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(IAR-Noticias)
09-En-06
 En agosto de 2004, el FBI y la Oficina de contraespionaje del Departamento de
Justicia de Estados Unidos anunciaron que estaban investigando a un analista de
alto nivel del Pentágono, sobre el que recaían sospechas de espionaje en favor
de Israel y de entrega al AIPAC de documentos de alto secreto relativos a las
políticas de Estados Unidos hacia Irán, que a su vez los habría transmitido a la
embajada israelí.
Por James Petras - Rebelión
En agosto de 2004, el FBI y la Oficina de contraespionaje del Departamento de
Justicia de Estados Unidos anunciaron que estaban investigando a un analista de
alto nivel del Pentágono, sobre el que recaían sospechas de espionaje en favor
de Israel y de entrega al AIPAC de documentos de alto secreto relativos a las
políticas de Estados Unidos hacia Irán, que a su vez los habría transmitido a la
embajada israelí. El FBI había estado investigando secretamente al analista del
Pentágono Larry Franklin y a los líderes del AIPAC Steven Rosen y Keith Weissman
durante varios años antes de hacer pública la acusación de espionaje. El 29 de
agosto de 2005, la embajada israelí, como cabía esperar, negó insistentemente la
acusación de espionaje; ese mismo día Larry Franklin era acusado públicamente de
espionaje. Franklin había colaborado estrechamente con Michael Ledeen y Douglas
Feith, entonces subsecretario de Defensa en el Pentágono, en la maquinación del
caso de guerra contra Irak, y era el especialista de más alto nivel sobre Irán,
país que se halla en el primer lugar de la lista de objetivos de guerra del
AIPAC.
A medida que la investigación avanzaba y se concretaban acusaciones formales de
espionaje, los think tanks pro israelíes y los ideólogos “Ziocon”
(neoconservadores sionistas) unían sus fuerzas en una respuesta doble. Por una
parte, algunos cuestionaban el hecho de que la “entrega de documentos” pudiera
considerarse un delito, y aseguraban que se trataba de un “intercambio rutinario
de ideas” y de actividades habituales de cabildeo. Por otra parte, oficiales
israelíes y medios de comunicación negaban cualquier tipo de conexión israelí
con Franklin, minimizando también la importancia de éste en los círculos de
elaboración de políticas, mientras que otros, por su parte, daban testimonio de
su integridad.
La investigación del FBI de la red de espionaje de Washington avanzaba y poco
después condujo al interrogatorio de dos miembros principales de la Office of
Special Plans (OSP) de Douglas Feith: William Luti y Harold Rhode. Dicha Oficina
era responsable de la entrega de documentos de inteligencia falsos conducentes
al ataque de Estados Unidos contra Irak. El principal investigador del FBI, Dave
Szady, manifestó que la investigación del FBI incluía escuchas telefónicas,
vigilancia secreta y fotografías, todo lo cual documentaba la entrega de
información secreta de Franklin a los miembros del AIPAC y la posterior entrega
de la información a los israelíes.
La investigación sobre Franklin-AIPAC-Israel era algo más que una operación de
espionaje: estaba en juego el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y
Oriente Próximo, y, más concretamente, se trataba de comprobar si los
neoconservadores sionistas iban a ser capaces de conducir a Estados Unidos hacia
una confrontación militar con Irán. Franklin era uno de los principales
analistas del Pentágono sobre Irán, y tenía acceso a todas las deliberaciones de
carácter ejecutivo en relación con este país. El cabildeo y la información
obtenida por el AIPAC eran utilizados agresivamente en favor de los planes
israelíes de provocar una confrontación entre Estados Unidos e Irán, contra la
resuelta oposición del Departamento de Estado, la CIA, los servicios de
inteligencia militares y los altos mandos militares operativos.
La detención de Franklin, el 4 de mayo de 2005 y las subsiguientes detenciones
del director de investigación de política exterior del AIPAC, Steven Rosen, y
del especialista en Irán y vicedirector de política exterior, Keith Weissman, el
4 de agosto de 2005, fueron duros golpes al programa de guerra elaborado por
Israel y el AIPAC para Estados Unidos. El FBI había conducido su investigación
con mucha precaución, acumulando informaciones detalladas durante varios años.
