(IAR-Noticias) 10-Octubre-07
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El estadounidense Robert Zoellick ,
presidente del BM |
Cada año, el Banco Mundial (el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil
millones hacia los países en desarrollo a través de préstamos y donaciones que
tienen como objetivo declarado disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento
económico.
Por Shalmali Guttal - Focus
on the Global South / CEPRID
El Banco siempre actúa conjuntamente
con su agencia "hermana", el Fondo Monetario Internacional (el Fondo), incluso
en países que ya no solicitan apoyo ni préstamos del Fondo. No toda la ayuda y
el financiamiento del Banco están destinados a los gobiernos. Un monto
considerable va dirigido directamente al sector privado, especialmente a las
grandes compañías, en la forma de préstamos, asistencia técnica y mitigación de
riesgos de inversión.
Respaldo para los ricos
A lo largo de sus más de 60 años de existencia, el Banco se amplió y dejó de ser
una única institución, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). Ahora está integrado por cinco instituciones, cada una de ellas dedicada
a un área específica de operaciones.(1) Éstas incluyen financiamiento y otras
ayudas de auxilio y rehabilitación; infraestructura institucional y física para
sectores como la energía, el transporte, la industria extractiva y las
telecomunicaciones; la reestructuración de sectores claves como la salud, la
educación, el agua y la agricultura para transformarlos en sectores privados
orientados al mercado; el desarrollo del sector privado; y la mitigación de los
riesgos de inversión que corren las empresas privadas. A pesar de los escándalos
recientes, el Banco es una institución poderosa. Para los países que son sus
clientes, el Banco es, en la mayoría de los casos, virtualmente la única puerta
de acceso al comercio internacional, la financiación para el desarrollo y el
capital de inversión privado. El Banco deriva su poder y sus agendas políticas
de sus accionistas más ricos -los gobiernos que conforman el G-7,(2) que usan
sistemáticamente al Banco para asegurarle a sus respectivas empresas
transnacionales lucrativos negocios comerciales y de inversión en los países en
desarrollo.
La influencia de las grandes empresas en y a través del Banco se manifiesta de
distintas formas. Las más obvias son las ayudas que reciben las empresas
privadas a través de tres de las instituciones especializadas del Banco: la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La CFI es el brazo del Banco para el sector privado y la mayor fuente
multilateral de financiamiento de capital accionario y préstamos para las
empresas privadas en los países en desarrollo, a nivel mundial. La CFI dice
respaldar el desarrollo económico, el empleo y la reducción de la pobreza,
promoviendo para ello los mercados abiertos, competitivos y eficientes y
brindando apoyo directo a las compañías privadas en los países en desarrollo. Ha
desarrollado una amplia variedad de herramientas y servicios para permitir que
las empresas privadas puedan administrar los riesgos de inversión y ampliar su
acceso a capital y a los mercados en los países en desarrollo. El Banco y la CFI
crearon además un servicio de ‘respuesta rápida en materia de conocimiento' (Rapid
Response knowledge initiative), que se especializa en brindar asesoramiento con
respecto a las reformas del clima de negocios y las políticas de privatizaciones
en los países en desarrollo. Este mecanismo mantiene un servicio de blog en
internet denominado "Desarrollo del Sector Privado (Private Sector Development -
PSD) -un enfoque de mercado para pensar el desarrollo", que promueve su
ideología pro-mercado y pro-empresarial.(3)
Una mirada más de cerca a las operaciones de la CFI muestra que gran parte del
apoyo que brinda está destinado a grandes empresas bien financiadas, y no a
empresas locales de pequeño porte. A través de la CFI, las grandes compañías
obtienen acceso a enormes contratos gubernamentales para proyectos de
infraestructura y prestación de servicios y otras oportunidades de inversión
relativamente libres de riesgo. Las comunidades locales, por otra parte, tienen
poca posibilidad de intervenir y decidir, y ningún beneficio en estas
inversiones, ya que las salvaguardas sociales y ambientales son invalidadas cada
vez más a menudo, en aras de las exigencias de lucro de las empresas.
El OMGI les presta algunos de los servicios más importantes a las empresas
privadas, mitigando los riesgos políticos de la inversión privada en los países
de alto riesgo, bajos ingresos y que están afectados por conflictos. El fuerte
del OMGI es el riesgo político y el riesgo soberano, que incluye las acciones
gubernamentales que puedan amenazar las ganancias de las empresas. Las garantías
que ofrece el OMGI contra el riesgo protegen la inversión privada de las
empresas contra las pérdidas que pudieran resultar de una expropiación de
activos o el incumplimiento de contratos, o en casos de guerra y revueltas
civiles, inclusive insurrecciones, golpes de Estado, revoluciones, sabotajes y
terrorismo. Este organismo se enorgullece de ser líder de la industria de
seguros de riesgo político, y colabora con aseguradores privados y públicos para
"alentar a los aseguradores del sector privado a que establezcan transacciones
que de otra forma no hubieran asumido".(4) Los beneficiarios del OMGI son
generalmente empresas transnacionales que operan en sectores tales como el agua,
la energía, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, los automotores, el
agronegocio y el turismo de lujo.
