|
(IAR-Noticias)
01-Dic-05
 Hace
dos semanas la revista Newsweek había revelado que David Addington,
sucesor de Libby en la jefatura de gabinete, es el verdadero
"autor" del memorando con que la Casa Blanca
justificó los programas de tortura en Irak.
Esa revelación coincidió con una
semana en que Cheney dijo a los parlamentarios
republicanos estar muy molesto por la aprobación de una enmienda que
prohíbe el tratamiento inhumano a terroristas detenidos.
Aseguró a los legisladores que esta
ley ataría las manos del Presidente y terminaría costando “miles de
vidas” y dramatizó el punto estableciendo un escenario en el que un operativo
capturado de Al Qaeda, otro Khalid Shaikh Mohammed, rehúsa dar a sus
interrogadores los detalles de un ataque inminente.
Antes de la reunión de Cheney con los senadores, y pese a la presión sobre
la Casa Blanca para que revele detalles del llamado sistema
encubierto de prisiones de la CIA, George W. Bush justificó
enérgicamente los programas de interrogatorio en la "guerra antiterrorista" y
se
opuso a la iniciativa del Congreso para proscribir la tortura.
Esta semana trascendió nuevamente que
el vicepresidente Cheney podría quedar en el centro de una
investigación judicial por su presunta autorización de torturas contra
prisioneros extranjeros, volvieron a reseñar medios y analistas estadounidenses
citados por varias agencias.
 Según
acusaciones del coronel Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del ex secretario
de Estado Colin Powell, las órdenes que llevaron a militares
norteamericanos a torturar presos en el Medio Oriente habrían partido del
despacho de Cheney,
Wilkerson señaló en rueda de prensa que había hallado rastros de una serie de
directivas de colaboradores del Vicepresidente donde se consentía la
tortura. Tales recomendaciones fueron dirigidas al Departamento de Defensa,
apuntó.
Estas orientaciones contradicen formalmente una disposición del presidente
George W. Bush, de 2002, cuando dictaminó que el ejército estadounidense debía
respetar la Convención de Ginebra en relación con los abusos contra reclusos.
Lawrence Wilkerson acotó que las directivas fueron redactadas en términos
prudentes, pero daban libertad de acción a los comandantes en los escenarios
bélicos de Irak y Afganistán.
También el diario The Washington Post comentó recientemente que Cheney había
intercedido en el Congreso para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
fuera liberada de respetar una ley antitortura.
El senador demócrata Edward Kennedy apoyó enmiendas parlamentarias en contra del
martirio de prisioneros, y recordó que el escándalo por los abusos en la prisión
iraquí de Abu Ghraib se debió precisamente a la ausencia de una guía legal en
el Ejército.
Hasta hace muy poco
la propia autoridad de Cheney se había mantenido incólume en
el Washington republicano.
Pero una parte de los senadores
republicanos, conscientes del giro de desgaste que han experimentado el
presidente y el vicepresidente, comienzan a desafiar abiertamente su política de
línea dura, como sucedió con la presentación de la "enmienda anti-tortura".
 Varias figuras poderosas, en la Casa
Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, ahora se están alejando,
preocupados por el escándalo que envuelve a Bush y a Cheney en varios frentes.
Todo este proceso, y la encarnizada
campaña mediática llevada a cabo por los medios opositores a Bush con los
influyentes The New York Times y The Washington Post a la cabeza, agrega
combustible a la guerra por el poder lanzada por los demócratas
aprovechando la caída pronunciada del presidente George W Bush en las encuestas.
Fotos que mostraban a un iraquí con electrodos atados al torso, hombres desnudos
simulando actos sexuales, y el cadáver de la víctima de una paliza,
desencadenaron este año una serie de condenas internacionales que
indujeron los debates en el Senado.
Los informes sobre las arbitrariedades son demasiado numerosos como para
ignorarlos, expresó el senador Kennedy (el primero que anticipó el "sindrome
Vietnam" para Irak) , al comentar las imágenes que suscitaron la ira de la
comunidad mundial, particularmente en árabes y musulmanes.
Según explicó el director de la CIA, Porter Goss, los métodos de interrogatorio
de la Agencia son "únicos", pero entre ellos no figura ningún tipo de
suplicio contra seres humanos.
En una entrevista citada por el diario USA Today, Goss repitió la justificación
de la administración Bush y el argumento de la polémica lucha antiterrorista,
pero no reveló indicios sobre las "técnicas" empleadas por la CIA para
extraer información.
La
semana pasada The Washington Post reveló que la CIA mantiene prisiones
secretas en países de Europa Oriental y de Asia para interrogar a sospechosos de
ser miembros de Al Qaeda.
La revelación hizo que nuevamente la atención se concentrara en en el
vicepresidente Cheney y su nueva "mano derecha".
No por casualidad, quien acompañaba a Cheney en sus reunión con los senadores de la
semana pasada, era el remplazante de Lewis Libby en la jefatura del
gabinete vicepresidencial: David Addington.
Al estar Libby "fuera del tablero de
jugada" (renunció a causa del "Cia-gate) , el vicepresidente ascendió a David Addington, un asesor leal, para que
reviste como su nueva mano derecha y Jefe de Estado Mayor.
Addington, un halcón de ultraderecha,
ha estado al lado de Cheney desde la década de 1980, cuando Cheney
era miembro del Congreso y Addington revistaba como abogado del comité de
Inteligencia de la Cámara.
