno de los personajes más emblemáticos de la llamada "guerra contra la subversión", el ex dictador militar chileno,  Augusto Pinochet,  falleció el domingo 10 de diciembre en el Hospital Militar de Santiago, luego de haber sufrido una inesperada descompensación.

El dinosaurio de los dictadores militares latinoamericanos, de 91 años de edad, murió, según el parte médico, a las 13:30 horas, luego de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos donde los procedimientos médicos no lograron salvarle la vida.

Pinochet había sido internado durante la madrugada del domingo 10 de diciembre a causa de un infarto al miocardio y un edema pulmonar, pero los informes médicos señalaban que evolucionaba favorablemente, a punto tal que los familiares de víctimas denunciaron que se había montado una farsa alrededor de su enfermedad.

Los pocos "seguidores" de Pinochet se dieron cita en las afueras del Hospital Militar, muchos de ellos portando carteles y fotos del ex general "anticomunista" que comandó una de las más feroces represiones de la década del setenta  después de asesinar al presidente Allende en Chile en 1973.

Caído en desgracia, abandonado a su suerte después de que  sus ex patrones del Departamento de Estado norteamericano decidieran exportar la "democracia con elecciones" en lugar de las dictaduras militares, al momento de morir Augusto Pinochet enfrentaba numerosas querellas y procesos judiciales, que abarcaban desde las acusaciones de genocidio y torturas hasta las causas por corrupción.

Se estima que durante el régimen que encabezó, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen como detenidas desaparecidas, más de 28.000 fueron torturadas, según datos oficiales, y alrededor de 300.000 debieron exiliarse por razones políticas.

Al momento de morir, Pinochet estaba procesado como presunto autor de secuestros (desapariciones), homicidios y torturas en al menos tres casos por violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que ejecutó a 75 presos políticos en un recorrido por Chile en 1973.

También por una treintena de víctimas de la Operación Colombo, montada en 1975 para encubrir la desaparición de 119 disidentes y por otros tantos casos de desaparición y torturas en la Villa Grimaldi, una cárcel clandestina de la DINA, la policía secreta de la dictadura.

Pero, y como sucedió y está sucediendo con el resto de los dictadores sobrevivientes de la ex "doctrina de seguridad nacional", Pinochet fue el chivo expiatorio de un golpe de Estado y de un proceso represivo que estuvo encuadrado en una estrategia regional de "combate al comunismo" dirigida por Washington y el Pentágono.

Detrás del golpe contra Allende y de la dictadura de Pinochet que vino a salvar a Chile del "caos  comunista" estuvieron (como en Argentina y en otros países) el Departamento de Estado y los mismos bancos y transnacionales que hoy controlan el sistema económico productivo de Chile con democracia y elecciones.
Pinochet, como Videla en Argentina o Stroessner en Paraguay, fueron piezas de un dispositivo militar destinado a terminar con la militancia revolucionaria setentista   (los llamados "subversivos") dentro de una disputa por aéreas de influencia que mantenía  EEUU con la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría.

Tanto la prensa del sistema como la derecha "neoliberal" y la izquierda "progresista", que hoy gerencian los nuevos Estados "democráticos" controlados por Washington, esconden el contexto de servilismo al proyecto imperial en que actuaron los ex dictadores como Pinochet, y los ponen como "asesinos y genocidas" sin ninguna vinculación con una estrategia de dominación en la región.

Pinochet y los dictadores militares de la doctrina de seguridad nacional que se formaban en la Escuela de las Américas y se reportaban al Comando Sur de EEUU, cumplieron para el Imperio norteamericano (represión militar de por medio) el mismo papel de "gerentes de enclave" que hoy cumplen Kirchner, Bachelet, Lula o Evo Morales, por "izquierda progresita", o Uribe y Alan Garcia por "derecha".

La red represiva de la llamada "doctrina de seguridad nacional" que guiaba el accionar de las dictaduras sudamericanas de la década del 70- fue articulada por el Pentágono y el Departamento de Estado conjuntamente con los regímenes de varios países de la región y fue la ejecutora de miles de asesinatos, torturas o desapariciones de militantes combativos de izquierda que luchaban para cambiar el sistema capitalista que hoy controla Chile con democracia y elecciones.

La prensa cómplice del sistema esconde el carácter "antisistema y revolucionario" de las víctimas de Pinochet caracterizándolas solo como "personas", como una manera de disociar como crímenes comunes lo que en verdad fue una represión militar en el marco de una "guerra contrarrevolucionaria" imperial.

