Poco tiempo después de los ataques del 11S, el Consejo Estadounidense de
Miembros y Graduados (ACTA), de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente
norteamericano, publicó un informe espeluznante titulado Defendamos la
civilización: Cómo nuestras universidades están fallando a Estados Unidos y qué
podemos hacer al respecto. Los autores del documento se quejan de que "el ámbito
universitario es el único sector de la sociedad estadounidense que está
claramente dividido en su respuesta a los ataque sufridos por EU". Suele
etiquetar a las universidades sospechosas como "eslabón débil en la respuesta
norteamericana".
El director de inteligencia de la revista Executive Intelligence Review,
Jeffrey Steinberg dice que, entre otras medidas que se dispararon después de
David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular
proporcionó los fondos a un antiguo alumno de la Universidad de California en
Los Angeles (UCLA), de 24 años, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de
Graduados Bruin, grupo globalista que ofrecía pagar a los alumnos para que
grabaran las clases de los profesores sospechosos de ser izquierdistas. Como
consecuencia de sus "investigaciones", Jones publicó un folleto titulado Dirty
Thirty («Los treinta abominables»), en el que denunció a otros tantos profesores
a los que se hizo blanco de ataques por sus inclinaciones izquierdistas. Hay una
lista en circulación que se refiere a 28 de los 30 anunciados. Dos "están por
anunciarse". Entre los primeros se encuentran Doglas Kellner, Gabrielle
Piterberg, Robert Watson, Sondra Hale, Saree Makdisi y otros.
En cuanto el entramado de las denuncias fue hecho público, Horowitz despidió
a Jones, aunque en febrero de 2005 el dirigente del Centro para el Estudio de la
Cultura Popular presentó su libro The professors: the 101 Most Dangerous
Academics in America. cuya publicidad recibida lo decía todo: Pronto en tu
universidad más cercana habrá terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces
como los profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción sino
la legión. Lejos de de ser inofensivos escupen un antinorteamericanismo
violento, predican el antisemitismo y celebran el asesinato de soldados y
civiles norteamericanos; todo mientras cobran dólares de los impuestos y las
colegiaturas para que nuestros hijos sean inductrinados.
Para septiembre de 2005, la campaña de terror sembrada por Lynne Cheney y
David Horowitz había creado ya las condiciones para que el FBI entrara
directamente a los claustros universitarios. El 15 de septiembre el director del
buró Robert S. Mueller anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad
Nacional en la Educación Superior, que será el enlace para la colaboración de
los cuerpos docentes universitarios con el FBI. Su objetivo es combatir el
espionaje y la subversión en las universidades. En ese engranaje de vigilancia
el papel de la junta consiste en controlar el destino de los millones de dólares
que las universidades reciben de sus benefactores para labores de investigación
y desarrollo de la técnica.
La obsesión por el terror
Aaron Yule, miembro de la redacción de « EIR» en español agrega que la
política del gobierno de Bush ha sido el combate al terror, no sólo en el
exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se está
utilizando la propaganda más aterradora para mantener a la población
estadounidense en un estado de incertidumbre total y de miedo para hablar de las
medidas de Bush.
No obstante los esfuerzos por atemorizar a los ciudadanos y los menores de
edad mediante la difusión masiva de mensajes alarmantes y generadores de
paranoia, no han podido evitar la resistencia de muchos jóvenes al clima de
demencia que intenta implantar el gobierno bushista.
Ha sido el entusiasmo de los jóvenes en edad universitaria por poner punto
final a la locura desenfrenada del gobierno federal lo que está haciendo que
renazca el optimismo ante la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a
significar un cambio absoluto si llega al poder en las próximas elecciones
federales de 2008.
¿Una educación para el imperio?
El primer intento de legislar sobre la implantación del miedo data de
principios de 2003 cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la Ley de
Educación superior de 1965, que proporciona financiamiento a los programas
universitarios del país.
