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(IAR-Noticias)
05-En-06
 El paramilitarismo en Colombia,
una herramienta del poder y formula a expandir en América Latina.
Por Lázaro Girardot - Adital
Es oportuno que el pueblo latinoamericano conozca, lo que han sido y representan
los grupos paramilitares en Colombia, ahora que los EEUU, las oligarquias
nacionales y sus fuerzas militares buscan extender este método represivo para
contener los cambios políticos progresistas que se viven en América latina.
Muestra fehaciente de esos propósitos
fue la detención hace algo más de un año, por parte de los servicios de
seguridad de la república Bolivariana de Venezuela, de más de un centenar de
paramilitares colombianos, que se aprestaban para ejecutar acciones criminales
de desestabilización del poder popular dirigido por el coronel Hugo Chávez.
O la reedición del plan cóndor con el
asesinato y secuestro de dirigentes populares e insurgentes en países vecinos a
Colombia. Y las repintes revelaciones de la conspiración que dentro de las sedes
de los servicios d seguridad colombianos se prepara contra el gobierno
venezolano por parte de los sectores reaccionarios de las dos republicas
hermanas.
Más ahora, que con afán los diferentes componentes del bloque de poder en
Colombia, buscan darle "legitimidad" y legalidad a uno de los pilares en los que
han sustentado el ejercicio de su poder en las últimas décadas; el
paramilitarismo de Estado. En función de ello ponen todos sus recursos,
incluidos los canales generadores de opinión, y pretenden ocultar y distorsionar
la naturaleza de un fenómeno que les ha sido altamente útil.
El acuerdo firmado el 13 de mayo de 1994, entre los paramilitares y el gobierno
de Uribe Vélez y la posterior aprobación de la mal llamada ley de "justicia y
Paz", es una verdadera afrenta a la nación. Significa el otorgamiento de
personería política a una banda de mafiosos narcotraficantes, que no son otra
cosa que el brazo irregular del ejército regular colombiano.
En este mal llamado dialogo, que es en realidad, un monologo entre compadres, el
gobierno de Colombia muestra su verdadero cobre y sienta las bases para la
inserción a la vida institucional de los paramilitares. Les otorga una amplia
zona del país, les garantiza su seguridad, desconoce la justicia al garantizar
que ninguno de los jefes paramilitares será capturado o procesado por los
crímenes cometidos contra la población. Se trata de la impunidad total.
El terror ha sido institucionalizado. Es estatuto antiterrorista y demás leyes
represivas permiten que las Fuerzas Armadas del Estado ejecuten bajo el amparo
de la ley las atrocidades que antes debían realizar a través de mecanismos
extra-institucionales. Sus paramilitares, legalizados y perdonados, podrán ser
dedicados a la exportación, para que reediten su macabra misión en contra de
otros pueblos de América latina.
Esta claro, que los grupos paramilitares, si bien fueron engendrados por la
oligarquía colombiana, obedece a una estrategia contrainsurgente determinada en
los manuales de seguridad de los Estados Unidos. Por ello no es de extrañar, que
una institución tan funcional a los interese norteamericanos, la OEA, haya
avalado el vergonzoso acuerdo entre el estado Colombiano y sus mercenarios.
En función de una clase
El Estado colombiano, como todos los Estados, no es impersonal; su andamiaje
institucional, jurídico, político y militar ha sido construido en función de los
intereses de la clase social que representa, a saber, la oligarquía y la narco-oligarquía.(en
el caso colombiano).
A lo largo de su historia ha sido "administrado" de manera monopólica y
excluyente por una clase extraída políticamente de los partidos liberal y
conservador, que son, a su vez, la expresión electoral de capas especificas de
la población: terratenientes, comerciantes, industriales, financistas,
narcotraficantes, clero y, en general, sectores dominantes.
El papel del Estado ha sido y continúa siendo el de desarrollar mecanismos e
instrumentos (léase ejercicio de gobierno) que le permitan adquirir y preservar
privilegios para los sectores que representa, o dicho de otra manera, para
garantizar su dominación de clase.
Uno de esos mecanismos de gobierno a los que ha recurrido la oligarquía es el
terrorismo de Estado, consistente en la utilización institucional y
extrainstitucional de la violencia y el terror como método de control social. La
columna vertebral de ese terrorismo de Estado es, junto a la guerra sucia, el
paramilitarismo.
