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(IAR-Noticias)
20-Feb-06
El debate en España sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ha
adquirido un nivel de intensidad preocupante en estas últimas semanas.
Por Ignacio Ramonet -
Le Monde Diplomatique
Sobre todo tras las declaraciones, el
pasado 6 de enero, en Sevilla, del general José Mena Aguado: "Es nuestro deber
-afirmó- alertar sobre las graves consecuuencias que podría provocar en el seno
de las Fuerzas Armadas en tanto institución, así como en el conjunto de su
personal, la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos de su texto
actual". Y añadió que según él, el artículo 8 de la Constitución confiaba a las
Fuerzas Armadas la misión de velar por la unidad de España y oponerse a su
desmembramiento (1).
Esta intervención de un jefe militar en el ya tenso debate político ha traído a
la memoria de los demócratas desagradables recuerdos. Porque ocurre dentro de
una coyuntura inquietante: acaban de conmemorarse, el 20 de noviembre de 2005,
los 30 años de la muerte del general Franco; en pocas semanas se cumplirá el 25º
aniversario del intento de golpe de Estado del coronel Tejero, el 23 de febrero
de 1981; y en unos meses, el 70º aniversario del alzamiento del 18 de julio de
1936 contra la República, que hundió al país en una guerra civil. España creía
haber acabado con la tradición golpista militar característica de su vida
política durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta 1978, fecha de la
adopción de la actual Constitución.
Sin embargo, está claro que los tiempos han cambiado, que la democracia se ha
arraigado, y que es impensable hoy que un puñado de oficiales consigan siquiera
amenazarla. La declaración del general Mena muestra simplemente que subsiste, en
un reducido número de oficiales, un residuo de tradición intervencionista. Pero
la campaña de hostilidad sistemática que el Partido Popular lleva adelante
contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero avivó intensamente
esta tradición en los últimos meses. El actual mandatario ha tomado una serie de
iniciativas que han suscitado la condena de la España más conservadora.
Recordamos su decisión -tomada inmediatamente después de su elección en marzo de
2004, y tras los atentados de Madrid- de retirar las tropas de Irak, adonde las
había enviado imprudentemente (contra la opinión del 80% de los españoles), el
ex presidente José María Aznar. Otras medidas han sido aún más polémicas, en
particular la de restituir a Cataluña los archivos saqueados por los ejércitos
de Franco en 1938 y conservados en los locales de los archivos sobre la guerra
civil, en Salamanca. Durante semanas, los medios controlados por la derecha han
bombardeado a la opinión pública con noticias alarmistas sobre el "peligro" que
esta restitución representaba para la unidad de España... El Partido Popular no
ha vacilado en convocar gigantescas manifestaciones de protesta contra este
"despojamiento".
El paso siguiente fue la legalización del matrimonio homosexual. La medida,
aceptada por la mayoría de los españoles, ha provocado en los ámbitos más
retrógrados una ola de indignación propia de otra época. La Iglesia Católica
llegó a amenazar de excomunión a los alcaldes que oficiaran en este tipo de
casamientos.
Y llegó el turno, finalmente, al tema del nuevo estatuto de Cataluña. Al igual
que el País Vasco y Galicia, este territorio posee su propia lengua y una
cultura singular. Ya en 1932, se había constituido como "región autónoma en el
seno del Estado español". Y recuperó su autonomía en 1979, cuando se crearon en
España diecisiete "comunidades autónomas". En virtud de un Estatuto reconocido
por la Constitución, el gobierno catalán -la Generalitat- pudo crear una policía
autónoma, y se le otorgaron competencias en materia de educación, salud,
seguridad social, política cultural y lingüística, y organización territorial.
Han pasado cerca de 30 años. Desde noviembre de 2003, Cataluña está gobernada
-por primera vez desde el fin del franquiismo- por una coalición de izquierda
(PSC, ERC, ICV) que prometió adoptar un nuevo Estatuto. Éste no anuncia ninguna
"separación" de España, sino que se inscribe dentro de una tradición
"federativa", reivindica el carácter de "nación" de Cataluña y fue aprobado por
el 90% de los diputados catalanes, en septiembre de 2005. Está siendo debatido
en el Parlamento de Madrid.
La derecha y la Iglesia están dirigiendo una campaña de una catalanofobia
escandalosa. Han puesto a todos sus muy influyentes medios de comunicación al
ataque, y desde ellos conducen una campaña agresiva, dirigida a caldear los
ánimos y aterrorizar los corazones. El primer resultado está a la vista: ruido
de sables en los cuarteles. Pero la mayoría de los parlamentarios no se dejará
intimidar. Con algunas modificaciones, para ajustarlo a la Constitución española
el 21 de enero, se ha cerrado un acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y
Artur Más, lider de CIU. Posteriormente se han sumado a ese acuerdo el PSC e ICV.
Se está pendiente de la decisión de ERC.
Notas:
(1) Cf. el texto completo (en español) en el sitio:
www.elmundo.es/elmundo/2006/01/06/espana/1136570580.html . El 18 de enero
pasado, un segundo militar, esta vez el capitán Roberto González Calderón, fue
arrestado por sus superiores a causa de una carta que publicó en el diario
Melilla Hoy, en la que acusa a toda la clase política de sacrificar "la idea de
Nación y de Patria" y afirma que "existe malestar dentro y fuera de las Fuerzas
Armadas". El País, Madrid, 19-1-06.
(2) El texto acordado por el PSOE con CIU, PSC e ICV y que no tiene aún el apoyo
de ERC se puede encontrar en www.elpais.es
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