La prudencia venía dictada por la enorme influencia política que el AIPAC y sus
aliados de la Conferencia de presidentes de organizaciones judías detentan en EE
UU, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación y los sectores
fundamentalistas cristianos, y que podría ponerse de manifiesto cuando los
presuntos espías fueran llevados ante un tribunal.
El primer golpe llegó el 29 de agosto de 2004, cuando la cadena de radio y
televisión CBS hizo pública la investigación del FBI, coincidiendo con la
confesión de Franklin de haber entregado documentos de alto secreto a un miembro
del gobierno israelí y su compromiso de colaborar con los agentes federales.
Franklin estaba dispuesto a conducir a las autoridades a sus contactos en el
interior del gobierno israelí; más tarde, no obstante, Franklin dejó de
cooperar. Abe Foxman, de la Anti-Defamation League –un importante lobby judío
pro israelí– pidió que un fiscal especial investigase las “filtraciones” de la
investigación del FBI, porque, en su opinión, estaban “enfangando”
temerariamente la imagen de Israel. El entonces fiscal general, John Ashcroft,
intervino para intentar frenar la investigación, que se ampliaba por momentos al
“nido” de Zioncons del Pentágono: Feith, Wolfowitz, Perle y Rubin fueron
“entrevistados” por el FBI. Otro Zioncon, Michael Rubin, que había sido
especialista del Pentágono sobre Irán e “investigador” residente del American
Enterprise Institute2, atacó a Bush por su “pasividad en el asunto de espionaje”
y calificó la investigación de “caza de brujas antisemitas” (Forward,
10.9.2004). El AIPAC lanzó una campaña masiva contra la investigación y en apoyo
de sus actividades y sus líderes. Como resultado de ésta, un gran número de
miembros prominentes del Congreso, tanto republicanos como demócratas, se
manifestaron públicamente en defensa del buen nombre del AIPAC, a la vez que
reafirmaban su confianza y apoyó a esta organización.
Nunca en la historia de Estados Unidos tantos miembros prominentes del Congreso,
pertenecientes a ambos partidos, habían dado su apoyo a una organización
sospechosa de espionaje, basándose únicamente en la información suministrada por
el propio sospechoso y con una ignorancia total de los argumentos del fiscal
federal. Contrariamente al apoyo bipartidista en el Congreso a favor del AIPAC,
una encuesta de votantes potenciales mostraba que el 61% creían que el AIPAC
debería ser obligado a registrarse como agente de una potencia extranjera y
renunciar a su privilegio de exención de impuestos. Sobre este punto, solamente
el 12% estuvo en desacuerdo. Entre los judíos estadounidenses, el 50 % no estaba
seguro, mientras que el 15% estaba totalmente de acuerdo y el 15% totalmente en
desacuerdo. Es evidente que muchos ciudadanos estadounidenses tienen serias
dudas sobre la lealtad y la naturaleza de las actividades del AIPAC, contrarias
a sus representantes elegidos. La investigación federal de este caso de
espionaje continuó a pesar de la oposición del Gobierno y del Congreso,
entendiendo que tenía a su favor el respaldo de la gran mayoría de los
ciudadanos de Estados Unidos.
En diciembre de 2004, a instancias del FBI, cuatro de los principales dirigentes
del AIPAC debieron aparecer ante un jurado de acusación (grand jury); asimismo,
el FBI registró las oficinas de Washington de dicha organización en busca de
nuevos documentos incriminatorios contra Rosen y Weissman.
El AIPAC siguió negando cualquier tipo de irregularidad y manifestó: “Ni el
AIPAC ni ningún miembro de su personal han violado ninguna ley. Estamos
convencidos de que cualquier tribunal o jurado de acusación llegará a la
conclusión de que los empleados del AIPAC han actuado siempre legal, correcta y
adecuadamente” (AIPAC, 1.12.2004). No obstante, pocos meses después de la
investigación y tras el arresto de dos de sus principales dirigentes, el AIPAC
puso fin al contrato de éstos y después de unos meses dejó de pagar las facturas
de su defensa en justicia. Del mismo modo, las categóricas negativas de Israel
de haber realizado actos de espionaje se evaporaron, a medida que los videos y
las transcripciones de su operación de recepción de documentos secretos llegaban
a conocimiento público.