El OMGI también brinda servicios de "mediación de diferencias", tarea en la cual
complementa al CIADI, que oficia como un tribunal privado, casi secreto para
resolver las controversias entre Estados e inversionistas privados. El CIADI fue
recientemente foco de atención pública debido a la demanda que entablaron las
empresas Bechtel y Aguas del Tunari contra Bolivia, por la rescisión del
contrato de privatización del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba. Una
campaña internacional multitudinaria y bien coordinada contra Bechtel obligó a
la empresa a aceptar un arreglo por 30 centésimos. Pero el caso llamó la
atención de la opinión pública mundial sobre el sistema de cortes comerciales a
puertas cerradas que administra el Banco, y que mayoritariamente apuntan a
proteger los derechos de los inversionistas privados o empresariales en sectores
cruciales para el interés público como el agua, la electricidad, las
telecomunicaciones, el petróleo, el gas natural y la minería.
Apoyo a las corporaciones disfrazado de "desarrollo"
Menos llamativas, aunque más insidiosas y penetrantes son las prescripciones
políticas pro-empresariales que acompañan el financiamiento del Banco a los
llamados proyectos y programas de "desarrollo", a través del BIRF y la
Asociación Internacional de Fomento (AIF). Especialmente notorios son los
paquetes de reforma económica que buscan instalar gobiernos pequeños, eficientes
y amigables con las empresas para que establezcan economías capitalistas
favorables a las empresas. Estas reformas, conocidas primero como Programas de
Ajuste Estructural (PAE) y luego redefinidas como "estrategias de reducción de
la pobreza", están diseñadas para abrirle a la inversión extranjera los mercados
y economías de los países receptores de préstamos, a través de la liberalización
del comercio y las inversiones, y la privatización de las empresas de servicios
públicos, las empresas estatales de comercialización y demás empresas estatales,
y la desregulación financiera. Las reformas también exigen la eliminación de los
subsidios cruzados para los pobres y las protecciones para los trabajadores y
los productores y empresas nacionales, y el drástico recorte de los programas
sociales financiados por el Estado -incluidos los de salud, educación, agua
potable y saneamiento.
Aunque el objetivo declarado de su "financiamiento para el desarrollo" es
aliviar la pobreza, aumentar el empleo, y elevar los niveles de vida estimulando
un rápido crecimiento económico, los proyectos y programas del Banco en realidad
benefician mucho más a las empresas privadas, los contratistas y las firmas de
consultores, antes que a los pobres. El impulso del Banco a la liberalización
del comercio, conjuntamente con la eliminación de los apoyos destinados a los
productores y las empresas nacionales, les permiten a las empresas extranjeras
el acceso irrestricto a los mercados de los países en desarrollo en sectores
cruciales como la agricultura, los servicios y la industria. Con su insistencia
en que los países prestatarios rebajen sus reglamentaciones en materia laboral y
ambiental y establezcan sistemas impositivos y regímenes de propiedad favorables
a las empresas, el Banco virtualmente les asegura a los inversionistas privados
un pasaje gratis, a costa de las comunidades locales, los trabajadores y el
medioambiente.
La creencia casi religiosa del Banco en la mercantilización y la privatización
ha sido sumamente funcional a los intereses de las empresas. Independientemente
del tema o sector del que se trate (agua, electricidad, comercialización
agrícola, salud, educación, etc.), el Banco exige el retroceso del Estado y el
avance del mercado. La privatización incluye una serie de medidas: desde la
desagrupación (o desglose) de las operaciones de la empresa pública y la
tercerización de estas operaciones desglosadas, a la venta final de la empresa
pública, sea en forma total o parcial. El paquete incluye contratos de
"asistencia técnica" prestada por privados y adquisición de bienes y servicios
secundarios. Aunque el Banco insiste en que la compra y la contratación son
responsabilidades de la agencia de implementación (5) (habitualmente un
departamento gubernamental), los activos privatizados y los contratos de
construcción, consultoría y adquisición, son, en general, entregados a empresas,
contratistas y firmas de consultoría de gran tamaño que conocen bien las normas
del Banco en materia de licitaciones y contratación pública o compras del
Estado.