Pinochet no fue un "genocida demente" sino un instrumento de un proceso de represión militar salido  de las entrañas del Departamento de Estado norteamericano, y motorizado principalmente por el cerebro imperialista de Henry Kissinger, quien, según se desprende de los propios documentos desclasificados de la época, fue el motorizador principal de los golpes militares de Pinochet en Chile y de Videla en la Argentina.

Eran tiempos de plomo y de represión sangrienta e indiscriminada al comunismo subversivo internacional" de la Guerra Fría, simbolizado principalmente en la Revolución Cubana  y en la Unión Soviética que peleaba por aéreas de influencia con el imperio yanqui en la región.

Las logias de generales latinoamericanos de entonces, al estilo Pinochet, eran formados en el molde de la "doctrina de seguridad nacional" made in usa, y entrenados militarmente en  la Escuela de las Américas y en el Comando Sur de los Estados Unidos.

Una vez formados, pasaban a desempeñarse como expertos en la "lucha de contrainsurgencia", una suerte de "lucha contraterrorista" del presente, orientada a exterminar a los movimientos revolucionarios y a toda persona con "pensamiento de izquierda".

En los 80, salvo en Colombia, los militares de la "seguridad nacional" ya habían terminado con la izquierda revolucionaria y la resistencia armada en América Latina, había desaparecido la URSS como punto de referencia logística y organizativa de los movimientos revolucionarios, y Washington resolvió imponer un orden regional basado en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos.

El nuevo sistema de control político y social se situaba en las antípodas del anterior (basado en gobiernos y dictaduras represivas), y explotaba el consenso masivo que despertaba la apertura de procesos constitucionales después de largos años de dictaduras militares con supresión de elecciones y parlamentos.

Pero fuera del maquillaje democrático (del formalismo del estado de derecho y del régimen electivo-parlamentario), Washington y las transnacionales capitalistas siguieron ejerciendo el control sobre los recursos estratégicos y el sistema económico-productivo de los países mediante la asociación con las elites de poder y las clases políticas locales, quienes se reservan para sí los controles ejecutivos, parlamentarios y judiciales del Estado.

De tal manera, que del gerenciamiento militar del dominio imperial se pasó al gerenciamiento civil del mismo, sin alterar para nada el proceso de control económico por medio del cual los bancos y empresas transnacionales continuaron transfiriendo recursos y ganancias a EEUU y a las metrópolis capitalistas.

En ese nuevo escenario de poder geopolítico-estratégico, legitimado por gobiernos satélites elegidos en elecciones populares, Washington consolidó su dominio regional en un teatro latinoamericano sin lucha armada, sin estallidos revolucionarios, y con las organizaciones populares y de izquierda participando como "opción de gobierno" en los países dependientes.

Los procesos judiciales al "Pinochet genocida", que celebran tanto la izquierda como la derecha "democráticas", sirvieron para tapar las verdaderas causas del proceso imperial que posibilitó el advenimiento al poder del general represor que nunca dio un solo paso sin consultar a Washington o el Comando Sur.

El mismo establishment de poder que juzgaba  a Pinochet antes de su muerte, fue cómplice de su dictadura y del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende, y que  luego logró encaramarse en la estrategia de dominio con urnas y democracia.

Tanto durante el gobierno de "apertura democrática" de Lagos (cuando EEUU decidió jubilar y "juzgar" a Pinochet), como en la administración de Bachelet el sistema económico productivo chileno fue controlado por la misma estructura de bancos y trasnacionales asociados al poder local de los tiempos de Pinochet.

Cuando  se pide el "castigo y condena de Pinochet", en ningún momento se menciona en que contexto histórico y en que proyecto internacional actuó Pinochet.

No se menciona a EEUU, Nixon y Kissinger (lobby judío) , impulsores y sostenedores del golpe contra Allende, como está largamente documentado.

Tampoco se pide castigo y condena para los bancos y trasnacionales que  impusieron el modelo "neoliberal" con Pinochet y que hoy actúan con el gobierno de  la "progresista" Bachelet.

Pinochet, en la década del 70 le sirvió a Washington para restablecer a sangre y fuego el "orden amenazado por el comunismo", y en el 2000, procesado por "genocida y corrupto", sirvió para demostrar que la "justicia" y la estrategia de dominio con democracia y elecciones exportadas por el Departamento de Estado, funcionan.

En el medio, la derecha y la izquierda asimilada al sistema hacen su "negocio electoral", más allá de los discursos y las ideologías.

Viejo y decrépito, odiado y condenado socialmente  por "genocida y corrupto", el "Chacal del Pacífico" murió a los 91 años de edad, mientras el sistema de dominio imperial-capitalista que lo perpetuó en el poder y luego lo defenestró, sigue vivito y coleando en América Latina.

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