A principios de 2005 se convocó un jurado de acusación. A medida que la
investigación del FBI llegaba a los entresijos del asunto AIPAC-Pentágono, los
superiores de Franklin --el espía confeso-- Paul Wolfowitz y Douglas Feith
anunciaban repentinamente su dimisión de los puestos 2 y 3 del Pentágono,
probablemente como resultado de un acuerdo con el Departamento de Justicia para
librarse de nuevas investigaciones relativas a sus vínculos con los servicios
secretos israelíes y con Franklin. En febrero de 2005, George Bush anunció que
Elliot Abrams, delincuente convicto en su día, defensor de los escuadrones de la
muerte centroamericanos y conocido fanático sionista, se haría cargo de las
políticas para Oriente Próximo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Abrams
canalizaría las políticas israelíes hacia la Casa Blanca y sería la fuente
habitual de las principales discusiones y decisiones de políticas.
Aparentemente, Abrams era lo suficientemente listo como para mantenerse al
margen de los operativos de Franklin/Feith y AIPAC/Embajada israelí, y tratar
directamente con Ariel Sharon y su jefe de gabinete, Dov Weinglass. En abril de
2005, el AIPAC despedía a Rosen y Weissman, afirmando que sus actividades no
estaban a la altura de las exigencias de la organización. El 4 de mayo, Franklin
era detenido y acusado de desvelar ilegalmente información altamente secreta a
dos empleados de un grupo de cabildeo pro israelí. El 13 de julio de 2005, una
nueva acusación ampliada citaba explícitamente al AIPAC, a “una potencia
extranjera” (Israel) y a un agente del Mosad, Naor Gilon, que entretanto había
huido a Israel.
A pesar de que el AIPAC estaba implicado en un caso grave de espionaje con
participación de Steve Rosen, jefe de su departamento de política exterior, y
Keith Weissman, jefe de su sección de Irak, la Secretaria de Estado, Condoleezza
Rice tomó parte y leyó el discurso de apertura en la convención del AIPAC (22-24
de mayo de 2005). También hubo manifestaciones de los líderes del Congreso de
ambos partidos, republicano y demócrata, que declararon su apoyo incondicional
al AIPAC, y a Israel y Ariel Sharon. En la lista de estos líderes figuraban,
entre otros, la senadora Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado,
Bill Frist (republicano), y el líder democrático del Senado, Harry Reid. A
juzgar por lista de asistencia del año anterior, más de la mitad del Senado de
Estados Unidos y un tercio de los miembros del Congreso asistieron a este
acontecimiento. Es evidente que el AIPAC, que cuenta con 60.000 acaudalados
miembros y un presupuesto anual de 60 millones de dólares, tuvo en esta ocasión
más influencia en el comportamiento político del gobierno de los Estados Unidos,
de sus partidos políticos y de sus representantes elegidos, que una acusación
federal contra sus líderes de realizar actividades de espionaje en beneficio de
Israel. ¿Sería posible inculpar legalmente a nuestros líderes políticos de
“cómplices ex post” de espionaje si los líderes del AIPAC llegaran a ser
encausados?
El 4 de agosto de 2005, Paul McNulty, del Departamento de Justicia, acusaba
formalmente a los líderes del AIPAC de recibir y transmitir documentos de alto
secreto al Estado de Israel por intermedio de la embajada israelí. El juicio se
celebrará el 25 de abril de 2006. Por su parte, el juicio de Franklin debía
haber comenzado el 2 de enero de 2006, pero ha sido aplazado. Franklin ha estado
cooperando con el FMI y con el Departamento de Justicia en sus investigaciones
del AIPAC y del papel del grupo de altos funcionarios del Pentágono conocido
como “Israel primero” en la preparación de la invasión de Irak y en los nuevos
planes de ataque a Irán. La acusación está basada en una larga investigación,
que en el caso del AIPAC comenzó ya en 2001, mientras que la acusación de Rosen
y Weissman registra actividades ilegales desde abril de 1999.