Instrumento de acumulación
En Colombia, el papel de estos escuadrones de la muerte ha ido más allá de un
"simple" mecanismo de represión y se ha convertido en instrumento de apropiación
y conservación de la riqueza. Así lo demuestran la proporcionalidad entre las
cifras de muertos y la redistribución (concentración) de la tierra durante los
años cincuenta por la acción de los denominados "pájaros", "chulavitas" o
"limpios", eufemismos utilizados por ese entonces para designar a los
paramilitares.
Desde entonces, esta política ha continuado, llegando a la imposición por vía
violenta de una verdadera contrarreforma agraria que ha expulsado de sus
territorios a millones de campesinos, que han tenido que abandonar tierras,
viviendas, empleos y proyectos de vida para beneficio de terratenientes,
gamonales, empresarios nacionales y transnacionales, políticos, militares y
narcotraficantes que se han adueñado de sus bienes.
Pero el instrumento paramilitar no sólo ha servido para modificar la propiedad
de la tierra, también las negociaciones laborales entre patronos y sindicatos se
saldan con el asesinato de dirigentes sindicales. La ecuación de los empresarios
es simple: abaratar la mano de obra debilitando la organización de los
trabajadores.
La propia Organización Internacional del trabajo (OIT), ha sido clara en señalar
que Colombia es el país donde se asesina el mayor número de sindicalistas. Sin
duda, el método principal de "desarrollo del capitalismo" en Colombia ha sido la
violencia ejercida desde el poder.
Política contrainsurgente del Estado
Los grupos paramilitares, que son en realidad unos ejecutores de operaciones
encubiertas de las Fuerzas Armadas, fungen como política contrainsurgente del
Estado, inspirada en la famosa Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que desde
los años sesenta rige la conducta política de las FF AA colombianas.
Entre las premisas de la Doctrina de Seguridad Nacional, tres sustentan
ideológicamente el paramilitarismo colombiano.
1.. El concepto del "enemigo interno", en el cual encuadran todo sujeto político
o social que se oponga al estado de cosas existentes.
2.. La idea de "secarle el agua al pez", según la cual las organizaciones
sociales y populares de la población constituyen el agua en la que se mueve el
pez insurgente.
3.. La movilización y vinculación de la población para contener la amenaza a la
"seguridad de la nación", es lo que en Colombia se define como "guerra
integral".
La adopción por el Estado colombiano de todo ese ideario explica el exterminio
de dirigentes y organizaciones populares colombianas. Los paramilitares se
enfrentan a la población civil desarmada, no directamente a la guerrilla y
cuando se ven amenazados por los destacamentos de combatientes revolucionarios
corren a esconderse de manera cobarde en instalaciones militares y policiales.
Un caso de la memoria colectiva que este pueblo no olvidará es el exterminio
físico del movimiento político Unión Patriótica, que demuestra claramente que
por ahora en este país el ejercicio de la oposición política está penalizado
legal y extrajudicialmente.
Abundante es la legislación a través de la cual el Estado ha buscado darle un
marco jurídico legal a la existencia de los escuadrones de la muerte. Desde una
ley de la republica en 1968, hasta los reglamentos y manuales de guerra y
combate del Ejército que instruyen claramente a la fuerza pública sobre la
creación y control de estos grupos, así como sobre la manera de involucrar a la
población civil en la "defensa de la nación" o la "seguridad democrática", como
la llaman los actuales personeros del régimen político.
Los actuales escuadrones de la muerte, que se autodenominan Autodefensas Unidas
de Colombia AUC, tienen su origen a principios de los años ochenta, fueron
creados como parte de ésta estrategia de Estado y financiados con los
florecientes dineros del narcotráfico.
Una política represiva con dos rostros
Estamos, pues, ante una política que no es nueva ni extraña al poder, y que han
aplicado los diferentes gobiernos para evitar que la nación que controlan se les
salga de las manos: la institucionalización de la violencia y la creación
simultánea de formas parainstitucionales de represión promovidas, organizadas y
controladas por los mismos organismos del Estado.
El actual régimen fascista que se ha instalado en la Casa de Nariño busca por
todos los medios otorgar un estatuto político a los paramilitares.
Unos meses antes de que se iniciara esa farsa, llamada diálogo entre los
paramilitares y el gobierno colombiano, en una entrevista concedida a la revista
Semana, el 14 de octubre del 2002 uno de los ejecutores operativos de la
política paramilitar declaraba, "Queremos hacerles saber al gobierno y al país
que si ya no consideran útil nuestra presencia, entonces no seremos un
obstáculo".