La ley ha sido muy importante para reglamentar el funcionamiento de las
escuelas, pero en septiembre de ese año se sometió el Proyecto de Ley HR 3077
(Ley de estudios internacionales en la Educación superior) ante la la
Subcomisión sobre Educación y fuerza Laboral para reformar el Título VI. La
resolución fue presentada por el representante republicano Pete Hoekstra, aunque
no fue él el autor de su contenido. La autoría del documento es atribuida a
Stanley Kutz, del Instituto Hoover. Uno de los cambios propuestos por Kurtz, con
el propósito de detener la discriminación política, fue el de que el Congreso
"cree una junta de supervisión a cargo del Título VI y que determine quién
recibe su financiamiento". Dicha junta se conoció en la resolución 3077 de
Hoekstra con el nombre de Junta Consultiva de Educación Internacional. cuando a
Stanley le preguntaron si había sido influido por Hoekstra, respondió:
Sí creo que algunos de sus comentarios son válidos. No creo que estos
estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor
de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no de que se les
meta en un aula para que los indocrinen en una ideología política.
La resolución fue aprobada por la cámara de Representantes el 21 de octubre
de 2003. David Brodsky, escritor y asesor que tiene varios posgrados en la
Universidad de Yale bautizó la Resolución 3077 como la ley de educación para el
imperio. Y merced a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la
rechazó a fines de 2003 en espera de pasar a una subcomisión. Mientras tanto,
Horowitz y otros neocons se organizan para legitimar los comités de vigilancia.
Pittsburg.com informó en febrero de 2005 cuál es el objetivo de este grupo:
La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la
tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz,
presidente del Centro para el Estudios de la Cultura Popular, es su padre
fundador.
Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que
profesores de mentalidad afín cometan actos intolerables de coerción intelectual
contra quienes no aceptan su ortodoxia extremista.
La Asociación Estadounidense de Profesores
Universitarios declaró, desde el
inicio de su actividad en 1915 que la facultad debía evitar aprovecharse
injustamente de la inmadures de los estudiantes para indoctrinarlo con las
opiniones personales de los maestros.
Sí, los profesores alguna vez tuvieron esta ética.
El TLC hará proliferar el nuevo macartismo
Esta Carta de los Derechos Académicos es una verdadera declaración de guerra
contra la Constitución. También es un atentado a las leyes fundamentales de los
estados signatarios del TLC, Canadá, Estados Unidos y México el programa
globalizador que se prondrá en marcha en los tres países, al parecer sin
oposición, como consecuencia de la persuasión llevada a cabo por organismos
integrados por globalistas a sueldo. Ellos son el Consejo de Relaciones
Exteriores (FRC) de Estados Unidos; el Consejo Canadiense de Altos Ejecutivos (CCAE)
y el socio mexicano del FRC: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sus
propósitos están enmarcados en el documento titulado La construcción de una
comunidad en América del Norte.
Su objetivo es nada menos que establecer un gobierno supranacional de
intereses privados en la región para el 2010, cuyos confines quedarán definidos.
como lo ha afirmado el grupo especial, su recomendación medular es el
establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de América del Norte,
cuyos confines quedarán definidos por un perímetro común arancelario y de
seguridad exteriores.
El grupo especial lo copresiden El banquero
estadounidense Bill Weld; Pedro
Aspe, representante mexicano del nefasto Carlos Salinas de Gortari, educado en
Harvard; y el canadiense John P, Manley, ex alto funcionario del gobierno que
encabezó la Comisión de Seguridad Pública tras los ataques del 11S.
Es de esperar que la política de seguridad común anunciada por estos perros
guardianes de la globalización americana apunte asimismo hacia las universidades
del área continental. Por lo pronto, los privatizadores mexicanos han aplaudido
los primeros pasos en favor de que la educación pública desaparezca dejando de
recibir fondos gubernamentales. El desastre de los centros de cultura ocurrirá a
menos que la inminente administración demócrata cambie el rumbo.
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(*) Doctor en filosofia por la Universidad de los
Pueblos de las Américas. Periodista