El juicio por espionaje: una bomba política
Una vez que Rosen y Weissman comenzaron a ser objeto de una intensa
investigación federal, como cómplices del caso Franklin, el AIPAC decidió
limitar sus pérdidas y cubrirse las espaldas, expulsándolos de su organización,
lo que sucedió en marzo de 2005, con el pretexto de que su “comportamiento no
formaba parte de su trabajo y estaba por debajo de los estándares requeridos de
los empleados del AIPAC” (Forward, 23.12.2005). Con ello, el AIPAC estaba
haciendo de Rosen y Weissman los chivos expiatorios, con el fin de librarse de
nuevas investigaciones federales en su organización. Además, el AIPAC canceló
los pagos a los abogados de Rosen y Weissman, dejándolos con una minuta impagada
de casi medio millón de dólares. El AIPAC no tiene intención de abonar esta
cantidad antes de la finalización del juicio, y no por falta de fondos
(consiguieron más de 60 millones de dólares en 2005 y es una organización exenta
de impuestos) sino por razones políticas. Antes, quiere ver en qué termina el
juicio: si son absueltos, el pago a sus abogados no ofrecerá peligro alguno;
pero si son condenados, el AIPAC se negará a pagar (basándose en determinados
tecnicismos paralegales de la propia organización) con el fin de no verse
implicados en un caso en un caso de espías convictos. Los líderes del AIPAC
están anteponiendo los intereses de su organización y su capacidad de promover
los intereses israelíes en el Congreso y los medios de comunicación a la lealtad
debida a sus ex miembros.
El contraataque
Rosen y Weissman están contraatacando con una vehemencia inesperada, ante la
perspectiva de ser condenados a diez años de prisión federal por los cargos
detallados y bien documentados, basados en escuchas telefónicas, videos y
testimonios del espía confeso Franklin, expulsado del AIPAC y denunciado por sus
ex colegas y actuales líderes de la citada organización.
Se espera que los abogados de la defensa basen su actuación en el hecho de que
la recepción de información proveniente de oficiales del gobierno era una
actividad por la que el AIPAC pagaba a sus dos clientes y que les incitaba
hacer, actividad que el propio AIPAC realiza de forma rutinaria (Forward,
23.12.2005). En otras palabras, Rosen y Weissman afirmarán que la obtención de
documentos confidenciales de manos de altos cargos del Gobierno de Estados
Unidos y su entrega a oficiales israelíes era una práctica corriente entre los
miembros operativos del AIPAC. Con el fin de reforzar su afirmación de “estar
simplemente siguiendo órdenes del AIPAC”, los abogados de Rosen y Weissman
llamarán a declarar a oficiales del AIPAC con el fin de que informen al tribunal
sobre su anterior acceso a documentos confidenciales, sus contactos con
oficiales de alto nivel y su colaboración con oficiales de la embajada israelí.
Un testimonio de este tipo probablemente expondría, tanto dentro como fuera de
EE UU, el papel del AIPAC como correa de transmisión bidireccional hacia Israel
y desde este país.
Si Rosen y Weissman consiguen vincular al AIPAC con sus actividades y si son
condenados, se abrirá una investigación federal de mucho mayor calado sobre el
papel del AIPAC en la facilitación y autorización de actividades ilegales el
beneficio del Estado de Israel.
En los casi dos años desde que Rosen y Weissman se hallan expuestos a la luz
pública como sospechosos de espionaje, el AIPAC ha conseguido defenderse de esta
publicidad negativa por medio de la movilización de políticos de alto nivel,
líderes de partidos y miembros prominentes del Gobierno Bush, que han dado
testimonio público en favor de esta organización. Han conseguido librarse de
Rosen y Weissman y seguir disfrutando del apoyo del Congreso de Estados Unidos a
las actividades belicistas de Israel contra Irán. En estas circunstancias, Rosen
y Weissman amenazan inesperadamente con asestar un duro golpe a esta cobertura
del AIPAC, que se presenta como “sólo otro lobby influyente” que pretende
mejorar los intereses mutuos en materia de seguridad de Estados Unidos e Israel.
