|
(IAR-Noticias)
11-En-06
Fue a mediados de 2002, el momento más agudo de
la gran crisis social y económica de Argentina. Las fuerzas de seguridad
reprimieron de modo brutal una protesta callejera de pobres y desocupados. Dos
manifestantes murieron, y el entonces presidente Eduardo Duhalde debió adelantar
las elecciones.
Por Marcela Valente - IPS
Tres años y medio después, la justicia condenó a prisión perpetua a los policías
que dispararon contra Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pero sus familiares
no se sienten reparados. Reclaman además que se investigue a funcionarios de
Duhalde (2002-2003) que ordenaron reprimir la protesta.
El veredicto difundido en la noche del lunes por el Tribunal Oral de Lomas de
Zamora, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue celebrado por
manifestantes de varias agrupaciones del movimiento de desempleados que desde el
día del crimen, el 26 de junio de 2002, exigían la condena de sus autores
materiales.
Los crímenes fueron cometidos en la localidad de Avellaneda, al sur de la
capital federal, cerca del puente Pueyrredón, que estaba cortado por la
protesta. El jefe de gabinete de Duhalde, el actual diputado Alfredo Atanasoff,
había advertido que el bloqueo de ese puente sería considerado "una declaración
de guerra".
Sobre la base de fotografías y vídeos periodísticos, los jueces consideraron
probado que el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro
Acosta, ambos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asesinaron a
Kosteki, y cuando Santillán intentó asistirlo, dispararon también contra él.
Kosteki murió en la calle, por un primer impacto en el pecho, y fue trasladado
por sus compañeros hasta la estación de trenes de Avellaneda adonde se disponían
a llamar a una ambulancia. Allí fue Santillán a asistirlo, y recibió las balas
de Fanchiotti y Acosta por la espalda, cuando intentó huir.
El tribunal también condenó a los acusados por siete tentativas de homicidio. La
represión dejó 30 heridos de bala. Los magistrados hallaron culpables a otros
cinco policías por "encubrimiento agravado" y a un sexto por "usurpación de
honores", ya que actuó en la represión pese a que ya no integraba la fuerza
policial.
Pero todos saben que se trata de una victoria a medias. "Es un primer paso,
ahora hay que buscar a los autores intelectuales que están más arriba", dijo a
IPS Alberto Santillán, padre de una de las víctimas, decidido a presentarse como
querellante en una causa paralela en la que se investiga a 11 ex funcionarios.
En el juicio estaban citados a declarar 14 ex funcionarios como testigos --entre
ellos Duhalde y algunos de quienes fueron sus principales colaboradores-- pero
solo se presentaron tres. Los demás fueron excusados con diversos argumentos por
la fiscalía y los magistrados.
El tribunal envió los testimonios de ex funcionarios al juzgado federal que
investiga la actuación de ex integrantes del gobierno. Uno de ellos, el entonces
director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Carlos Soria, declaró en
el juicio que la represión en el puente Pueyrredón quiso ser un "caso testigo".
Sumergido en una profunda crisis, el gobierno de Duhalde necesitaba "reafirmar
la autoridad del Estado", confesó Soria. Por eso se ordenó un operativo inusual
para prevenir el bloqueo del puente, en el que intervinieron miembros de la
Policía Federal, la bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura.
"Se estaba radicalizando la protesta cada vez más, y estaban empezando a
integrarse los diferentes reclamos, piqueteros (desempleados), asambleas,
ahorristas. Esto constituía un peligro institucional para la democracia",
describió Soria durante el juicio oral contra los ex agentes.
En el mismo proceso, también declararon sobrevivientes y detenidos que sufrieron
torturas. Edgardo Feraris fue uno de ellos. La policía lo detuvo y lo trasladó a
un terreno descampado donde fue interrogado a patadas, amenazado con
fusilamiento y sometido a submarino seco.
"Rogaba que si me iban a matar lo hicieran lo antes posible", recordó el
testigo. Tras las torturas, fue llevado a una comisaría.
"Los policías que fueron sentenciados seguían directivas, no actuaron por su
cuenta", dijo a IPS Marcial Barreiro, herido de bala durante la protesta y uno
de los querellantes en esta causa. "No podemos aceptar que, desde el Estado, se
resuelva la crisis social a los tiros contra la gente", abundó.
Las muertes de Kosteki y Santillán, integrantes del Movimiento de Desocupados
Aníbal Verón, causaron indignación en todo el movimiento de desocupados que
utilizan el bloqueo de vías de tránsito como protesta, sobre todo porque en un
primer momento, el gobierno intentó responsabilizar a los manifestantes de los
hechos de violencia.
Al día siguiente de los asesinatos, cuando aún no se había probado la
responsabilidad policial, el entonces ministro de Justicia, el actual diputado
Jorge Vanossi, denunció ante la justicia un supuesto "atentado contra la
democracia".
El tribunal de Lomas de Zamora ordenó abrir una causa contra Vanossi y otros ex
funcionarios por presunto falso testimonio, debido a las contradicciones en las
que incurrieron los dirigentes al declarar en el juicio oral contra los ex
policías.
La abogada de la familia Kosteki, Claudia Bracamonte, señaló que hasta ahora "no
se investigaron las responsabilidades penales de los funcionarios políticos", y
confió en que la sentencia contra los ex uniformados contribuyera a avanzar en
la causa paralela para dar con los autores intelectuales de lo que consideró
"una masacre".
Duhalde había asumido en enero de 2002 tras el colapso económico, social y
político de fines de 2001 que forzó la renuncia del entonces presidente Fernando
De la Rúa. En las protestas callejeras de diciembre de 2001 murieron 29
manifestantes, y con los asesinatos del puente, las víctimas llegaron a 31.
Para mediados de 2002, el empobrecimiento alcanzó su máximo histórico. Casi 58
por ciento de la población quedó por debajo de la línea de pobreza medida por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Seis días después de los asesinatos
de Kosteki y Santillán, Duhalde convocó a elecciones anticipadas.
En lugar de permanecer hasta diciembre de 2003, cuando debía finalizar el
período del renunciante De la Rúa, Duhalde decidió adelantar los comicios
presidenciales de septiembre a marzo, y el traspaso del mando a mayo.
|
EN VIVO
TELEVISION