El mensaje: "si ya no consideran útil nuestra presencia", permite intuir que el
gobierno los ha considerado útiles, y quién más indicado para decirlo que uno de
sus principales personeros. Pues bien, estos escuadrones de la muerte, que
algunos han intentado eufemísticamente rebautizar, han sido y son útiles a éste
y otros gobiernos, que justamente con ese objetivo los han creado.
Con mucha razón decía un periodista, que la cifra de soldados rurales o
campesinos que el gobierno de Uribe Vélez propuso crear, coincidía con las
cifras de crecimiento proyectadas a la época por los paramilitares. Y no puede
ser de otra manera, puesto que es el mismo proyecto planteado desde dos vocerías
distintas.
Al servicio de la expansión del imperio
La legislación y la política de seguridad planteada y comenzada a ejecutar por
el actual gobierno sintetizan las diferentes estrategias de seguridad y modelos
represivos que los "estrategas de seguridad del Pentágono" han recetado durante
décadas.
Estado fuerte sólo en su acción coactiva: institucionalización de las medidas de
fuerza, pago de recompensas por delación, administración de justicia por los
militares, creación de zonas especiales bajo control castrense, estatuto
antiterrorista, legalización del paramilitarismo, vinculación de la población
civil a la guerra, etc. Los documentos instructivos abundan: Doctrina de la
Seguridad Nacional, Documentos Santa Fe 1 y 2, Estrategia para las Américas,
Lucha Antidrogas, Documentos Santa Fe 3 y 4, Lucha contra el Terrorismo, etc.
Todas esas medidas están dirigidas a decapitar las resistencias al modelo de
dominación imperial sobre América latina y son aplicadas con especial sevicia
criolla por la burguesía colombiana.
Una de las funciones que los gringos le han encomendado a este gobierno fascista
y mafioso es la de acelerar las medidas neoliberales que pongan la economía
colombiana a tono con las exigencias de la globalización neoliberal, que en
América Latina se concreta a través de la imposición de la zona de libre
comercio, ALCA.
Y así lo ha venido cumpliendo: entre las empresas insignias del patrimonio
nacional, figuran TELECOM y ECOPETROL, las dos altamente rentables. Como otras,
objeto del apetito voraz del capital transnacional. Desde 1989 los diferentes
gobiernos han insistido en su privatización, pero tuvieron que aplazar su
entrega ante la oposición de los trabajadores.
Sin embargo, el actual gobierno con "su mano fuerte" (contra los indefensos), ha
logrado privatizar la primera y está en camino de regalar la segunda, y con ello
los recursos naturales del país al capital privado. Y en esos procesos la mano
asesina de los paramilitares ha estado presente, amedrentando y exterminando la
valiente resistencia de los trabajadores.
En este país toda reforma política, social o laboral regresiva va acompañada de
las medidas represivas y militares que la faciliten o impongan. Los ejemplos
abundan; las reformas laboral y del régimen de pensiones fueron acompañadas de
la intensificación de los asesinatos y amenazas contra líderes sindicales. Los
autores, el escudo criminal del estado: los paramilitares.
Aunque el personaje que preside el país proceda de los círculos más atrasados
del poder agrario, obedece a los intereses del gran capital financiero
internacional y de la metrópoli gringa. Allí ha ido a recoger, servilmente, las
fórmulas que debe aplicar y el dinero para una guerra que permita a los EE UU
crear las condiciones militares para su proyecto de anexión de América Latina.
No es gratuito que las famosas zonas de rehabilitación o control militar, que al
inicio de su gobierno, decretó Uribe Vélez coincidieran con el trazado del
oleoducto Caño Limón-Coveñas, eso sí, excluyendo las zonas que previamente
habían sido paramilitarizadas, entre otras cosas con la ayuda de los dineros que
los EE UU habían destinado para proteger el tubo por donde succionan el
petróleo.
Ese oleoducto es estratégico para los intereses energéticos de los gringos,
teniendo en cuenta que desde los llanos orientales colombianos, muy cerca de los
yacimientos petrolíferos venezolanos, conduce el crudo hasta el Caribe, lugar
cercano a donde se planea construir, en el marco del plan Puebla-Panamá, un
poliducto que atraviese Centroamérica con rumbo al norte.
El papel que EEUU ha encomendado a la genuflexa oligarquía colombiana,
representada por Uribe Vélez, es el de verdugo del pueblo latinoamericano. Punta
de lanza de su proyecto recolonizador, de sus ansias de apropiarse de de los
recursos energéticos y genéticos de la región andina y amazónica.