La simbiosis entre el Banco y las empresas puede verse claramente en las
industrias de la biotecnología y de los agroquímicos. Las políticas agrícolas
del Banco prácticamente han sido redactadas por empresas como Monsanto, Aventis,
Novartis y Dow. Incluso aunque el Banco haya ampliado su discurso sobre la
sustentabilidad ambiental en la década de 1990, en los hechos sus proyectos
siguen promoviendo un mayor acceso de los productores agrícolas a los
agroquímicos y a las semillas transgénicas. En ese período, el Banco también
emprendió asociaciones empresariales con casi todas las empresas principales de
plaguicidas y de biotecnología, a través de un programa de intercambio de
personal en el que participaron 189 empresas, gobiernos, universidades y
agencias internacionales. Un analista de mercadeo de Aventis (ahora Bayer
CropScience) pasó casi cuatro años en el BIRF elaborando la posición de ese
organismo sobre biotecnología agrícola y estrategias de promoción financiera a
través de la CFI. El máximo responsable de relaciones públicas de Novartis
(ahora Syngenta) pasó un año trabajando en estrategias de extensión para la
unidad de desarrollo rural del Banco. Los funcionarios del Banco colocados en
Novartis y Rhone Poulenc Agro (ahora parte de Bayer) a fines de la década de
1990, le brindaron a esas empresas asistencia en asuntos regulatorios en materia
de biotecnología y sobre asociaciones para el desarrollo rural. El Banco adaptó
entonces sus estrategias agrícolas para adecuarse a las necesidades de las
compañías líderes en biotecnología y agroquímicos, las cuales, por su parte,
ganaron acceso a la elaboración de políticas públicas en los países en
desarrollo a través del auspicio del Banco.(6)
El pensamiento pro-empresarial está profundamente arraigado en el Banco. Muchos
de los presidentes del Banco y gran parte de su personal de dirección provienen
del sector empresarial, y las "soluciones de mercado" constituyen un elemento
predominante de las estrategias del Banco para abordar virtualmente cualquier
problema, desde la deforestación, al calentamiento global o la escasez de agua o
alimentos. La visión del desarrollo que predomina en el Banco es una visión
capitalista en la cual el papel del gobierno es crear un ambiente propicio para
que florezca el sector (empresarial) privado y para que el mercado solucione los
temas cruciales del acceso y la distribución. En los proyectos de las grandes
usinas hidroeléctricas, por ejemplo, el Banco brinda habitualmente asistencia a
los gobiernos receptores y a los contratistas privados en la preparación y
movilización de las finanzas del proyecto: contrata firmas de consultoría
privadas para que trabajen en conjunto con los departamentos gubernamentales en
el diseño y mecanismos de implementación del proyecto, moviliza la financiación
del proyecto (a través de la CFI) y asegura los préstamos (a través del OMGI u
otras instituciones asociadas aseguradoras de riesgo). Los costos de la
mitigación de los impactos ambientales y sociales quedan a cargo del gobierno y
la sociedad, y los términos del financiamiento y las garantías del proyecto
generalmente favorecen a las compañías privadas, más que al interés general más
amplio.
El Banco está orgulloso de su apoyo a las grandes empresas y a los
inversionistas privados, como puede apreciarse en el sitio web del OMGI:
"Nuestra presencia en un proyecto de inversión literalmente puede transformar un
‘no hay caso' en ‘manos a la obra'. Actuamos como un elemento de disuasión
potente contra las acciones de los gobiernos que pudieran afectar negativamente
las inversiones. E incluso si surgen controversias, nuestra influencia en los
gobiernos receptores frecuentemente nos permite solucionar las diferencias
dejando conformes a todas las partes".(7)
Desde hace varias décadas, el Banco usa el desarrollo y la reducción de la
pobreza como cortinas de humo para fomentar los intereses de las grandes
empresas. Ha utilizado su posición como acreedor preferencial y coordinador de
la asistencia en los países en desarrollo para crear oportunidades de negocios
para que las empresas, los contratistas y los consultores privados puedan lucrar
con las crisis y las necesidades estructurales de los países en desarrollo.
Evidentemente, para desmantelar el poder de las empresas sobre los bienes
públicos, los servicios y los bienes comunes será necesario desmantelar también
al Banco Mundial.
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Notas
1. El Banco está conformado por cinco instituciones que colectivamente forman el
Grupo del Banco Mundial: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera
Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Es posible acceder a información sobre las 5 instituciones en el sitio web del
Banco Mundial www.worldbank.org
2. El G-7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia,
Italia, Alemania y Japón.
3. http://psdblog.worldbank.org/
4. http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069
5 . Aquí
6. The World Bank and the "Next Green Revolution": Devastating IMF/World Bank
sponsored environmental projects in the name of progress. Brian Tokar. Green
Tide. Z Revista en línea, abril 2004, Volúmen 17, Número 4.
7. http://www.miga.org/sitelevel2/level2.cfm?id=1069
Shalmali Guttal es directora asociada de Focus on the Global South
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