La defensa de Rosen y Weissman hará sin duda uso del hecho de que el AIPAC en
ningún momento informó a sus empleados de lo que la ley establece en materia de
obtención y transmisión de informaciones de carácter altamente secreto a una
potencia extranjera. Rosen y Weissman afirmarán que no sabían que recibir
información confidencial de manos de oficiales del gobierno y al transmitirla a
Israel era algo ilegal, por cuanto todos hacían lo mismo. Además, también
afirmarán que su supuesta actividad de espionaje no era una “operación
delictiva” que llevasen a cabo independientemente de la organización, sino que
estaba aprobada por sus superiores, citando para ello los procedimientos
utilizados por los empleados del AIPAC en su rendición de cuentas a sus
superiores.
Rosen y Weissman están adquiriendo una estatura bíblica. Según un ex empleado
del AIPAC que sigue manteniendo relación con los actuales jefes de esta
organización, ésta considera a Rosen y Weissman como “Sansón tratando de
derribar el templo sobre las cabezas de todos ellos” (Forward, 23.12.2005).
Y “todos ellos” quiere decir aquí todos los que han participado en la
explotación de la riqueza, la fuerza militar y el poder de Estados Unidos al
servicio de los intereses expansionistas de Israel. Lo que comenzó como un
pequeño caso de espionaje, no diferente de otros casos recientes, está
convirtiéndose en una causa célebre que implica al lobby más poderoso, que
influencia en su totalidad la dirección de las políticas de Estados Unidos hacia
Oriente Próximo. Si Rosen y Weissman son condenados y ellos afirman
efectivamente que estaban siguiendo órdenes e informando al AIPAC de sus
actividades delictivas es posible que muchos ricos donantes y activistas judíos
abandonen la organización, y quizás los políticos que han estado comiendo de la
mano del AIPAC lleguen a verse cubiertos de vergüenza para siempre. Con un AIPAC
debilitado y sus aliados neoconservadores sionistas del Gobierno recelosos de
continuar su “conexión” con los medios de inteligencia israelíes en materia de
políticas sobre Oriente Próximo, es posible que se produzca un debate libre y
abierto sobre los intereses de Estados Unidos. Con un debate público
relativamente libre de las trabas que imponen los lobbies israelíes y sus
ideólogos, quizás la oposición pública de Estados Unidos a las guerras y
ocupaciones de Oriente Próximo pueda convertirse en un discurso dominante en el
Congreso, si no en el Gobierno. Quizás los 3.000 millones de dólares anuales de
ayuda exterior a Israel puedan asignarse ahora a las asoladas zonas urbanas
industriales de Michigan, el norte del Estado de Nueva York y otros lugares. Un
cambio del militarismo en Oriente Próximo a una política exterior democrática no
tendrá lugar solamente por un juicio por espionaje, por severa que sea la
sentencia y por mucho que esté implicado el AIPAC, a menos que la opinión
pública estadounidense se organice como una mayoría democrática capaz de hacer
frente a los líderes de los partidos, del Congreso y del gobierno con una simple
pregunta: ¿están ustedes a favor de Estados Unidos o a favor del AIPAC? Si los
espías acusados son condenados y se demuestra la participación del AIPAC, los
políticos de Estados Unidos se hallarán ante una opción clara: o bien se ponen a
favor de una política exterior democrática, o bien siguen hundiendo sus cabezas
en ese sumidero de dinero negro pagado por agentes de una potencia extranjera y
siguen mostrando, una vez más, su trasero al pueblo americano.
Traducción del inglés para Rebelión por S. Seguí
1 AIPAC: The American Israel Public Affairs Committee. Principal lobby pro
israelí de EE UU.
2 Lobby y think tank neoconservador estadounidense.
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