La reciente edición de los textos de geografía, para estudiantes de sexto grado
en las escuelas estadounidenses, habla con elocuencia; muestran la amazonía como
protectorado gringo, salvado según ellos de las garras de "ocho países
diferentes y extraños, los cuales son en su mayoría, reinos de la violencia,
tráfico de drogas, ignorancia y de pueblos sin inteligencia y primitivos".
Diversas son las resistencias que los pueblos latinoamericanos oponen a la
voracidad gringa, dentro de ellas, la avenencia en Venezuela, de un gobierno que
rompe con el tradicional sometimiento a las políticas estadounidenses,
reivindica la soberanía, ejerce la democracia participativa e intenta una vía de
desarrollo económico, distinta a la ortodoxia neoliberal, se constituye en un
obstáculo mayor a los interese estratégicos de los EEUU en la región.
Por ello utilizan, a su dócil instrumento el gobierno colombiano y sus
paramilitares, para alimentar la conspiración contra el legítimo gobierno
venezolano, cual sanguinario José Tomás Boves (1782-1814), Álvaro Uribe Vélez,
pone sus sicarios al servicio de los intereses del imperio.
La participación de los sectores de poder colombiano, en la conspiración
gringo-escuálida contra el legítimo gobierno venezolano, tiene antecedentes bien
claros; el inmediato reconocimiento del gobierno colombiano al breve gobierno
golpista del 11 de abril de 2002 y la protección que brindan actualmente a su
principal agente, son pruebas fehacientes de su complicidad con los
conspiradores venezolanos.
La propuesta hecha por algunos miembros del senado colombiano, encabezada por el
hijo del siniestro personaje que avoco a Colombia a una guerra que le costo
300.000 muertos, en el sentido de pedir a la OEA la aplicación de la carta
democrática en contra de Venezuela es un hecho más que demuestra el espíritu
intervensionista de la oligarquía colombiana en contra del gobierno del hermano
país.
La anterior propuesta surgió de un miembro de un congreso, que según el jefe de
turno de la mafia narcoparamilitar, obedece en un 35% a sus intereses. La
complicidad consciente y activa de las fuerzas Armadas colombianas, en la
paramilitarización de las zonas de frontera colombo-venezolanas, complementa el
cuadro de la participación del reaccionario poder colombiano en contra de
Venezuela.
No se necesita de mucha suspicacia, para entender las razones de la reunión del
jefe de las Fuerzas armadas colombianas con empresarios y terratenientes
venezolanos en la ciudad de Cúcuta. La misma casta, que en Colombia parió sus
asesinas criaturas, ahora las pone al servicio de sus hermanos de clase.
El complot tiene más agentes: los medios masivos de "información", que con la
mentira y la calumnia, prestan obesos servicios al imperio. En Colombia como en
Venezuela, los detentadores del monopolio de la comunicación, se han convertido
en voceros oficiosos del antibolivarianismo.
La guerra civil pretensión imperial, el paramilitarismo política útil
Los EEUU quieren avocar a las naciones de nuestra América por el sendero de la
guerra civil, que nos destruyamos de manera fraticida al interior de nuestras
fronteras o entre latinoamericanos, utilizando a un pueblo en contra de otro,
mientras ellos venden las armas, cuentan los muertos e imparten instrucciones y
métodos perversos de ejercitar la guerra.
Buscan que la población se involucre en la guerra, que se sacie de ella, que nos
distraigamos, que no respondamos a la confiscación de nuestras riquezas.
Cansarnos de la guerra, para que inquiramos una paz vacía, sin contenido, donde
el poder tradicional se perpetué y todo siga como siempre. Colombia es un
laboratorio, y sus elaboraciones las expedirán por la América latina, como ya lo
están haciendo.
En un reciente informe el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos
plantea que "el problema contrainsurgente de Colombia radica en que los
ciudadanos no están involucrados en la guerra" y sugiere como solución la
creación de "fuerzas locales" con "civiles que puedan asegurar el terreno que el
Ejército deba abandonar para concentrarse en otras zonas", "movilizando y
organizando al pueblo para que sea su auxiliador en la contrainsurgencia".
La obediencia a esta política se evidencia en la creación de la milicia rural y
en la perversa política de instrumentalizar la precariedad a la que han llevado
a la población, convirtiendo en un negocio la delación. ¡Qué vergüenza para la
patria!
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