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(IAR-Noticias) 16-Junio-06
Informe especial IAR Noticias
Así como los atentados del 11-S en EEUU sirvieron para argumentar y
justificar las invasiones de Irak y de Afganistán, el 11-M español y el 7-J británico
sirvieron a los gobiernos europeos para tapar sus falencias internas y para
justificar cacerías represivas de "inmigración sobrante" en sus territorios.
En esa orientación se inscribe el proyecto de la UE que intenta crear una nueva
figura represiva para las líneas aéreas, que engloba a borrachos y personas bajo
efectos de drogas, y contempla la actuación de agentes encubiertos en los
vuelos.
 Europa,
como sucedió en Estados Unidos después de los atentados de septiembre de 2001 en
Nueva York y Washington, se ve afectada por la psicosis del "miedo
terrorismo" que se acrecentó tras los atentados del 11-M en España y el 7-J
en Londres.
Desde
los ataques explosivos del 7 de julio, los gobiernos europeos
se convulsionaron y comenzaron a estudiar medidas para reforzar las leyes antiterroristas y
perseguir encarnizadamente a los a los sospechosos de "terrorismo islámico".
Gran Bretaña lideró este movimiento
y, en agosto de 2005, el primer ministro, Tony Blair, anunció una serie de propuestas
"antiterroristas" que incluían la posibilidad de deportar o denegar la entrada
en el país a quienes hacen apología del terrorismo, así como el cierre de
mezquitas y otros centros donde se propague el "extremismo fanático".
Esta nueva cacería mediática de los "profetas del odio musulmán", coincidía, con los planes de convertir a Gran Bretaña en
el "nuevo Guantánamo" del occidente cristiano.
Reunida
a mediados de septiembre en el marco de la 60 Asamblea General, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó dos resoluciones de forma unánime haciendo un llamamiento a los Estados a
reforzar la "guerra contra el terrorismo", tal como lo impusieron en
agenda EEUU y Gran Bretaña.
De esta manera la Cumbre, integrada
por 172 países, priorizó el "terrorismo" sobre otros temas en discusión
como la ayuda al desarrollo y
el combate a la pobreza, la promoción de la "democracia", el manejo de crisis
humanitarias y de derechos humanos.
En
lo que se interpretaba como un primer efecto de la resolución de la ONU, los 25 Estados miembros
de la Unión Europea llegaron al acuerdo de guardar entre seis y 24
meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para "luchar
contra el terrorismo".
 Los ministros de Justicia e Interior
de la Unión Europea acordaron requerir a las compañías de
telecomunicaciones que almacenen datos entre seis meses y dos años para
"luchar contra el terrorismo".
Esta semana trascendió -en diferentes
agencias y medios- que la Unión Europea analiza adoptar nuevas leyes para
los viajes en aviones civiles como la de incorporar en los vuelos agentes o
policías de civil e incluir la polémica figura del "pasajero problemático".
Las autoridades comunitarias se han
propuesto optimizar los requisitos de seguridad para que los pasajeros dejen
atrás la psicosis desatada por los ataques del 11 de septiembre en EEUU.
Para adaptarse a la evolución de las amenazas, la Comisión contempla en su
propuesta la definición de un nuevo pasajero: el problemático, concepto que
engloba a los borrachos y personas bajo los efectos de drogas, que ahora si
molestan son bajados a la fuerza del avión.
La ley -según los expertos- conlleva
un objetivo encubierto que es el de otorgar potestad a los agentes encubiertos
para interrogar y/o detener a pasajeros "sospechosos de terrorismo".
Estas iniciativas -señalan medios
europeos- han despertado la indignación y la protesta de las ONG y los
militantes que defienden los derechos civiles y las libertades individuales en
Europa.
El proyecto trata de copiar el "modelo" norteamericano, luego del 11-S,
cuando se autorizó la presencia de los "marshall de vuelo",
agentes policiales encubiertos que viajan en aerolíneas de ese país listos para
actuar si hay amenaza de atentados.
En una de esas intervenciones, un pasajero estadounidense que provenía de
Colombia murió fusilado por agentes de seguridad en el aeropuerto de
Miami a fines de 2005, en un confuso episodio.
Otras medidas que piensa adoptar la UE para dificultar lo más posible la "acción
de los terroristas" consisten en la supresión de datos o información que podrían
ser utilizados con fines criminales, según un informe de la Comisión de
Transporte y Turismo que la Eurocámara ha aprobado ayer.
 En el Parlamento Europeo, lo más "novedoso" del proyecto que se perfila como la
futura directiva de seguridad es el tratamiento de nuevas cuestiones que hasta
ahora los europeos no habían emprendido.
Entre las medidas contempladas para su aplicación en los aviones se encuentra la
autorización de que puedan viajar agentes de seguridad encubiertos o no
en el vuelo.
Aunque aclara "no podrán llevar armas
salvo que lo haya autorizado el Estado miembro que ha concedido la licencia
(...) o los Estados de salida y llegada, y en su caso todo Estado cuyo espacio
aéreo se sobrevuele o en el que se hagan escalas".
La palabra clave es "autorización", puesto que el Reglamento en ningún
momento exige la presencia de personal de seguridad.
La Comisión considera que el ámbito de la seguridad compete principalmente a los
Estados miembros, a los que deja vía libre para la aplicación de medidas más
estrictas que las del Reglamento siempre que se realice una evaluación de
riesgos.
Tolera asimismo las excepciones
basadas en el tamaño de la nave y la frecuencia de operaciones en los
aeropuertos.
En cambio, Romano María La Russa, de la comisión parlamentaria de libertades
civiles, apuntó que las medidas deben en todo caso "respetar las libertades
civiles y de forma más general, los valores y principios fundamentales en
que se asienta la Unión Europea".
Sobre el "pasajero potencialmente problemático", La Russa agregó que la
definición abarca a todas las personas cuyo comportamiento pueda ser fuente de
perturbación. Una definición muy ambigua por cierto.
Algunos analistas
sostienen que las nuevas medidas incrementarán la escalada racista,
principalmente "islamofóbica" que hoy se expande por los estados de la Unión
Europea.
Señalan que los
atentados del 11-M en España, y del 7-J en Londres, sirvieron
àra instalar la primera lógica de la "guerra
contraterrorista": el terrorismo es "árabe-musulmán" y está
infiltrado en las grandes metrópolis tanto de Europa como en EEUU.
Si se agrega que este procedimiento xenofóbico sirve -por añadidura- para
englobar en una misma bolsa a todo el espectro de la
"inmigración ilegal sobrante" (tanto en Europa como en EEUU), se
completa el cuadro de aprovechamiento del terrorismo con fines
represivos.
Como se sabe, tras los atentados en Europa
los funcionarios y
gobiernos europeos, con Bush y Blair a la cabeza, denunciaron la "amenaza de nuevos
ataques", reinvicando la
"guerra contra el terrorismo" en los términos propuestos por
Washington.
Las alertas de "máxima seguridad" (como las que ya rigen en
Europa y EEUU) así como una revitalización y profundización de los
"planes antiterroristas" (como se está haciendo en España,
Francia y Gran Bretaña) dan una
nueva cuota de credibilidad al escenario de la "guerra contra el
terrorismo" lanzada como la nueva cruzada de supervivencia de la
humanidad.
Así como los atentados del 11-S en EEUU sirvieron para argumentar y
justificar las invasiones de Irak y de Afganistán, el 11-M español y
el actual 7-J británico sirven a los gobiernos europeos para tapar
sus falencias internas y para justificar cacerías represivas de "inmigración
sobrante" en sus territorios.
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