Cuando Cheney fue nombrado Secretario
de Defensa, bajo el mandato del primer presidente Bush, Addington estuvo a su
lado, y desde entonces se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza y
vivió a la sombra del vicepresidente.
Addington, considerado un "adicto al
trabajo", quien, al contrario de Libby, luce bajo perfil y rehuye a los
reporteros, es, aparte de Cheney, el principal defensor de la utilización de
programas de tortura contra los "sospechosos de terrorismo".
 Luego se conoció que
David Addington fue el verdadero autor de uno
de los "memorandos
sobre tortura" de la Casa Blanca, en los que se sostenía que el presidente George Bush tenía la
autoridad de violar las Convenciones de Ginebra sobre el
trato a prisioneros de guerra, en la "guerra contra el terrorismo".
La revelación de que Addington fue el
autor del borrador del memorando del 25 de enero de 2002 dirigido al Presidente,
apareció el 3 de julio en un reportaje de internet del semanario Newsweek.
Un asistente anónimo del entonces
asesor jurídico de la Casa Blanca, Alberto González, le dijo a Daniel Klaidman
de Newsweek que "el memorando en realidad no lo escribió González, sino el principal abogado de Dick Cheney,
David Addington, un halcón
muy agresivo".
El memorando que firmó Alberto
González decía que la lucha contra el terrorismo es una "guerra de nuevo tipo",
que "hace obsoletas" y hasta "peregrinas" las provisiones de Ginebra.
Fue Addington el "verdadero autor"
del memorando de Alberto González de enero de 2002, que argumentaba que los
combatientes talibanes y de Al Qaeda capturados no deberían ser amparados por la
Convención de Ginebra.
Según Newsweek
fue Addington quien estuvo detrás de la orden
presidencial que establecía los tribunales militares y fue él quien argumentó
apasionadamente que el Presidente posee poderes casi ilimitados en tiempos de
guerra, un punto de vista que fue deletreado en el “Memorando sobre torturas”, y
del que la administración Bush se vio forzada, en su momento, a retractarse bajo la
presión pública.
Addington, cercano colaborador del embajador estadounidense en la Organización
de las Naciones Unidas, John Bolton, muestra un abierto desprecio hacia el
derecho internacional.
El funcionario fue criticado por organizaciones de derechos humanos como
Amnistía Internacional y Human Rights Watch por defender dentro del gobierno de
George W. Bush la exclusión de todos los detenidos en el marco de la "guerra
contra el terrorismo" de todo derecho a proceso justo y de las protecciones
de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Según la publicación National Journal, Addington se ha resistido en forma
constante -y hasta ahora exitosa, pese a las objeciones de algunos consejeros de
Bush- a entregar al parlamento la información de inteligencia que manejó la Casa
Blanca antes de lanzar la guerra contra Iraq, en marzo de 2003.
Tanto Cheney como Addington (ahora su
jefe de gabinete) , utilizaron su influencia posteriormente para aplastar las
ideas de cambio.
Según la agencia IPS, Addington trabajó para Cheney en
diversos "puestos" desde mediados de los 80, cuando éste era miembro del Comité
de Inteligencia de la Cámara de Representantes, defendiendo al presidente Ronald
Reagan (1981-1989) en el escándalo "Irán-Contras", la venta encubierta de
armas a Irán y el uso de esas ganancias para financiar la contrarrevolución
nicaragüense.
El nuevo jefe de gabinete del vicepresidente es un fuerte defensor del
unilateralismo en la política exterior de Washington y de la extensión del
poder presidencial, sobre todo en tiempos de "guerra".
Según
informes noticiosos y testimonios ante el Congreso, altos funcionarios del
Pentágono, incluyendo a Rumsfeld y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general
de la Fuerza Aérea estadounidense Richard Myers, fueron informados de la
existencia de fotografías y videocintas de las torturas en Abu Ghraib en una
llamada que les hizo por la línea confidencial el general John Abizaid, jefe del
Comando Central, a mediados de enero de 2004.
Ya desde el 1 de julio de 2003, cuando Amnistía
Internacional dio a conocer un informe en el que acusaba al Ejército
estadounidense de someter a los prisioneros iraquíes a condiciones "crueles,
inhumanas o degradantes", se sabía de las torturas.
Cuando el Pentágono nombró el 31 de enero al
general Antonio M. Taguba para que dirigiera una investigación formal sobre las
torturas en Abu Ghraib, altos funcionarios militares y civiles del departamento
de Defensa intentaron evitar que la historia llegara al público.
Dentro del gabinete de Bush, el
vicepresidente Cheney y sus dos inmediatos consejeros,
Libby y Addington, fueron los
impulsores y sostenedores de que los programas de interrogatorios no se
modificaran.
Nesweek afirma que
los abogados de la administración
intentaron sin suerte convencer a Cheney y Addington de que se retractaran de la
política de negar a los “combatientes enemigos” el acceso a apoyo legal.
Tanto Cheney como Addington
se siguen rehusando, y el vicepresidente,
utilizando su influencia, sigue proyectando su voluntad personal en las
decisiones presidenciales de George W. Bush.
Con las denuncias que se van sumando en su contra, analistas en Washington
estiman como altamente probable que Cheney -en el corto plazo- sea citado en
algún tribunal de justicia para responder preguntas sobre los programas de
tortura en las cárceles secretas de EEUU.
|
EN VIVO
TELEVISION
El
vicepresidente y su principal asesor en el centro de las denuncias
